Miguel Villarreal Díaz

Expediente 764/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
764/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Villarreal Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve .. contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 764/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Consideraciones en torno a los menores de edad. Dado que se involucran derechos de un menor de edad en el presente asunto, se reserva la información de este, en cuanto a su nombre o características, en acatamiento al numeral 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Por ello, el nombre del menor de edad será sustituido por siglas cada vez que se requiera señalarlo, por constituir información que puede conducir a revelar su identidad y con ello trasgredir las citadas reglas. Lo anterior, también en cumplimiento al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto concreto del que se duele la parte quejosa es la determinación dictada en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, relativa a la medida de guarda y custodia, dentro del expediente 696/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Acuña. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. La causal invocada recoge el principio de definitividad, que constituye una de las reglas fundamentales del juicio de amparo, consistente en la obligación de agotar, siempre que no se esté en alguno de los casos de excepción, los recursos o medios ordinarios de defensa que prevé la ley del acto con el objeto de modificar, revocar o anular la resolución reclamada, previo a acudir a esta vía constitucional. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: i) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, por medio del cual, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; iii) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y iv) No se actualice una de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el propio precepto, como es el caso de los terceros extraños a juicio; cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea o cuando el recurso o medio de defensa se preste a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, incluso en aquellos casos que los actos reprochados sean de imposible reparación y esté involucrado un menor de edad. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias 11/2018 y 113/2013, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala del Alto Tribunal, respectivamente. En el caso, se estiman satisfechos todos los requisitos descritos para la actualización de la causal de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado proviene de una autoridad judicial y la legislación que rige el acto reclamado, como es el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el capítulo tercero, correspondiente a las medidas preparatorias, cautelares y provisionales, sus artículos 54, 61 y 63 establecen la forma de decretar tales medidas, entre ellas, la de custodia. Asimismo, el último precepto mencionado dispone de forma clara que contra éstas, ya sea que las concedan o las nieguen, en su contra procede el recurso de apelación. Bajo esa premisa, es claro que contra el acto aquí reclamado consistente en la determinación dictada en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, relativa a la medida de guarda y custodia, dentro del expediente 696/2021, procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado, mismo que debió agotar la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo. Además, el solicitante de amparo no es tercero extraño al juicio de origen, pues es parte en el mismo. Por tanto, no se configura algún motivo de excepción para que no estuviera obligado agotar el principio de definitividad. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. En virtud de que el promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. No obstante lo anterior, se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico .., para comunicación no procesales. De igual forma, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Yeoshua Hernández Hernández, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5.1 Correo electrónico y número de teléfono. Se tiene al autorizado de la parte quejosa proporcionando el correo electrónico .... 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone ue los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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