MIGUEL TERRASAS TIRADO y Otros.

Expediente 926/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
926/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • MIGUEL TERRASAS TIRADO y Otros.
  • Miguel Terrasas Tirado

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, con anexo, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 31/2021, promovido por Miguel Terrasas Tirado y José Miguel Terrasas Corona, en contra del auto cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, de cuyo punto primero resolutivo se advierte que se declaró infundado dicho medio de impugnación. De los que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Asimismo, remite el cuaderno original del juicio de amparo 926/2020 de esta estadística. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso citado en líneas anteriores, únicamente con las constancias originales. Archivo. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito en Turno, el original del escrito de agravios y ríndase el informe sobre la materia de la queja; sin que sea necesario notificar a las partes en virtud de que el presente juicio de amparo no fue admitido, por ende, no se ha efectuado emplazamiento alguno. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias. Por otra parte, no se pasa por alto para este juzgador, que existe un notorio retardo entre el auto en el que se tuvo por interpuesto el recurso y el momento en que se ordena su envío a la superioridad y sin que ello implique una excusa para el cumplimiento eficaz de las obligaciones que son propias de los integrantes de este órgano jurisdiccional, se hace notar el hecho evidente del estado de emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19, lo que ha generado una serie de suspensiones y reactivaciones de las labores conforme a los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y las circulares de la comisión creada para regular la situación comentada; a consecuencia de ello, se ha provocado un descontrol en el desarrollo, de la actividad diaria que indudablemente afecta en lo general el funcionamiento del juzgado y en lo particular de las secretarías correspondientes, atento a lo cual y para normalizar el trámite de este asunto, se dicta la medida contenida en el párrafo que antecede. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que a partir del uno de marzo del presente año, mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, es el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual los quejosos ***** y *****, interponen recurso de queja en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con sustento en los ordinales 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno, el original y copia del ocurso que se atiende, así como el original del presente expediente y ríndase el informe sobre la materia de la queja. Fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario notificar a las partes la interposición del recurso, en virtud de que el presente juicio de amparo no fue admitido; por tanto, no se ha efectuado emplazamiento alguno. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ***** y *****, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad, regístrese bajo el número 926/2020-I. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de "imposible reparación", es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tal base, debe decirse que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, en el que el juez del conocimiento declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la ahora quejosa, en contra de una notificación realizada dentro del procedimiento laboral y que ordenó la continuación del mismo. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, constituye un acto intraprocesal; y, por regla general, dicha violación puede hacerse valer cuando transciende en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la ley de la materia. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento relacionado la improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones hecho valer dentro del trámite del procedimiento laboral. Luego, por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del laudo correspondiente, si es contrario a los intereses del hoy impetrante del amparo. Por tanto, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, dado que es de aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable. Con esa decisión, para la parte quejosa el acto reclamado sólo incide en derechos adjetivos y no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal. Es cierto que por regla general las infracciones al procedimiento sólo producen una afectación a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los cuales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia correspondiente, en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó al quejoso. Además, la reclamada infracción al procedimiento no se encuentra en un caso de excepción a esa regla general, es decir, aun cuando se impugna una violación adjetiva como lo es el acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, en el que el juez del conocimiento declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, lo cierto es que ésta no afecta materialmente derechos sustantivos del promovente, es decir, no le impide en forma actual y real el ejercicio de un derecho sustantivo como el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, lo que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia: I.6o.T. J/84, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2403, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." En ese orden, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Miguel Terrasas Tirado y José Miguel Terrasas Corona, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que tienen el carácter de trabajadores en el juicio de origen *****. Medios electrónicos. Como lo solicitan los quejosos, queda expedita la posibilidad de reproducir a través de dispositivos electrónicos las constancias que integren el presente juicio, esto es, el uso de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes; no obstante, para que puedan tener acceso al expediente, alguno de los delegados que designan deberán agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6º, fracción II del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Notifíquese.

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