Miguel Villacorta González

Expediente 953/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 26 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
953/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Villacorta González
  • Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
  • Rafael Ledesma Ruan
  • Aurelio Bonifacio Toscano Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Como de autos se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra de la sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por el que se negó amparo en el presente juicio, sin que lo haya hecho, se declara firme. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía. Valoración de expediente. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás que se consideren necesarias. Igualmente, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción y numeral mencionados, el original del incidente de suspensión será depurable en el mismo plazo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula del expediente.

  2. Incidental

    Como se advierte de autos, la parte quejosa no acreditó haber cumplido con el requisito de efectividad consistente en otorgar la garantía por la cantidad de $108, 741.14 (ciento ocho mil setecientos cuarenta y un pesos 14/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en resolución de quince de octubre de dos mil veinte y notificado el veintitrés del mismo mes y año; de ahí que con fundamento en el artículo 136 de la ley de la materia se hace efectivo el apercibimiento decretado en la citada resolución y deja de surtir efectos la medida cautelar concedida. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Téngase por recibido el escrito de Rafael Pelayo Ibarra, endosatario en procuración del tercero interesado Rafael Ledesma Ruan (carácter reconocido en auto diecinueve de octubre de dos mil veinte), visto su contenido, dígase que deberá estarse a lo ordenado en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de una autoridad residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: La resolución de once de marzo de dos mil veinte dictada en el juicio mercantil ejecutivo 866/2012, mediante la cual se consideró infundado el recurso de revocación interpuesto por el hoy quejoso contra el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, este último, en el que se ordenó girar oficio al Notario Público Número 28 de Zapopan, Jalisco, para que escriturara en favor del actor, hoy tercero interesado Rafael Ledesma Ruan, el 33% (treinta y tres por ciento) de diverso predio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias enviadas por la responsable, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, es inoperante la causa de improcedencia invocada por el tercero interesado Rafael Ledesma Ruan, establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, relativa a que el juicio constitucional es inviable cuando el acto reclamado se consiente de manera tácita. Tal afirmación se hace porque el citado parte de la premisa errónea de que, en relación con el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual la responsable ordenó girar oficio al Notario Público Número 28 de Zapopan, Jalisco, para que escriturara en su favor el 33% (treinta y tres por ciento) de diverso predio, el hoy quejoso debió interponer el recurso de apelación, no el de revocación, como lo hizo. Sin embargo, como se precisó en el considerando anterior, el acto tildado de inconstitucional es la resolución de once de marzo de dos mil veinte dictada en el juicio mercantil ejecutivo 866/2012; por tanto, si el ocursante considera que el reclamado en este juicio se consintió tácitamente, es respecto de éste y no de otro, sobre el cual se debe pronunciar, en concreto, si el procedimiento de amparo se presentó en el término legal que para tal efecto disponen los numerales 17 y 18 de la ley de la materia. Aunado a ello, se aprecia del escrito presentado por dicho tercero, que continúa exponiendo razonamientos lógico-jurídicos tendentes disuadir el equívoco actuar del hoy quejoso en el juicio natural en relación con el medio de impugnación que interpuso contra el citado auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, mas no, como se dijo, lo que evidencie que este juicio se promovió de manera extemporánea y, por ello, es que se tiene como inoperante la invocación que hace al respecto. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 108/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, registro 2001825) Así, no se advierte, de oficio, otra causa de improcedencia que analizar, ni las partes invocaron diversa que estudiar. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Con el fin de lograr un mejor entendimiento de lo que ahora se va a analizar, conviene hacer una breve relación de lo acontecido en el juicio del cual emana el acto reclamado, lo cual se aprecia del diverso juicio de amparo 2654/2019, del registro de este órgano jurisdiccional, y que resulta un hecho notorio para quien hoy resuelve, a saber: El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la etapa de ejecución del juicio mercantil ejecutivo 866/2012, se aprobó el remate y ordenó la adjudicación definitiva en favor del actor, hoy tercero interesado, Rafael Ledesma Ruán, respecto del 33% (treinta y tres por ciento) del predio rustico denominado Las Cuevas, también conocido como Huichichil, ubicado en el municipio de Mazamitla, Jalisco, con folio real 5544621; El catorce de junio dos mil diecinueve, entre otras determinaciones, se reconoció al aquí quejoso como acreedor en primer lugar y grado respecto del 100% (cien por ciento) que le corresponde al demandado, hoy tercero interesado, Aurelio Bonifacio Toscano Hernández, de la fracción del predio antedicho. El dos de agosto de dos mil veinte, se declaró el estado la resolución de veinticuatro de abril anterior y se previno al demandado para que en el plazo de tres días, otorgara en favor del adjudicatario la escritura de venta relativa al predio mencionado, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría en su rebeldía. El tres de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento de mérito y se ordenó girar oficio al Notario Público Número 28 de Zapopan, Jalisco con la finalidad mencionada. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, derivado de la inconformidad del hoy quejoso con el acuerdo antedicho, se resolvió el recurso de revocación que contra el mismo interpuso, determinándose que no procedía la rebeldía de la cual se habla sino hasta en que el actor, hoy tercero interesado Rafael Ledesma Ruan, pagara en su favor el crédito que el demandado le adeudaba. El doce de febrero de dos mil veinte, derivado de la inconformidad del señalado tercero interesado, se concedió el amparo en el juicio 2654/2019, de este órgano jurisdiccional, para el efecto de que la responsable analizara de manera exhaustiva las manifestaciones que aquel promovente hizo en relación con el recurso de revocación interpuesto por el hoy quejoso. El once de marzo de dos mil veinte, el Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional, consideró infundado el recurso de revocación del cual se habla, toda vez que, sostuvo, contra el auto reprochado de tres de septiembre de dos mil diecinueve procedía el de apelación, no el mencionado. Acto que es hoy el reclamado. En relación con el último punto de la síntesis, la responsable dictó el acto reprochado bajo la base de que si bien el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establece que cuando los bienes estén sujetos a diversos embargos cualquier embargante puede someterlos a remate, y que éstos solo recibirán el importe de su crédito después de liquidar a los acreedores preferentes una vez dictada sentencia definitiva y definidos los créditos, lo cierto es que tal razonamiento se debió plantear mediante la interposición del recurso de apelación, no del de revocación. Lo anterior, sostuvo, porque en atención a lo previsto en los arábigos 1340, 1341 y 1345, fracción IX, todos del Código de Comercio, los autos son apelables cuando: el monto del negocio no sea inferior a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis mil pesos 89/100); causan un gravamen imposible de repararse en sentencia definitiva o si expresamente la norma lo dispone; y, se pronuncien en la ejecución del juicio. Todo lo cual se actualiza en el caso. En ese orden, que el recurso de alzada lo pudo haber instado contra el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, a través del cual se aprobó definitivamente la adjudicación porcentual del inmueble o contra el diverso de dos de agosto siguiente, mediante el que se declaró ejecutoriada la resolución que aprobó en definitiva el procedimiento de ejecución, concretamente, la adjudicación del bien, proveídos que consintió tácitamente por no impugnarlos, lo que se traduce en que el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve emanó de tales actos consentidos. Asimismo, porque contrario a lo manifestado por el recurrente, hoy quejoso, el actor, aquí tercero interesado, Rafael Ledesma Ruan, no se obligó a exhibir ante el juzgado de origen el importe de $2´356,382.38 (dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 38/100), que como postura legal ofreció en la celebración de la audiencia de remate, aunado a que estaba exento de consignar el depósito a que se refiere el contenido del numeral 485 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser el actor y el ejecutor del procedimiento, así como por existir cantidades líquidas bastantes en su favor. Finalmente, ya que los agravios expuestos contra el acto recurrido (tres de septiembre de dos mil diecinueve) se hicieron para evidenciar la ilegalidad de los dictados el veinticuatro de abril y el dos de agosto de dos mil diecinueve. Ahora, en los conceptos de violación, el quejoso, en esencia, sostiene por una parte que contra los acuerdos recién señalados, así como el aquí reclamado, no procede el recurso de apelación y, por otra, que aquéllos no terminan la etapa de ejecución del juicio mercantil ejecutivo, requisito indispensable, también, para hacer válido dicho medio de impugnación, porque después de la escrituración deberá ponerse en posesión material y jurídica del bien rematado al adjudicatario y, por ende, es esta acción la cual concluye dicha fase, argumento que fundó en el criterio 13/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sic). El segundo de los reproches es inoperante, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, determinó que la última resolución en el procedimiento de remate es, de manera indistinta, la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, cualquiera de las circunstancias antedichas que acontezca primero, es la cual finaliza la fase de la que se habla. Por tanto, si en el caso, en el acto reclamado se ordenó girar oficio al Notario Público con el fin de que escriture en favor del hoy tercero interesado el porcentaje del inmueble ya mencionado, no obstante no se haya obligado a poner dicho bien en posesión de su adjudicatario, aquella determinación es la que culminó con el procedimiento de remate. La contradicción de tesis referida derivó en el criterio de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, registro 2011474) Así, al existir jurisprudencia aplicable al caso concreto, los conceptos de violación esgrimidos contra el acto del que se trata es innecesario y, por tanto, inoperantes. Es aplicable, por lo que informa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Abril de 1997, página 21, registro 198920) Aunado a que el criterio 13/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, y con el cual intenta apoyar sus expresiones, es incongruente con tales manifestaciones, pues en el mismo se concluyó que la Controversia Constitucional no es procedente contra la solicitud, aisladamente considerada, que presenta el Gobernador a la Legislatura para que se revoque el mandado de un presidente municipal, ello, en el Estado de México, como se observa a continuación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA SOLICITUD, AISLADAMENTE CONSIDERADA, QUE PRESENTA EL GOBERNADOR A LA LEGISLATURA PARA QUE SE REVOQUE EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL (ESTADO DE MÉXICO). Conforme al artículo 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la solicitud del gobernador da inicio a la instauración del procedimiento de revocación de mandato, en el cual, conforme a los artículos 42, 43, 46 y 47 de la Ley Orgánica Municipal y 123, 124 y 125 del reglamento citado, el interesado tendrá derecho a que se le notifique la instauración del procedimiento, y podrá expresar lo que a su derecho convenga, rendir pruebas, expresar alegatos y estar asistido por un defensor; por último, para poder considerar fundada la solicitud de revocación del mandato, la legislatura tendrá que aprobarla por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En esas condiciones, la solicitud constituye el inicio del procedimiento que tiene como finalidad decidir la revocación o no del mandato del presidente municipal por lo que, aisladamente y antes del dictado de la resolución, no puede ser impugnada.". En otro orden, son infundados los conceptos de violación que consideran improcedente el recurso de apelación contra el acto reclamado, por lo siguiente. Los artículos 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio vigentes al momento del dictado del acto impugnado, señalan lo siguiente: "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes.". "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.". "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone.". De la interpretación conjunta de los referidos dispositivos, se advierte que los autos y sentencias interlocutorias recaídos en un juicio mercantil, cuyo monto sea superior al previsto en el artículo 1339, pueden impugnarse a través del recurso de apelación; de igual forma serán apelables los autos que causen un gravamen que pudiera ocasionarle dicha determinación, ya que no sería reparable en otra actuación, o si la ley expresamente lo dispone. En el caso, como se precisó, el impetrante se duele del auto por el cual se ordenó la escrituración del 33% (treinta y tres por ciento) del predio rustico denominado Las Cuevas, también conocido como Huichichil, ubicado en el municipio de Mazamitla, Jalisco, con folio real 5544621; además, por lo expuesto por la responsable y el quejoso, la cuantía del negocio no es inferior a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis mil pesos 89/100), por lo que es inconcuso que en contra del acto reclamado procede el recurso de apelación, al cumplirse los dos presupuestos establecidos en los numerales referidos. En efecto, toda vez que el negocio del juicio mercantil de origen excede el monto establecido en el artículo 1339, a la fecha de dictado el acto reclamado, y el gravamen que pudiera ocasionarle aquél ya no sería reparable en otra actuación, tal como lo previene el artículo 1341 para la procedencia de la apelación; ello pues, éste constituye la última resolución del procedimiento de remate, al ordenarse la escrituración del inmueble rematado, en atención al criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que soslaye que el procedimiento de origen se encuentre en etapa de ejecución de sentencia, en tanto el artículo 1341 no distingue para efectos de procedencia de la apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, ya que la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, condicionado a que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el monto del asunto exceda el establecido en el artículo 1339, lo que en el caso aconteció. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, página 112, registro 194073) Sin que el peticionario se encuentre en el supuesto de excepción a dicho principio, en el sentido de que se le considere tercero extraño por equiparación, habida cuenta que el catorce de junio dos mil diecinueve, entre otras determinaciones, la responsable lo reconoció como acreedor en primer lugar y grado respecto del 100% (cien por ciento) que le corresponde al demandado, hoy tercero interesado, Aurelio Bonifacio Toscano Hernández, de la fracción del predio referido en párrafos que anteceden. Por tanto, al haberse incorporado a la relación procesal adquiere con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. Es aplicable la jurisprudencia 47/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, registro 2000293) De ahí que, como se adelantó, el recurso de apelación sí es el medio ordinario de defensa a través del cual debió combatir el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y, por tanto, es que su argumento es infundado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Villacorta González, contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamado del Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las determinaciones establecidas en el considerando último de esta sentencia. Notifi´quese personalmente.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Felipe de Jesús Aceves Pérez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa (carácter reconocido en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte); en atención a lo que solicita; con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Tramite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, bajo el nombre de usuario "marjm55".

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