Miguel Valle Soriano

Expediente 1637/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1637/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Valle Soriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 1637/2021-II, en un tomo, así como el testimonio de la ejecutoria de once de agosto de dos mil veintidós, emitida por el aludido Tribunal en el incidente de inejecución de sentencia 25/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: *** Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, glósense a los presentes autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes respectivo y, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado de Distrito, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 3 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese; y, personalmente.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual notifica el auto de diecisiete de junio del año en curso, dictado en el incidente de inejecución 25/2022. Asimismo, del auto citado se advierte que el Tribunal de Alzada radicó el incidente de inejecución de sentencia; lo cual, se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de quince días a que hace referencia el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de inconformidad, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. En atención a lo anterior y, tomando en consideración que obran en autos las constancias de notificación efectuadas a las partes, respecto del proveído antes precisado, en el que se declaró la imposibilidad parcial para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en virtud de que, la autoridad responsable mediante acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, a cargo de ********************, ********************; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, el presente expediente, para lo que tenga a bien determinar. En ese sentido, se ordena formar cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, a pesar de haber sido legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora, en la resolución dictada por este juzgado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel Valle Soriano, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que señaló las nueve horas del cinco de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Víctor Uriel García Torres, Guillermo Medina Gómez y Omar Naivay Ladera, dentro del juicio laboral 914/16, promovido por Miguel Valle Soriano y señale nuevo día y hora para que el desahogo de la prueba referida, ajustándose a los términos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro del término genérico de los diez días o, de ser el caso, previa fundamentación y motivación, dentro del plazo de excepción de treinta días, debiendo notificarlo a las partes y a los testigos de referencia de manera oportuna, tomando todas las medidas necesarias en materia de higiene derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, para que se lleve a cabo su desahogo las citadas audiencias. Desahogue las pruebas consistentes en los informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (ofrecidos por la parte actora y la demanda Capacitación, Servicios Avícola y Comerciales S.C.) y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, (ofrecido por la parte actora), o decrete la imposibilidad para hacerlo. La sentencia que antecede, causó ejecutoria el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por lo que en esa fecha se requirió su cumplimiento. Con motivo del citado requerimiento, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el seis, diecinueve y veintisiete de abril de dos mil veintidós, registrados bajo los folios 5724, 6263 y 6792, respectivamente, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, remitió copias certificadas de lo siguiente: Acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, por el cual tuvo por rendidos los informes de autoridad a cargo del Jefe del Departamento Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social (ofrecidos por la parte actora y la demandada Capacitación, Servicios Avícola y Comerciales S.C.) y por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, (ofrecido por la parte actora). Acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, por el que se decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Víctor Uriel García Torres, Guillermo Medina Gómez y Omar Naivay Ladera. Acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, del cual se desprende la notificación por boletín de veintiséis del mismo mes y año, realizada a las partes del acuerdo referido. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo Al respecto, conviene señalar que cuando se concede la protección constitucional, si la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en tanto que cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar del derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la transcripción anterior se tiene que a través del cumplimiento del fallo protector se logra el restablecimiento del orden constitucional, por lo cual dicho cumplimiento debe ser total, es decir, reintegrando a la parte quejosa completamente en el goce del derecho violado cuando sea material y jurídicamente posible. En el presente caso, para cumplir el fallo protector en su totalidad se requería que la Junta responsable dejara insubsistente el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en la que señaló las nueve horas del cinco de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Víctor Uriel García Torres, Guillermo Medina Gómez y Omar Naivay Ladera, y desahogara las pruebas consistentes en los informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (ofrecidos por la parte actora y la demanda Capacitación, Servicios Avícola y Comerciales S.C.) y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, (ofrecido por la parte actora), o decrete la imposibilidad para hacerlo. De lo cual, mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, tuvo por rendidos los informes de autoridad indicados; sin embargo, respecto al señalamiento de nuevo día y hora para que el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Víctor Uriel García Torres, Guillermo Medina Gómez y Omar Naivay Ladera, no fue jurídicamente posible debido a que en auto de once de abril de dos mil veintidós, decretó la deserción de dicha prueba testimonial. En esas condiciones, al existir imposibilidad parcial para cumplir con la sentencia de amparo, este juzgado de Distrito con fundamento en lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que en el caso existe imposibilidad parcial para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y da vista a las partes a fin de que estén en condiciones de interponer el recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación correspondiente; asimismo se precisa que una vez transcurrido dicho plazo sin que se interponga el citado medio de impugnación, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral en turno, para los efectos precisados en el numeral 193 de la ley de la materia, esto es, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. Cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), con registro digital: 2014210, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese; y, personalmente.

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