Miguel Soto Buenrostro

Expediente 16/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
16/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Miguel Soto Buenrostro

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a ********************. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. MEDIOS DE CONVICCIÓN Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales a que hace referencia la autoridad responsable en el citado informe, las cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. DELEGADOS Por otra parte, téngasele por designados como delegados en términos del artículo 9º, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica, lo anterior para los efectos legales correspondientes. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora, derivado del análisis puntual de las probanzas que acompañó la autoridad en apoyo a su informe justificado, y armónicamente ponderado el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Se arriba a esta conclusión, en atención a que la parte agraviada, hizo consistir el acto reclamado, en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: La omisión de dictar la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado en los autos del juicio laboral burocrático 183/2016 acumulado al 45/2014-IV del índice de la responsable, dentro de los plazos que establece la Ley del Servicio Civil." En ese tenor, es pertinente definir la premisa a partir, por tal motivo, se procede a transcribir el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Cierto es, dado que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, emitió el proveído de dieciocho de enero del año en curso, cuyos efectos producen el resultado que un fallo protector asignaría, conforme al artículo 77, de la Ley de Amparo; por ende, es axiomático que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida, en atención a que las documentales remitidas por la responsable en apoyo a su informe con justificación, revelan que en la referida determinación, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, pronunció resolución en relación con el recurso de revisión planteado el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Además a las señaladas probanzas, es posible conferirles valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, aunado a que así lo ha conceptualizado Nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 226, identificada con el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por consiguiente, si el quejoso MIGUEL SOTO BUENROSTRO, reclama la omisión del tribunal burocrático en pronunciarse respecto del recurso de revisión planteado por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, y la misma ya se dictó en dieciocho de enero en curso; en consecuencia, es claro que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada desapareció con el pronunciamiento de la aludida resolución, de manera que la abstención combatida, dejó de producir sus efectos, y no se muestra vestigio de afectación en la esfera jurídica del particular que amerite ser suprimida. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo tenor, se invoca la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por consiguiente, como está demostrado se actualizó de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por ello, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precepto 63 fracción V de la propia ley, máxime que en el caso no se está en algún supuesto de excepción previsto por alguna de las fracciones del numeral 17 de la ley de la materia. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las once horas con diez minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve. De igual modo, no obsta a esta determinación, que no haya transcurrido el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que dicha temporalidad tiene el propósito de las partes se impongan de su contenido, así como de las constancias; sin embargo, ello, a ningún fin práctico conduciría, porque como se revela es inequívoca la actualización de la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acuerda y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo signada por Miguel Soto Buenrostro, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo que formula el quejoso de mérito, contra actos de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado Baja de California, con sede en Mexicali; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 16/2019-4A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su INFORME JUSTIFICADO, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se le impondrá una multa de cien a mil días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en el entendido de que se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO Mediante oficio que se le gire, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazarse al presente juicio de amparo al tercero interesado Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, corriéndole traslado con copia de la demanda y del auto admisorio, haciéndole saber la hora y el día señalado para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y las que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de treinta a trescientos días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251, de la ley invocada. NO SE APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso, formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del quejoso, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Alberto Barragán Rodríguez, Rubén Darío Mendoza Ojeda y Gabriel Alberto Amelco Viera. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. COPIAS Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídase copia certificada de lo que indica en su ocurso, previa identificación y toma de razón que por su recibo obre en autos. Notifíquese y, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.

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