Miguel Vargas Cruz

Expediente 815/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
815/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Miguel Vargas Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, el escrito signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo que promovió Miguel Vargas Cruz, contra actos del Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma, Sociedad de Responsabilidad Limitada, comercialmente denominada "Grúas Moctezuma", de lo que se toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, inciso j), del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE...MESA 5

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Vargas Cruz, por propio derecho, contra actos que reclama de la moral Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma, Sociedad de Responsabilidad Limitada, comercialmente denominada "Grúas Moctezuma". Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 815/2020-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Incompetencia. Ahora, el suscrito juzgador considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los juzgados de Distrito, por las razones que se exponen a continuación. En primer término, resulta conducente resaltar lo expuesto en el ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia..." LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se aprecia, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto que se promueve contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que los actos reclamados se ejecuten, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado, lo que implica facilitar al agraviado ocurrir al Juez de Distrito del lugar en que se ejecuten, traten de ejecutarse o se hayan ejecutado los actos. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El caso materia del juicio de amparo en que actúa, se ubica en la primera de las reglas anteriormente señaladas, pues el mueble fue asegurado en el domicilio que se ubica en "Francisco I. Madero S/N Km. 18 de la Carretera México Texcoco, de la Colonia Los Reyes La Paz, C.P. 56400 del Estado de México". En ese contexto, para determinar el lugar de ejecución del referido acto, debe tomarse en cuenta que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, o se hayan ejecutado los actos reclamados; dado que la ejecución a que se refiere el citado precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Por tanto, al reclamarse la orden de aseguramiento en contra del inmueble materia de la litis, el cual se ubica en la Colonia Los Reyes La Paz, Estado de México, este resolutoria carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues el acto reclamado fue ejecutado y se sigue ejecutando fuera del territorio dentro del cual ejerce jurisdicción el suscrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y apartado tercero, punto II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para conocer del presente asunto, quien ejerce jurisdicción en la Colonia de Los Reyes La Paz, lugar en que se ejecutó y se sigue ejecutando el acto combatido. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la tesis número I.2o.P.21 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 2498, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Por tanto, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse el expediente en que se actúa, así como las copias del escrito de demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, determine si acepta la competencia declinada a su favor y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Integración de Cuaderno de Antecedentes Con copia certificada de la papeleta, del escrito de demanda y su anexo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio del quejoso. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, téngase por autorizada a la persona mencionada en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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