Miguel Váldez Bravo
Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Miguel Váldez Bravo
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de dieciocho de julio pasado, que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán, Colima, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de doce de los presentes, remite el original de la demanda de amparo presentada ante su potestad por el aquí quejoso Miguel Valdez Bravo, y sus copias de traslado. Recepción de la demanda. Por tanto, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****** contra actos del Juez Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, y otra autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que conduce a su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el presente asunto, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Mixto, Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, y otras, que hace consistir, entre otros, en el acuerdo dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio 18-1039-120C de su índice. Ahora, debe decirse que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", se advierta que existe el diverso juicio de amparo 705/2022-VI del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Manuel Valdez Godínez, en el cual obran las constancias originales del expediente de origen 18-1039-120C, mismas que fueron remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley, las cuales obran por separado en un tomo de pruebas. Por tanto, se tienen a la vista para resolver lo conducente en el presente sumario, de cuyo acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, materia de reclamo en el presente juicio, se obtiene que causó ejecutoria la sentencia dictada el siete de julio de ese mismo año, por lo que se concedió a la parte demandada, aquí quejosa, el término de cinco días para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia en mención, a fin de que realice el pago de las prestaciones condenadas; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa de la misma. En la especie, respecto a dicho acto reclamado, este juzgador advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los que se transcriben para mayor ilustración: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ".Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." De los preceptos legales transcritos, se advierte que el amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra el acto que constituya la última resolución, entendida ésta como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente; lo anterior, con la finalidad de evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure una nueva litis constitucional, provocando que se viole el derecho a la plena ejecución de las sentencias. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII0, febrero de 1998, página 230, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución" [Énfasis añadido]. De igual modo, como lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 40/2009, debe entenderse por última resolución, en tratándose de actos de ejecución, aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia o declara la imposibilidad de cumplimentarla material o idénticamente; por tanto, el plazo concedido para dar cumplimiento de manera voluntaria a la misma consiste en un acto dictado en ejecución de sentencia y su impugnación en la vía de amparo sólo será procedente al reclamarse junto con la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución. Lo anterior es así, porque dentro de los actos de ejecución o cumplimiento de sentencia no solamente se encuentran considerados los de carácter forzoso, sino también los voluntarios, como acontece en el auto materia de reclamo. Lo anterior es así, sostuvo la Corte, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia, no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio; por tanto, únicamente procede el juicio biinstancial en contra de la última resolución en la etapa de ejecución, es decir, aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia o declara la imposibilidad de cumplimentarla material o idénticamente. De dicha ejecutoria emanó la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 con registro digital 164639, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, que se cita a continuación: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". (Énfasis añadido). De igual forma, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, excepcionalmente, durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta cuando exista una afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" [Énfasis añadido]. Es oportuno mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia trascrita, se delimitó la procedencia del juicio de amparo aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo contenido, en lo que interesa, es similar al de la legislación en vigor), ya que se estableció que no sería procedente impugnar violaciones procesales aunque fueran relevantes, pues al efecto el Máximo Tribunal determinó lo siguiente: ".Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes." Así, acorde a las consideraciones de la ejecutoria respectiva y al contenido de la Ley de Amparo, se obtiene que los supuestos de procedencia contemplados en su artículo 107, fracción IV, deben entenderse en correlación con la fracción V del mismo numeral, ya que ésta prevé un supuesto de procedencia más amplio, de modo que es la que da pauta para la interpretación de la fracción anterior y no a la inversa. Por ende, el supuesto normativo establecido en la fracción V citada, en la que se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, debe entenderse que ello también puede darse en los supuestos normativos regulados por la fracción IV; es decir, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia. Así, ante la regla general consistente en que tratándose de actos dentro de la fase de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en esa etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mismo, establecida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, si es que dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, los cuales, indispensablemente tienen que ser ajenos a lo resuelto en el fallo que se ejecuta. Asentado lo anterior, debe decirse que las dichas reglas cobran vigencia respecto de los actos que, sin estar directamente vinculados con la ejecución de una sentencia, son dictados después de concluido el juicio; de tal manera que, si se está en presencia de un auto que da inicio a la etapa de ejecución forzosa, en tales circunstancias, el juicio de amparo tendrá lugar, únicamente, una vez que se emita la última resolución en tal procedimiento, salvo que se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. En atención a lo antes expuesto, se colige que el acto reclamado en el presente juicio no se encuentra en los casos de excepción, puesto que la parte quejosa lo hizo consistir, en esencia, en el auto dictado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio especial hipotecario 18-1039-120C del índice del Juzgado Segundo Mixto, Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, en el cual se le requirió para que dentro del término de cinco días, dé cumplimiento voluntario a la sentencia pronunciada el siete de julio de ese mismo año, a fin de que realice el pago de las prestaciones condenadas; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa de la misma. Lo anterior, según se estableció en el cuarto punto resolutivo de la sentencia emitida en dicho expediente, en el que se declaró el vencimiento anticipado del contrato y se condenó a la persona moral Abarrotera Valdez de Tecomán, Sociedad anónima de Capital Variable, así como a Miguel Valdes Bravo, también conocido como Miguel Valdez Bravo (aquí quejoso) y a Manuel Valdez Godínez, a pagar a la parte actora Banco Regional de Monterrey, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, la cantidad de $1'265,960.39 (un millón doscientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta pesos con treinta y nueve centavos, moneda nacional), así como al pago de intereses ordinarios y moratorios, gastos y costas, conforme a lo expuesto en los resolutivos cuarto y quinto de dicha resolución. En razón de lo anterior, se advierte que los efectos de dicho acto no son de aquéllos que infrinjan los derechos sustantivos del peticionario de amparo, pues no se trata de actos autónomos o desvinculados de la ejecución de sentencia, ni se traducen en actos de imposible reparación, respecto de los cuales resulte imperativo su análisis de forma inmediata en el juicio de protección de derechos fundamentales, sino que será hasta el dictado de la última resolución de esa fase procesal, que en el caso sería la que tenga por cumplida la sentencia, se declare el impedimento que se tenga para ello o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando la parte promovente estará en aptitud de promover el juicio de amparo en su contra y, a la vez, hacer valer como violación procesal la actuación hoy reclamada. En diverso orden de ideas, la parte quejosa reclama que no le fue notificada debidamente la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario 18-1039-120C. Bajo esa tesitura, con relación a la notificación reclamada, se advierte la existencia de una causa de improcedencia de la demanda de amparo en estudio, tal como se verá a continuación: El artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional dispone: ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]". Del artículo trascrito, se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable procedan al caso en concreto. A contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así las cosas, el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, dispone lo siguiente: ".Artículo 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha." ".Artículo 77.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." ".Artículo 78.- Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se fallarán en la sentencia definitiva." De la literalidad de las disposiciones transcritas, se advierte, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en la ley, la parte agraviada puede promover el incidente de nulidad de notificaciones. En el caso, el acto reclamado precisado en los párrafos precedentes, consiste en la notificación practicada respecto de la sentencia dictada en el expediente de origen; por tanto, en virtud de que el quejoso, es parte demandada en el juicio de origen, previo al ejercicio de la acción constitucional, debió agotar el incidente de nulidad previsto por el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, alegando la forma en que fue practicada la notificación. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 331, registro digital 1002397, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 353, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo". Por ende, una vez que se agote el incidente de nulidad de notificaciones contra la sentencia que por esta vía se reclama, será entonces que la resolución que recaiga al mismo podrá ser objeto de análisis en el juicio de amparo; ello, en aras de respetar el principio de definitividad, el cual debe agotarse previamente a la presentación del juicio de derechos fundamentales. Sustenta tal consideración, la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." (Énfasis añadido). Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no se encuentra comprendido en las excepciones que contempla la jurisprudencia y el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es decir, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, no se actualiza la diversa excepción relativa a ser persona extraña a juicio, pues en el caso, el quejoso es parte demandada en el procedimiento de origen, por lo que tiene legitimación procesal para tal efecto. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de la forma en que se practicó una notificación procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que éste no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de autoridad. En consecuencia, como se anticipó, se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, y 61, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada ley, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, ya que, con las razones apuntadas, están plenamente acreditadas las causales de improcedencia invocadas. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a Octavio Magallón Trujillo, Francisco Javier Silva Jiménez y Raúl González Torres, como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
- Principal
Colima, Colima, doce de julio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibido el oficio 923/2022 remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído dictado el ocho de julio en año en curso, en el juicio de amparo directo 708/2022 de su índice, del cual se advierte que declina la competencia legal de dicho juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, en turno; asimismo, remite el citado expediente, del cual se advierte que obra la demanda promovida por Miguel Valdez Bravo, presentada el seis de los actuales, ante su potestad, contra actos del Juez Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acepta conocimiento. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima se avoca al conocimiento del asunto. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Registro e integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, el cual fue registrado con el número 706/2022-VII. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis de la demanda promovida por Miguel Valdez Bravo, se desprende que fue remitida por la autoridad responsable en copia simple, motivo por el cual, no se puede advertir si fue firmada o no por el referido promovente, a fin de constatar su voluntad de suscribir la demanda de mérito. Requerimiento. Razón por la cual, previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda en cita, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Mixto Civil, Mercantil y Familiar de Tecomán, Colima, para que en el plazo de tres días contados a partir de su notificación, remita a este órgano jurisdiccional el original de la demanda de amparo presentada por Miguel Valdez Bravo, ante su potestad, así como sus copias respectivas o informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.
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