Miguel Xochiquiquisqui Tlehuactle y Otros.

Expediente 994/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 15 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
994/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
15/06/2015

Partes del expediente

  • Miguel Xochiquiquisqui Tlehuactle y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por Miguel Xochiquiquisqui Tlehuactle, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Zongolica, Veracruz y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese con el número 994/2015 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercen jurisdicción en el municipio de Zongolica, Veracruz. HECHOS En el caso, el acto reclamado por el promovente consiste en la determinación de consignación de doce de junio de dos mil seis, en la investigación ministerial ZONG/113/2005, del índice de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Asuntos Indígenas, con sede en Zongolica, Veracruz. Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que se dictó auto de formal prisión en contra de la parte quejosa, el veintiuno de septiembre de dos mil catorce, en los autos de la causa penal 45/2006, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, residente en Zongolica, Veracruz. De igual forma, el quejoso indica que se encuentra privado de su libertad. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en el municipio de Zongolica, Veracruz, debido a que los efectos del auto de formal prisión se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el promovente haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues lo que determina la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de la parte quejosa sino el lugar en donde se acredite que tendrá ejecución, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, en Turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 160608 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Página: 2183 COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen autorizados de la parte quejosa a las personas que nombra en los términos que indica, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo,. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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