Miguel Teodoro Gónzalez Acametitla
Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Miguel Teodoro Gónzalez Acametitla
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de febrero de dos mil dieciocho: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primero Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, se le tiene comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por Miguel Teodoro González Acametitla; en contra del auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo en el juicio del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, radicándose con el número 22/2018, de su índice. Asimismo, se tiene a la citada autoridad acusando recibo del oficio 3258/2018, de este juzgado, por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 48/2018-III, el original y copia del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por Acuerdo General 3/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio y residencia del Primer Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, ambos del Vigésimo Octavo Circuito; de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al cambio de denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de la propia entidad federativa, todos con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO "RÚSTICO", EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA y que por oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento al acuerdo en cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Esto en la inteligencia que, la nueva denominación de este Órgano jurisdiccional y las labores en ese lugar, iniciaron a partir del día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En tal virtud, requiérase a las partes para que dentro del plazo de tres días, señalen domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese el oficio y anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 48/2018 promovido por la parte quejosa Miguel Teodoro González Acametitla y remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo 22/2018 de su índice, cuyos puntos resolutivos señalan:***"PRIMERO. Se confirma el auto recurrido.SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo promovida por Miguel Teodoro González Acametitla, en contra de los actos reclamados a la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala y a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente número PFC.TLX.C.1-0001453/2017, así como todo el procedimiento previo de verificación; por ser notoriamente improcedente." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. **Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.****************************************Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 48/2018-III, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.****************************************Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. ****************************************Asimismo, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documento podrán ser destruidos junto con el expedientePor otra parte, dado que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública el auto de desechamiento dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.****************************************Asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho.****************************************Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de la parte quejosa el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, y en atención a la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa Miguel Teodoro González Acametitla, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, en el municipio de Apizaco, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de que surtiera efecto su notificación, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la parte de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se le hace efectivo dicho apercibimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.
- Principal
Notifico mediante lista a la parte quejosa y le notifico contenido del proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, cuya síntesis dice: Vista la demanda de amparo que promueve Miguel Teodoro González Acametitla, por propio derecho, contra actos de la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala y otra, de quienes reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente número PFC.TLX.C.1-0001453/2017, así como todo el procedimiento previo de verificación, sanción emitida por la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, así como su ejecución; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 48/2018-III. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del diverso 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte inconforme deriva del hecho de que en contra del acto reclamado consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente número PFC.TLX.C.1-0001453/2017, así como todo el procedimiento previo de verificación, sanción emitida por la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, así como su ejecución; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa debió agotar los mecanismos ordinarios de defensa que establece la ley ordinaria, previamente a la interposición de la instancia constitucional. El precepto en mención establece: El artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en materia administrativa, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a esta institución jurídica, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias para tratar de reparar la violación constitucional o legal que, posteriormente, se pretende controvertir en el amparo, en el entendido de que sólo será exigible el agotamiento de un recurso si éste se encuentra previsto en la ley que resulte aplicable. En efecto, la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición de los recursos ordinarios se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; y 2) con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio. Así, del precepto legal invocado y su correlativa interpretación se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, contra resoluciones administrativas respecto de las cuales la ley conceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En ese tenor, únicamente en aquellos supuestos en los que la ley del acto prevea un medio ordinario de defensa, pero para el otorgamiento de la suspensión se prevean requisitos adicionales a los establecidos en la Ley de Amparo, no habrá necesidad de agotar el juicio, recurso o mecanismo legal que proceda. Sentado lo anterior, resulta conveniente traer a colación el contenido de los artículos 2 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como del numeral 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen: " Sobre tales bases, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente número PFC.TLX.C.1-0001453/2017, así como todo el procedimiento previo de verificación, sanción emitida por la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, así como su ejecución, es claro que el promovente debió controvertir dichas determinaciones a través del juicio contencioso administrativo. Ello es así, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si contra el acto de autoridad impugnado por el promovente, existe algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, éste debe ser agotado previamente sin distinción alguna; en consecuencia, es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición del interesado y pueda interponerlo, de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino que se encuentra obligado en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es determinante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior conduce a estimar que la parte agraviada no puede abandonar la defensa ordinaria establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y promover el juicio de amparo, sino que debe agotar los medios de defensa anteriores a la instancia constitucional, es decir, el promovente debió combatir las decisiones reclamadas, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 14 de la citada ley orgánica, ya que en esa sede puede lograr la nulificación, revocación o modificación de los actos que pretende impugnar en la vía constitucional. Además, el juicio contencioso administrativo no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Para comprobar tal asunto, es pertinente señalar que el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: En ese sentido, del análisis comparativo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se desprende que aquel numeral, para el otorgamiento de la suspensión, no prevé mayores requisitos que los previstos en este último para la concesión de la medida cautelar señalada, pues ambos establecen como requisitos para su otorgamiento: 1) que la solicite el agraviado; 2) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Consecuentemente, debe concluirse que contra los actos reclamados a las autoridades responsables debió controvertirse por medio del del juicio contencioso administrativo. En las relatadas condiciones, es dable sostener que la Ley de Amparo vigente y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor, en esencia son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; por tanto, debe concluirse que la parte quejosa se encontraba obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente número PFC.TLX.C.1-0001453/2017, así como todo el procedimiento previo de verificación, sanción emitida por la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, así como su ejecución, puede impugnarse a través de este, ya que puede solicitarse la suspensión del acto sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del expediente número PFC.TLX.C.1-0001453/2017, así como todo el procedimiento previo de verificación, sanción emitida por la Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Tlaxcala, así como su ejecución; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías. En términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos; teniéndose como autorizados en términos amplios a José Julián Sánchez Meza, Elizabeth Aguilar Pérez, al contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Beatriz González Ramos, por no contar con dicho registro. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. "
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