Miguel Torres Sánchez

Expediente 1227/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1227/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Torres Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    7.- Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, ..hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. ..

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, D ELA LEY DE AMPARO: 7.- Del estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa, ., señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.1451, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual informó al aquí quejoso que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en dicho procedimiento administrativo, se declaró incompetente para conocer de la denuncia que presentó el quejoso, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Encargado del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.3126, de siete de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual reiteró a la parte quejosa el contenido del oficio A.Q.1451, antes mencionado, en el cual le hizo de su conocimiento su incompetencia para conocer de la denuncia que presentó, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la ley de amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. .. Establecido lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa, .., señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.1451, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual informó al aquí quejoso que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en dicho procedimiento administrativo, se declaró incompetente para conocer de la denuncia que presentó el quejoso, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Encargado del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.3126, de siete de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual reiteró a la parte quejosa el contenido del oficio A.Q.1451, antes mencionado, en el cual le hizo de su conocimiento su incompetencia para conocer de la denuncia que presentó, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Los actos reclamados se advierten en los presentes autos de este juicio, al haber sido remitidos por las autoridades responsables en apoyo a sus informes con justificación. Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, no se advierte que la autoridad correspondiente haya dictado alguna resolución que ponga fin al procedimiento administrativo instaurado en su contra, sino que únicamente denotó su incompetencia para atender la denuncia del promovente; motivo por el cual, la remitió para su tramitación ante la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. ... Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos en la presente instancia no se tratan de una resolución definitiva sino, por el contrario, de actos emitidos dentro de un procedimiento, por tanto, se colige que los actos reclamados, en cita, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva, esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento correspondiente. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos que se combaten en el juicio constitucional en que se actúa, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, tampoco en la privación de un derecho de defensa, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no le causan un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, ya que dichas actuaciones sólo pueden implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. .. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. .. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    7.- Del estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa, ., señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.1451, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual informó al aquí quejoso que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en dicho procedimiento administrativo, se declaró incompetente para conocer de la denuncia que presentó el quejoso, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Encargado del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.3126, de siete de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual reiteró a la parte quejosa el contenido del oficio A.Q.1451, antes mencionado, en el cual le hizo de su conocimiento su incompetencia para conocer de la denuncia que presentó, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la ley de amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. .. Establecido lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa, .., señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.1451, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual informó al aquí quejoso que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en dicho procedimiento administrativo, se declaró incompetente para conocer de la denuncia que presentó el quejoso, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Encargado del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional. El oficio A.Q.3126, de siete de junio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo 29091/2022/PPC/SEDENA7DE125, a través del cual reiteró a la parte quejosa el contenido del oficio A.Q.1451, antes mencionado, en el cual le hizo de su conocimiento su incompetencia para conocer de la denuncia que presentó, motivo por el cual la remitió a la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Los actos reclamados se advierten en los presentes autos de este juicio, al haber sido remitidos por las autoridades responsables en apoyo a sus informes con justificación. Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, no se advierte que la autoridad correspondiente haya dictado alguna resolución que ponga fin al procedimiento administrativo instaurado en su contra, sino que únicamente denotó su incompetencia para atender la denuncia del promovente; motivo por el cual, la remitió para su tramitación ante la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México. ... Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos en la presente instancia no se tratan de una resolución definitiva sino, por el contrario, de actos emitidos dentro de un procedimiento, por tanto, se colige que los actos reclamados, en cita, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva, esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento correspondiente. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos que se combaten en el juicio constitucional en que se actúa, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, tampoco en la privación de un derecho de defensa, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no le causan un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, ya que dichas actuaciones sólo pueden implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. .. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. .. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. ...

  4. Principal

    7.- Oficio. La Administradora de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, informa que el acuse de recibo de los oficios 24350/2022 y 24351/2022 ya fue entregado a personal de este órgano jurisdiccional. ..Acuerdo Agréguese a los autos el oficio con el anexo de cuenta, se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar y se deja sin efecto el apercibimiento en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. ...

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