Miguel Zoletto Cabrera
Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 30/05/2023
Partes del expediente
- Miguel Zoletto Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado auto por el que se declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado auto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder la protección constitucional; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia, el cual establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Y 17 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó otorgar la protección constitucional y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, devuélvase al Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de éste. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga vista. Agréguese a los autos el escrito de *** por el que realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se tomarán en consideración en la parte conducente del presente proveído. Se declara cumplida la sentencia. Visto el estado actual que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede de la que se advierte que únicamente la parte quejosa desahogó la vista concedida en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, en ese sentido este juzgado procede a proveer sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Mediante sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los efectos siguientes. *** Dicha sentencia fue recurrida mediante recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables, del cual correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo radicó bajo el número de expediente *** el cual fue desechado por extemporáneo. Ejecutoria Posteriormente, en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Tribunal de Alzada, informando que citado desechamiento quedó firme. Así las cosas, en el mismo auto se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cumplimiento Ahora bien, en el presente juicio se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Cabildo del Municipio de Atlixco, Puebla, dejara insubsistente el Punto Séptimo del Acta de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria de uno de diciembre de dos mil veintiuno, solamente por lo que hace al quejoso *** por el cual ordenó la cancelación o suspensión de la pensión otorgada al justiciable en sesión de nueve de octubre de dos mil veintiuno. Mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio *** de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós del que se advierte que en atención al acta Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, celebrada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente el Punto Séptimo del Acta de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria de uno de diciembre de dos mil veintiuno, solamente por lo que hace al quejoso *** por lo que se dio vista a las partes con el cumplimiento. Sin embargo, en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se determinó que aún no se encontraba totalmente cumplida la ejecutoria de amparo, pues aún no se acreditaba el pago de la pensión del justiciable, lo cual constituía una consecuencia directa de la sentencia amparadora. Posteriormente, en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acta veintisiete de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que entregó a *** el cheque *** de la cuenta *** expedido por la *** de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por la cantidad de *** por lo que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento. Así, en auto de catorce de noviembre de la citada anualidad, se determinó que aún no se encontraba totalmente cumplida la ejecutoria de amparo, pues existía discrepancia entre las partes, respecto de la cantidad total por concepto de adeudos de pensiones no pagadas. Incidente de liquidación de sentencia. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del desglose respecto del pago realizado al quejoso, por concepto de pensiones no pagadas. Por lo anterior, se aperturó el incidente de liquidación de sentencia, pues existía una discrepancia entre las partes respecto del pago que se debía realizar al quejoso. A fin de substanciar dicho incidente, se ordenó de forma oficiosa el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad, de la cual se emitieron los dictámenes de la perita oficial designada por este Juzgado, así como el de la autoridad responsable y parte quejosa. Así las cosas, mediante audiencia incidental de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se resolvió que el incidente de liquidación de sentencia era procedente, y se reguló la planilla de liquidación, en los términos siguientes: *** Dicha sentencia interlocutoria quedó firme mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, y se requirió a las autoridades responsables acreditaran el pago correspondiente. Lo cual se informó en auto de once de abril de dos mil veintitrés, pues la autoridad responsable remitió copia certificada del acta cuatro de abril del año en curso, de la que se desprende que le fue entregado a *** el cheque *** de la cuenta *** expedido por la *** de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por la cantidad de *** así como el desglose de dicho pago, por lo que, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento. Asimismo, se pone de relieve que en la citada sentencia interlocutoria de liquidación se ordenó la devolución de la cantidad de *** que fue asentada en el desglose que remitió la autoridad responsable, del que se advierte que a dicho monto se restó la retención del impuesto sobre la renta. En ese sentido, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida por que las autoridades responsables dejaron insubsistente el Punto Séptimo del Acta de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria de uno de diciembre de dos mil veintiuno, solamente por lo que hace al quejoso *** por el cual ordenó la cancelación o suspensión de la pensión otorgada al justiciable en sesión de nueve de octubre de dos mil veintiuno y acreditaron la materialización del pago de *** por concepto de pensiones no pagadas, menos las obligaciones tributarias que tuvo obligación de retener. Respuesta a manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, el quejoso *** manifiesta que la ejecutoria de amparo aún no se encuentra totalmente cumplida, ya que el desglose de las cantidades pagadas no son correctas. Por lo que, a fin de atender las manifestaciones de la parte quejosa, se estima oportuno recordar que en la sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia se ordenó que las autoridades responsables pagaran al quejoso *** la cantidad de *** cantidad a la que se debía descontar *** que ya había recibido previamente, resultando pendiente la suma de *** por concepto de pensiones no pagadas; menos las obligaciones tributarias que debiera retener. Así las cosas, las autoridades responsables al remitir el desglose del monto que pagó al quejoso, se advierte que restó a la cantidad de *** el pago del impuesto sobre la renta, tal y como se advierte de la siguiente reproducción gráfica: *** De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable tomó como cantidad de pago, la que se estableció en la sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia y a ésta le restó la cantidad que determinó le corresponde enterar a las autoridades fiscales por concepto de impuesto sobre la renta, la cual no es susceptible de ser analizada en el presente asunto. En efecto, corresponde al empleador realizar las deducciones que, por concepto de obligaciones tributarias, deban retenerse, toda vez que tales cuestiones no son susceptibles de analizarse en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía y en lo conducente, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que señala lo siguiente: "RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR SU CUANTIFICACIÓN Y OBTENER SU DEVOLUCIÓN EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. *** Además, como se precisó, en este asunto no se tiene la facultad legal para determinar si el monto del impuesto retenido es correcto, pues ello es competencia original de la autoridad fiscal federal. Aunado a que el amparo y sus recursos no son la vía idónea para cuestionar y obtener el monto de la retención, porque para ello existe la solicitud de pago de lo indebido ante la autoridad correspondiente. Por lo que, en caso que el quejoso esté inconforme con la cantidad que se desglosó por concepto de impuesto sobre la renta, y requiera la devolución de dicha contribución, en su caso, deberá acudir ante las autoridades fiscales competentes. Conclusión. Por tanto, como se anticipó se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; entonces, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. *** Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de abril de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, por el que manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto remite copia certificada del acta de perfeccionamiento de entrega de cheque *** al quejoso *** por lo que se provee: *** Asimismo, se da vista con la totalidad de las documentales presentadas por las autoridades responsables, relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siendo las siguientes: Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, celebrada el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Oficio *** de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Acta de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, relativa al perfeccionamiento de entrega de cheque *** al quejoso ***. Con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación de la persona juzgadora de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a la parte quejosa. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de marzo de dos mil veintitrés. Sentencia interlocutoria causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja en contra de la sentencia dictada en el incidente de liquidación de sentencia, en la que se declaró procedente el citado incidente para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en favor del quejoso ***. Por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia interlocutoria de mérito HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se requiere a las autoridades responsables para que, en el plazo de quince días, den cumplimiento a la sentencia interlocutoria, es decir, paguen al quejoso, *** la cantidad de *** por concepto de pensiones no pagadas; menos las obligaciones tributarias que deba retener. En la inteligencia de que deberán acreditar el cabal cumplimiento. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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