Miguel Valdez Balderrama

Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
568/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Miguel Valdez Balderrama

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído dictado el siete de noviembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ????? Se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Junta Especial número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con sede en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en virtud de que como se desprende de la certificación secretarial que antecede, la parte quejosa Miguel Valdez Balderrama promovió demanda de amparo contra actos la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California, consistente en: la omisión de acordar en relación a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 42/2021 de su índice. Al efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del referido ordenamiento legal, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Lo anterior toda vez que, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California, emitió un acuerdo en el que proveyó en relación a las pruebas ofrecidas en el expediente laboral 42/2021 de su índice. Por tanto, en atención a lo dispuesto por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie los actos reclamados cesaron en sus efectos, dado que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, al haberse dictado el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se proveyó respecto de las pruebas ofertadas en los autos del juicio laboral 42/2021 de su índice, y cuya omisión se reclama. Lo anterior, porque el hecho de que la responsable exhiba copia certificada del acuerdo en el que se señalaron fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 42/2021, significa que los efectos del acto que se reclama, desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 198 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice 1917, septiembre de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 216, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos, ello en virtud de que la autoridad responsable dictó un acuerdo en el que se señalaron fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 42/2021; lo que constituye el motivo por el que se planteó la demanda de amparo; razón por la cual cesa el efecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 198 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice 1917, septiembre de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 216, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado reestablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se dejan sin efecto las providencias decretadas en el presente expediente, así como el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas del diez de noviembre de dos mil veintidós; por último, hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo.

  3. Principal

    cúmplase

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