Miguel Vaca Aguilar

Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
199/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Miguel Vaca Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de once de abril de la anualidad que trascurre, en el que refiere que acepta la competencia, por lo que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto lo actuado dentro del presente juicio, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que auto de ocho de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Morelia, el cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; mismo que acepto la competencia planteada; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo aplicable, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que este asunto es destruible de conformidad con el punto vigésimo del acuerdo general 1/2009 anteriormente mencionado. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENANDO EN EL PROVEÍDO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIEICINUEVE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA MIGUEL VACA AGUILAR O SUS AUTORIZADOS. POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEÍDO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIEICINUVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la demanda de amparo que promueve Miguel Vaca Aguilar, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 199/2019. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y actos reclamados lo siguiente: Autoridad: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán. Actos reclamados los siguientes: "LA LEY O ACTO QUE SE RECLAMA.- Lo es el AUTO DE EJECUCION DE FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN RELACION A LA PROMOCION DE FECHA 25 DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, dentro del Juicio Agrario número 652/2011, EN QUE SOLICITE INCIDENTE DE EJECUCION SOBRE EJECUCION DE CONFORMIDADA LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 185 Y 191 DE LA LEY AGRARIA, por lo que ve a su negativa de radicar el Incidente de Ejecución conforme a lo establecido dentro del procedimiento de ejecución señalada dentro de la propia ley agraria. DE QUIEN RECLAMO AL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 36, la NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTE DE EJECUCION CONTEMPLADO EN LA PROPIA LEY AGRARIA EN SU ARTICULO 191, VIOLANDO CON ELLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y SEÑALADO POR LA MISMA LEY AGRARIA PARA EFECTO DE LAS EJECUCIONES. De lo anterior se aprecia que efectivamente el Tribunal Unitario Agrario del distrito 36 viola en mi perjuicio los principios señalados en la propia ley agraria para efecto de llevar acabo la ejecución de las sentencias, violación procesal que debe declararse inconstitucional y violatorio de procedimiento, ya que si es un principio concedido y amparado por la propia ley agraria el tribunal unitario no puede desechar o impedir la prosecución del procedimiento, ya que se me está violentando un principio constitucional reconocido por la carta magna. Más aún si tomamos en cuenta el principio del derecho social agrario que debe sobre todo buscar la conciliación y ante la negativa de la autoridad responsable se está violentando este principio del derecho agrario desconociendo con ello la naturaleza del derecho agrario como derecho social." Asimismo, de la demanda y sus anexos se advierte que por auto de doce de marzo del año en curso, dictado por el Magistrado responsable, dentro del juicio agrario del cual derivan los actos reclamados, entre otras cosas señaló las diez horas del día diecisiete de abril del año en curso, para que el Actuario de su adscripción, se constituya en la superficie materia de la sentencia, y para que proceda a requerir al demandado Miguel Vaca Aguilar de manera Voluntaria, realice la entrega Real y Material de las Fracciones de Terreno de uso común, motivo de la Ejecución, a favor del Ejido "TLAZAZALCA ", Municipio de Tlazazalca, Michoacán. De igual manera, por proveído de veinticinco de febrero del presente año, el Magistrado responsable desechó el incidente de ejecución respecto de la sentencia dictada dentro del juicio agrario 652/2011, que promovió el quejoso, toda vez que consideró que solo tiende a retardar la ejecución del citado Juicio. Acuerdo los anteriores que constituyen los actos reclamados. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, el quejoso reclama el auto de ejecución ordenada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que se comisiona al Actuario adscrito al Tribunal Agrario responsable, se constituya en la superficie materia de la sentencia, y proceda a requerir al demandado Miguel Vaca Aguilar de manera Voluntaria, realice la entrega Real y Material de las Fracciones de Terreno de uso común, motivo de la Ejecución, a favor del Ejido "TLAZAZALCA ", Municipio de Tlazazalca, Michoacán; así como el diverso proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad por el que se le desecha un incidente de ejecución de sentencia, dentro del Juicio agrario 652/2011. Por tanto, se tiene que los actos reclamados tendrán una ejecución material en el municipio de Tlazazalca, localidad donde se encuentra el bien inmueble del juicio natural; lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que resulta la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. Por lo que, el Juez competente para conocer de la presente demanda, será el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecutaran los actos reclamados, y las consecuencias jurídicas que combate el quejoso en esta vía, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito inicial y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Gabriel Soto Soto. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN QUE SE PARCTIQUE SE AGREGARÁ AL CUADERNO DE ANTECEDENTES

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