Miguel Valdes Valdes

Expediente 1664/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1664/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Miguel Valdes Valdes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al originar la tesis P. XX/2002, número de registro 187083, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO"; consideró en lo que aquí interesa, que: El artículo 126 de la Carta Magna aceptaba que el presupuesto de egresos no debía ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyacía el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pudiera programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, preveía la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente debía autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Si la autoridad ya tenía autorizado un presupuesto que le permitiera efectuar un pago, debía realizarlo si con ello daba cumplimiento a un mandato de amparo; toda vez, que ello no podría considerarse como una contravención al referido artículo constitucional, pues el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no podía quedar condicionado ya que la Constitución Federal imponía categóricamente que aquéllas fueran cumplidas inexcusablemente. En tanto, que el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 5/2011, número de registro 162469, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN"; estimó que: * Si bien el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debía aprobarse, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, también cierto lo era que tratándose de las sentencias de amparo que implicaran el pago de recursos monetarios, las autoridades debían desarrollar todas las acciones que resultaren pertinentes para dotar de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional, pues debían ejecutarse pronta, completa y conforme lo ordenara el juzgador de garantías. * Las autoridades tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado a fin de lograr lo anterior. Por último, también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al publicar la jurisprudencia P./J. 8/2011, número de registro 162470, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL"; resolvió que: * El sistema general de adecuaciones presupuestarias constituía un mecanismo que permitía solicitar la ampliación de una partida, sin menoscabo de que ello pudiera solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones a aquél. * Destacando, que una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional; toda vez, que tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente se celebren. Ahora, de un análisis integral de las actuaciones practicadas en el presente sumario constitucional, destacan las siguientes: I Mediante proveído originado el nueve de febrero de dos mil dieciocho se tuvo por recibida la resolución del recurso de revisión por el que se confirmó la sentencia constitucional dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete; esta última, por la que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables realizaran el pago de la prestación de haber de retiro. Consecuentemente, se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento a la misma. II) La delegada de las autoridades responsables vía oficio remitió: Acuerdo por el que el Pleno de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, requería al Director de Planeación, Administración y Finanzas adscrito para que informara sobre la existencia de suficiencia presupuestal a fin de cumplir la ejecutoria de amparo. Comunicación oficial por la que este último Director manifestó la inexistencia relativa. Por auto de diecinueve de febrero siguiente, se tuvo a las autoridades responsables en vías de cumplimiento y se volvió a efectuar el requerimiento correspondiente. La delegada de las autoridades responsables vía oficio señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. En acuerdo de ocho de marzo posterior, nuevamente se requirió por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se determinó hacerlo de igual forma a la Secretaría referida en el punto anterior; toda vez, que resultaba partícipe, competente e intervenía en el proceso de cumplimiento. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco emitió el oficio por el que esclarecía que el presupuesto de egresos para el Poder Judicial del Estado de Jalisco -entre ellos la autoridad aquí responsable-, fue autorizado por la cantidad señalada y que le ha transferido al Consejo responsable las diversas cantidades, para cada uno de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciocho (fojas 278 a 284). La delegada de las autoridades responsables vía oficio remitió la diversa comunicación oficial, por la que el Director de Planeación, Administración y Finanzas adscrito manifestó inexistencia de suficiencia presupuestal. Por auto de dos de abril subsiguiente, se emitió un nuevo requerimiento a las autoridades responsables pretendiendo el cumplimiento constitucional. La delegada de las autoridades responsables vía oficio, remitió la diversa comunicación oficial por la que el Director de Planeación, Administración y Finanzas adscrito manifestó inexistencia de suficiencia presupuestal. Mediante proveídos de diez y veintitrés de abril de la anualidad en curso, se consideró volver a requerir a las autoridades responsables a fin de acreditar la consignación del haber de retiro. La delegada de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. Por auto de dos de mayo siguiente, se tuvo a las autoridades responsables en vías de cumplimiento y se volvió a efectuar el requerimiento correspondiente. La delegada de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. En acuerdo de veintiuno de mayo posterior, nuevamente se requirió por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 368 a 370). La delegada de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. Por auto de seis de junio subsiguiente, se emitió un nuevo requerimiento a las autoridades responsables pretendiendo el cumplimiento constitucional. El delegado de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. Como consecuencia de lo anteriormente considerado, téngase a las autoridades responsables en vías de cumplimiento; por tanto, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia, requiéraseles para que dentro del término de tres días den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos contenidos en el proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, requiérase a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (como autoridad que se vincula) para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, demuestre el cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; a saber acredite haber efectuado las adecuaciones presupuestarias que estime necesarias, correspondientes al presupuesto de egresos para el Poder Judicial del Estado de Jalisco -entre ellos la autoridad aquí responsable- autorizado por la cantidad en comento y dote a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura de la aludida Entidad Federativa de la diversa cantidad a fin de que esta última consigne el pago del haber de retiro de la parte quejosa. Primero, porque el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no sea estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, sí prevé la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizar las referidas autoridades vinculadas, por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es completa, impostergable, inexcusable y conforme lo ordena este juzgador de garantías. Segundo, porque el sistema general de adecuaciones presupuestarias constituye un mecanismo que permite solicitar la ampliación de una partida, sin menoscabo de que ello pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones a aquél; pues, una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, ya que constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente. Todo lo anterior, con fundamento en las razones que informan los criterios: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos contenidos en el proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el oficio remitido por la Directora General Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, por el que informa que conminó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para que cumpla con el fallo protector; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y se deja sin efectos el apercibimiento formulado en proveído de veintisiete de junio pasado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveídos de dos de febrero, veintidós de marzo y catorce de junio del año en curso, se requirió a la Oficialía Mayor Administrativa y al Área Jurídica, ambas del Municipio de Villa Corona, Jalisco, a fin de que informaran a este Juzgado Federal si existe procedimiento administrativo de separación alguno instaurado en contra del QUEJOSO y de ser el caso, remitieran copia certificada, completa y legible de todo lo actuado en el mismo, sin que a la fecha hayan cumplimentado lo anterior. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo; y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, requiérase a la Oficialía Mayor Administrativa del Municipio de Villa Corona, Jalisco, para que en el término de tres días informe este órgano jurisdiccional si existe procedimiento administrativo de separación alguno instaurado en contra del quejoso y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de todo lo actuado en el mismo En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dos de febrero pasado (foja 91); esto es, se sancionará con una multa en términos del artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo y remite una constancia para acreditarlo; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngasele en vías de cumplimiento. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad oficiante demuestra encontrarse en vías de cumplimiento; con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días dé total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá efectuar la devolución de la cantidad excedente enterada por la contribuyente respecto al tributo reclamado; remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos que se le hicieron en proveído de veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo

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