Miguel Tejeda Alcaráz

Expediente 1024/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1024/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Mich
  • Miguel Tejeda Alcaráz
  • Ángel Maximiliano Tejeda Manzo y Otros.
  • Ángel Maximiliano Tejeda Manzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. ALEGATOS. Agréguense a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al representante especial del menor identificado con las iniciales A.M.T.M., formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que los terceros interesados, se impongan del contenido de los autos; en consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el referido numeral, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y doy feEdy

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. DEVUELVE DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 1098/2019-486.D, del índice de este juzgado, en el que se le encomendó emplazar a la tutora especial del menor ÁNGEL MAXIMILIANO TEJEDA MANZO, la Delegada Regional de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Michoacán de Zamora, Michoacán. En tal virtud, se ordena agregar a los autos el despacho en comento y dar de baja en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. SE APERSONA TERCERO INTERESADO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por María Guadalupe Manzo Ruiz; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso a) y 11, de la Ley de Amparo, se tiene a María Guadalupe Manzo Ruiz, apersonándose dentro de los presentes autos como tercero interesado. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta; y como su autorizados para tal efecto a las personas que señala en el mismo, a Francisco Estrada Cazarez y Francisco Javier Salazar Pacheco, con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acreditan que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho, y a los restantes únicamente para recibir notificaciones. ALEGATOS Se tiene a la ocursante formulando alegatos a su favor, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya que autoriza.- Doy fe.Mach

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1024/2019, promovido por Miguel Tejeda Alcazar, en representación del menor Ángel Maximiliano Tejeda Manzo, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente; así como que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, fue omisa al rendir su informe previo en torno al acto reclamado. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación de los hechos que anteceden. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su parte. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 1024/2019; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Miguel Tejeda Alcazar, en representación del menor Ángel Maximiliano Tejeda Manzo, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. 2.- Previa aclaración, mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional negó y concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo: ".Auto de fecha 04 cuatro de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, donde autoriza convivencias supervisadas con mi menor hijo Ángel Maximiliano Tejeda Manzo, con su madre María Guadalupe Manzo Ruiz, dictado por el Juez Segundo de lo Civil, con sede la Ciudad de Zamora, Michoacán; dentro del expediente Especial Oral Familiar sobre Custodia, dentro del juicio número 823/2018." SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Cabe precisar que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, fue omisa al rendir su informe previo en torno al acto reclamado, por lo cual se presume cierto el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo TERCERO. EFECTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA MEDIDA ".solicito se abra el INCIDENTE RESPECTIVO DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, con la finalidad de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, QUE NO SE LLEVEN A CABO LAS CONVIVENCIAS VIGILADAS DECRETADAS, EN EL AUTO DE FECHA 04 CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE." CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado para los efectos indicados, satisfaciendo el primero de los requisitos que establece el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, por cuanto a que, pide expresamente dicha medida, ello no ocurre respecto a la fracción II, del citado precepto de la ley de la materia, como se expone a continuación. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de averiguación o medida cautelar concedida por autoridad judicial". Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; [.]" Del precepto legal transcrito, se desprende que en principio, no procede conceder la suspensión en los términos solicitados por la quejosa, respecto del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 823/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, pues se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, contempladas en el artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: Tesis: 8 Informes Séptima Época Número de identificación 805484 Segunda Sala Informe 1973, Parte II Página 44 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Contradicción de tesis 473/71. La publicación omite el nombre de los órganos que sustentaron las tesis que compiten en este asunto. 30 de noviembre de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretario: Manuel Ortiz Coñongo." Bajo ese contexto, si la fracción VIII, del artículo 129, de la Ley de Amparo, es clara en prever que se considera que sí se sigue perjuicio al interés social o se contraviene el orden público cuando con motivo del otorgamiento de la suspensión, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; de ahí que, de concederse la medida suspensional para el efecto de que no se lleve a cabo la medida cautelar de convivencia familiar entre la tercero interesada María Guadalupe Manzo Ruiz, con su menor hijo ÁNGEL MAXIMILIANO TEJEDA MANZO, toda vez que se traduciría en una contravención al orden público y al interés social. Lo anterior se estima de tal manera, pues hasta este momento no existen elementos para prejuzgar si fue o no correcto el proceder del juez responsable en relación con la convivencia decretada, pero lo cierto es que ésta se establece a partir del preponderante derecho de la menor de convivir con sus progenitores. Aunado a que, el decreto de concesión de convivencia definitiva del menor con alguno de sus progenitores debe considerarse como medida precautoria, es decir, fijarse de forma inmediata y urgente y sin otorgar previa audiencia al progenitor afectado, cuando la situación de hecho puede ocasionar alguna afectación emocional al menor, atendiendo a su interés superior, por lo que en tal determinación, al no ser un acto privativo no rige la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Tesis: 1a./J. 28/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 181312 Primera Sala Tomo XIX, Junio de 2004 Página 138 Jurisprudencia (Civil) "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad. Contradicción de tesis 141/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez." Asimismo, cabe destacar que cuando se encuentran involucradas cuestiones tendentes al desarrollo físico, psicológico y emocional de un menor, lo cual es una cuestión de interés social y de orden público y de controversias del orden familiar, el principio fundamental que debe tener en cuenta el juzgador es el interés superior del menor, a efecto de concluir en esos términos, es dable acudir al siguiente marco jurídico: I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4, párrafos séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven (sic) al cumplimiento de los derechos de la niñez". En lo que interesa, del citado precepto constitucional se desprende que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. II. Convención Sobre los Derechos del Niño. Al respecto, la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Mexicano, al haber sido ratificada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en sus artículos 3, párrafos uno y dos; 9, párrafos uno y dos; y, 12, párrafos uno y dos, dispone: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones". 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. "Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." De las citadas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores y se tiene que tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. Asimismo, se debe garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, la que se tiene que tomar en cuenta, en función de su edad y madurez, en el juicio o procedimiento respectivo. Sin embargo, también, se debe velar que los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, con algunas excepciones, como en los casos en que los progenitores vivan separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño y del régimen de convivencias con el progenitor que no tiene su custodia, caso en el que se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en el procedimiento correspondiente y externar sus opiniones. III. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por otra parte, los numerales 23, párrafo segundo, y 41, apartado A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respectivamente prevén: "Artículo 23. (.) El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas incluidas niñas, niños y adolescentes." "Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen". En los preceptos transcritos, se dispone que los niños sólo pueden ser separados de sus padres mediante sentencia u orden preventiva judicial (la que como consecuencia debe determinar si es procedente establecer un régimen de visitas y convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia), pero el Estado debe velar porque en todos los procedimientos en los que se ventilen las cuestiones referidas, se garantice el derecho de audiencia a todas las partes, incluyendo a los propios menores. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de expresar su opinión, lo que implica, entre otras cosas, que se les tome su parecer en relación con los asuntos que los afecten y las resoluciones que les conciernen. IV. Interpretación sistemática de los ordenamientos aplicables. Así, de una interpretación armónica de las disposiciones referidas en el presente fallo, se puede concluir que tratándose de resoluciones judiciales que afecten de alguna manera a los menores, como lo es lo relativo a las medidas cautelares sobre custodia, convivencias y alimentos, entre otras, se debe atender siempre al interés superior de los niños, para lo cual normalmente debe tomarse en cuenta su opinión. Empero, las obligaciones y los derechos de los adultos no pueden ser pretexto para coartar o condicionar los derechos de los menores, como lo es el relativo a convivir adecuadamente y en los lugares idóneos con sus padres, a través de relaciones personales y trato directo con ambos, sin que ello los perjudique en forma alguna. De lo que se colige que es primordial que este juzgado, salvaguarde el interés superior de la menor para que la convivencia con sus progenitores se desarrolle en un ambiente favorable de desarrollo físico, psicológico y emocional, y de momento no existe prueba alguna que permita a este órgano de control constitucional considerar que la medida ordenada constitutiva del acto reclamado le cause un perjuicio, para decretar la suspensión de la misma; por el contrario, fue emitida en base al estudio del interés superior de la menor quejosas, así como del derecho preponderante de convivencia de la mismas con su progenitora, y que en todo caso, los medios de convicción y alegatos que las partes deseen aportar, serán discutidos, valorados y juzgados en el controvertido familiar de origen. De modo que, no es factible que con la suspensión del acto reclamado se prive al infante del derecho que tiene a convivir con su progenitora y que ésta aporte a su crianza y sano desarrollo, en la forma y momentos que para tal efecto determine el Juez de origen. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/49, visible en la página 1289, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Tesis: I.6o.C. J/49 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 177259. Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXII, Septiembre de 2005 Página 1289 Jurisprudencia (Civil) "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores. Amparo directo 3656/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Jorge Santiago Chong Gutiérrez. Amparo directo 2686/2004. 29 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 6066/2004. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Amparo directo 2666/2005. 6 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Amparo directo 2716/2005. 12 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez." Asimismo, se cita en vía de orientación, la jurisprudencia J.5o.C.J/19, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido literal siguiente: Tesis: I.5o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 161775 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Junio de 2011 Página 1036 Jurisprudencia (Civil) "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU DETERMINACIÓN DEBE OBEDECER A UNA PONDERACIÓN JUDICIAL PRUDENTE. La autoridad judicial debe ser prudente y tener buen cuidado para determinar cuál es el régimen de visitas y convivencias más conveniente para el menor, y no forzar situaciones en torno a las convivencias que en ocasiones no es posible resolver sin previa asistencia profesional, ya que una propuesta precipitada puede provocar daños en aquél o un mayor rechazo hacia los progenitores, y por ello traer resultados contraproducentes a la convivencia y a las relaciones humanas. Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán. Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Carmina Cortés Pineda. Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." De la misma forma, se invoca en lo conducente, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: Tesis: I.3o.C.927 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 162383 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Abril de 2011 Página 1300 Tesis Aislada (Constitucional) "DERECHO DE CONVIVENCIA. EL INTERÉS QUE DEBE PRIVILEGIARSE ES EL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, SOBRE LA BASE DE QUE SE ASEGURE SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE TIENE POR MATERIA LA LIMITACIÓN A ESE DERECHO. Cuando los padres de las niñas y niños pretenden ejercer el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad. Esto último es lo que justifica el sentido de la medida judicial cautelar que se dicta en el juicio de amparo indirecto para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, debe ponderarse que la medida provisional que llegue a dictar un Juez en un juicio determinado para que exista una convivencia entre los padres y las niñas y niños o no se ponga en peligro su goce, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia y a asegurar su goce efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los padres de las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquél, sino que en todo caso, está subordinado al interés superior del niño y a la etapa de desarrollo en que se encuentra; en relación con esto último, también debe destacarse que la regla establecida en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy general, al comprender como tales a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, a menos que bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría. Existen diversas etapas en la infancia, que son además relevantes para decidir la forma de ejercicio de la convivencia y determinar la necesidad del menor, entre otras cosas, de vincularse afectivamente con los adultos y, en especial con sus padres y la familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad con el mundo que le rodea. La convención de mérito como elemento integrante de nuestro orden jurídico faculta a las autoridades, como la judicial a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la convención. Y constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor, desde su primera infancia, fluya no sólo de los padres, sino de los hermanos y aquellos que forman parte de la familia extensa si la hay, porque atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que salvo que esté demostrado que tal situación representa un peligro para el goce de los derechos de la niña o niño, el juzgador no sólo debe asegurar sino incentivar que esa situación se verifique antes del dictado de una sentencia que reconozca definitivamente los términos del ejercicio de una convivencia solicitada, como una vez resuelta en definitiva la controversia planteada. En ese contexto, se parte de la base de que, en condiciones de conflictos sujetos a la tutela judicial sobre convivencia, el niño es quien resiente, desde luego, los efectos de la falta de convivencia con la familia porque constituyendo una etapa de rápido y definitivo desenvolvimiento, que no es factible rehacer o revivir, deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos como el de ésta no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor. Amparo en revisión 352/2010. 6 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. QUINTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Con independencia de lo anterior, en atención al interés superior del menor previamente expuesto, el suscrito considera que en la especie eventualmente existen elementos para conceder la suspensión solicitada respectos de los efectos y consecuencias del acto reclamado, ya que si bien el promovente refiere que se la autoridad responsable decretó una convivencia vigilada entre el menor y su progenitora, de las trece horas a las catorce hora de los días martes y viernes de cada semana, también es cierto que acorde a lo señalado por el amparista, ello intervenga con el horario habitual de clases del infante; en tales condiciones lo procedente es CONCEDER a Miguel Tejeda Alcazar, en representación del menor Ángel Maximiliano Tejeda Manzo, la suspensión definitiva solicitada para los siguientes efectos: Siempre y cuando el juez responsable cuente con los elementos que le permitan advertir el horario escolar habitual del menor y que éste interfiera con el que se fijó en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve para la realización de las convivencias, emita uno nuevo en el que tome en cuenta lo anterior para no interferir en el desarrollo escolar del infante. Lo anterior, en el entendido de que de no reunirse las condiciones anteriormente expuestas, la suspensión concedida no tendrá consecuencia alguna y, por tanto, habrá de estarse a la negativa de la medida expuesta con antelación. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Miguel Tejeda Alcazar, en representación del menor Ángel Maximiliano Tejeda Manzo, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, del acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos establecidos en el cuarto de los considerandos de este fallo interlocutorio. SEGUNDO. SE CONCEDE a Miguel Tejeda Alcazar, en representación del menor Ángel Maximiliano Tejeda Manzo, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, del acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos establecidos en el quinto de los considerandos de este fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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