Miguel Solís Arias
Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Solís Arias
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES;SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de enero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por .....contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa como el juicio 24/2019-I, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito de demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO El acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión de señalar fecha y hora para la diligencia de calificación y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 197/2017, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, cabe destacar que en el amparo en revisión 2021/2009, el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para declarar improcedente el juicio, al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, es necesario realizar un ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos, para determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe llevarse a cabo un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y la afectación, con la finalidad de determinar si la autoridad responsable está en posibilidad de repararla. Así se pronunció el Máximo Tribunal del País, para argumentar sobre el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 76 y 80 de la abrogada Ley de Amparo, (de redacción similar al 61, fracción XXIII, 73 y 77 fracción I, de la actual legislación de amparo), así como 107, fracción II de la Carta Magna. Así, en dicha ejecutoria se consideró por mayoría de votos, que constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que de existir una posible violación de derechos humanos, dicha decisión pueda concretar sus efectos. En efecto, la técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución de la quejosa en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos y garantías individuales y en los tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. De los preceptos citados se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, si de la intelección de la demanda de derechos fundamentales se advierte que el acto reclamado del que se duele el impetrante es una dilación procesal acaecida en el juicio laboral 197/2017 del índice de la responsable -en caso de existir-; dicho acto, constituye una omisión de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dichos actos no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tienen el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Es menester tener presente que dicho acto no se encuentra en los supuestos de imposible reparación, toda vez que ese acto, no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición autónomo, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. Lo anterior, ya que de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º. C. J/2 (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De esta forma, las violaciones reclamadas por el peticionario de amparo revisten un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir los agravios alegados, no transciende a los derechos sustantivos del promovente. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del juicio laboral de origen, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. Sobre dicho tópico, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estableció lo siguiente: "[.] que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. [.]" Consideraciones que se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), con número de registro 2011580, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Cabe destacar que el criterio jurisprudencial recién citado, prevé como excepción a la regla general allí contenida, el supuesto en que el Juez de amparo advierta de la demanda de amparo, que exista una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, pues, en tal caso, el juicio resulta procedente. Al respecto, se precisa, que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no definió los conceptos de "abierta dilación" y "paralización total" del procedimiento, su determinación debe atender al retardo notoriamente superior al desarrollo normal del proceso jurisdiccional, a partir del principio de plazo razonable, en concordancia con el derecho fundamental de acceso a la justicia, en forma pronta, consagrado en el artículo 17 constitucional. Dicho de otra manera, no cualquier acto que retarde el acceso a la justicia implica una afectación al derecho sustantivo inherente; sino, por el contrario, la regla general es que un acto de esa naturaleza tiene una incidencia meramente adjetiva, y que excepcionalmente algunos de esos actos implican violación al aspecto sustantivo del derecho de acceso a la justicia. Así, a efecto de que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra actos dentro de un procedimiento jurisdiccional en los que se reclame la omisión de la autoridad en emitir el laudo correspondiente, como acontece en la especie, es indispensable que se actualice una abierta dilación del procedimiento, o bien, la paralización total de éste; es decir, no solamente debe tratarse de un retraso en la impartición de la justicia, sino que éste sea de tal manera evidente, actual y lesivo. De ahí que, el eventual retardo en la administración de justicia, que pudieran entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia del juicio de garantías, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan al quejoso un perjuicio irreparable. Es así, porque este órgano jurisdiccional no advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó el propio impetrante en su demanda de derechos fundamentales, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, quedaron emplazadas las demandadas en el expediente laboral 197/2017; por lo que, si el quejoso señala que el acto reclamado es la omisión de la responsable de señalar fecha para la audiencia de calificación y admisión de pruebas, quiere decir que la audiencia de conciliación demanda y excepciones ya fue celebrada con fecha posterior al emplazamiento -doce de septiembre de dos mil dieciocho-. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y, en el particular se advierte del libelo constitucional que de la fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (trece de septiembre del presente año) a la fecha de la presentación de la demanda -veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho- solo han transcurrido poco más de dos meses. Sobre este particular, como parámetro referencial en cuanto a la temporalidad, conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 12/95, ha establecido que el plazo de duración de un juicio de amparo directo no debe ser necesariamente de seis meses, sino que se debe fincar atendiendo a diversos aspectos, entre ellos la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensión y, en general, las cargas de trabajo. De esta manera, el plazo de seis meses puede considerarse como un término referente para estimar aquellos supuestos en que existe una abierta dilación al procedimiento laboral, vinculando dicha temporalidad con el promedio de resolución de los amparos indirectos en el Circuito, ya que si la violación a los plazos y términos previstos en la legislación laboral no exceden de esos seis meses, sería difícil cumplimentar una posible concesión de amparo, puesto que al quedar firme la sentencia, pudiera darse el caso de que ya se hubiera emitido el laudo correspondiente. Entonces, si desde la emisión del acto reclamado, únicamente ha transcurrido dos meses; en este sentido, al no exceder dicha fecha de tres meses, a la presentación de la demanda de amparo, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. A mayor abundamiento, es pertinente señalar, que el expediente 197/2017, en que el quejoso es parte actora; no es el único asunto sometido a la competencia de la autoridad responsable, esto en razón que como es el conocimiento público y de hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en dicho órgano jurisdiccional existe una carga excesiva de trabajo, y que no cuenta con recursos materiales ni humanos para realizar las diligencias dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo; por esas razones resulta humanamente imposible programar un excesivo número de audiencias, al no contar con el personal suficiente para solventar el trámite de los juicios; siendo necesario que en efecto, se debe examinar cada caso y considerar que el legislador al fijar los plazos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema, resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación correspondiente en la Ley Federal del Trabajo, respecto del plazo para el desahogo de las audiencias respectivas, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, ello debe ser considerado para calificar la actuación de la autoridad en relación a la pronta impartición de justicia. Sirve de apoyo la tesis P./J.32/92, de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 18 del Tomo 57, septiembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO.El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Determinación. De lo expuesto, resulta válido considerar que el juicio de amparo que hoy se promueve resulta improcedente; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Solís Arias, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asiento en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Así las cosas, al efecto, es importante precisar que se actualiza la causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, ya que en cuanto a lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, puesto que los motivos de inejercitabilidad del juicio, se encuentran reglamentados en forma específica en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en cambio, el requisito relativo a "lo manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, opere en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, Tesis: I.1o.A. J/4, de la Página: 890, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". De igual forma, la tesis XVII.2º. J/11, tomo IX, Enero de 1999, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la página 648, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V, de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
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