Miguel Segura Morales
Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Segura Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Subdirector de Coordinación y Análisis de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual devuelve los oficios 33484/2022 y 33485/2022 dirigido a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, reenvíense dichos oficios a su destinatario correcto, lo anterior para que se encuentren debidamente notificados de la determinación de veintinueve de julio del presente año.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General de Procedimientos Constitucionales en ausencia de la Titular de la Unidad General de asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, médiante el cual rinde informe de suspensión de plano, sin que resulte factible proveer al respecto, toda vez que el veintinueve de julio pasado causó ejecutoria y se envió a archivo el juicio en que se actúa.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la determinación de uno de julio del año en curso, en el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la determinación de uno de julio del año en curso, en el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado; por ende, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Del contenido del informe recibido el trece de junio de dos mil veintidós -registrado con el folio 15461-, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en base a lo siguiente. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez reclaman: 1. La detención de la que fueron objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, como consecuencia el traslado, deportación y el procedimiento migratorio seguido en su contra, ello en aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. Como consecuencia de lo anterior la inconstitucionalidad el artículo 111 de la Ley de Migración. I. Causal de improcedencia. Visto el oficio INM/ORSLP/DAJ/0783/VI/2022 y sus anexos, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. II. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio que con posterioridad se consuma de un modo irreparable por haber operado un cambio de situación jurídica, debido a que un eventual pronunciamiento podría afectar la nueva situación imperante. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los elementos que dan origen a la causal de improcedencia de que se trata, a saber: a). Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el amparo y la nueva resolución. Al respecto es aplicable la Tesis 2a. CXI/96, cuyo contenido es el siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." III. Antecedentes del acto reclamado De las constancias de los expedientes relativas a los Procedimientos Administrativos Migratorios instaurados a los quejosos -a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en razón de que la autoridad responsable formuló la manifestación a que se refiere el numeral 3°, fracciones I, V y VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; esto es, que las documentales digitalizados, presentadas de manera electrónica, son copia íntegra e inalterada del documento impreso- se advierten los siguientes antecedentes: - Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez. 1. Mediante oficios SCVMSLP/217/IV/2022 y SCVMSLP/229/V/2022 de uno y cinco de dos mil veintidós, respectivamente, el Coordinador de Unidad en Áreas de Servicios Migratorios, puso a disposición a los quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez, ante el Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por no contar con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país 2. Por acuerdos de uno y cinco de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí adscrito a la Oficina de Representación en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración, decretó el inicio de Procedimiento Administrativo Migratorio con los expedientes 2020, 2034 y 2149, a efecto de resolver la situación migratoria de Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez. 3. En diverso acuerdo de esa misma fecha, la autoridad responsable decretó el alojamiento temporal de los quejosos en la Estación Migratoria de San Luis Potosí. 4. Seguido el procedimiento migratorio por sus etapas, el veintisiete y treinta y uno de mayo de este año, se dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo seguido contra los quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez, por imposibilidad para cumplirlo, al haberse sustraído del control de firmas ante la autoridad responsable. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. IV. Caso concreto De los antecedentes narrados se advierte que la detención de los quejosos deriva de un procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. Asimismo, se advierte que los quejosos se sustrajeron del control de firmas ante la autoridad responsable, por lo que se dictó acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo seguido contra los quejosos, por imposibilidad para cumplirlo. Circunstancias que acreditó la autoridad responsable con las constancias que remitió en copia certificada, anexas al oficio de cuenta; las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo aplicable. En esa tesitura, este órgano de control constitucional no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo seguido contra los quejosos, que es la que rige la situación jurídica de Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. V. Decisión. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados considerablemente por la conclusión del procedimiento migratorio instaurado a la quejosa; por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues, se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. De modo que, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. No obsta lo anterior, el hecho de que el quejoso reclame la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, ya que, según la técnica que rige al amparo contra normas generales, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por ser éste el que precisamente causa perjuicio al promovente de amparo y no el ordenamiento jurídico que se tilda de inconstitucional. De esto se sigue que deba analizarse, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Ahora, la parte quejosa acude a esta vía de control constitucional a cuestionar la constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración a raíz de un acto de aplicación de dicha norma y que hace consistir en la detención de que fue objeto en la Estación Migratoria en San Luis Potosí; asimismo, respecto de dicho acto de aplicación el presente juicio es improcedente. Por tanto, impone sobreseer respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora (diez horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós) señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Visto. Por otra parte, visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte que los quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez no comparecieron a firmar a este Juzgado los días viernes trece de mayo al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ello en cumplimiento a las obligaciones que se le impusieron para que siga surtiendo efectos la suspensión de plano. Esto, toda vez que en acuerdo de siete de mayo de dos mil veintidós, se concedió Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito Pérez, la suspensión de plano para el efecto de que cesara la incomunicación de que eran objeto y para que no se llevara a cabo la deportación, expulsión, proscripción o destierro del y para que sin demora cesara su detención y, se le requirió para que cumplieran con los siguientes requisitos: "-Se requiere a los quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito para que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señalen cuál es el domicilio en el cual residirán dentro de esta ciudad. -Asimismo, hágase del conocimiento de los quejosos, que no podrá ausentarse sin previa autorización otorgada por este Juzgado. - Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, comuníquese al quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito que deberá comparecer a este Juzgado los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil -en caso de que se encuentren en esta ciudad-, para lo cual de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ", a fin de que puedan estar en posibilidades de levantar la comparecencia correspondiente. También, se impone a los quejosos la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, cuantas veces sean requeridos para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados." Lo cual les fue debidamente notificado el siete de mayo de dos mil veintidós. Por lo que, en observancia a lo anterior, a la fecha los quejosos Miguel Segura Morales, David Jesús Barreto Amesty y Danamar Nataly Rito no han comparecido a este Juzgado a cumplir con las obligaciones impuestas por parte de este juzgado en la suspensión de plano decretada a su favor. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, queda sin efectos la suspensión de plano decretada en los términos señalados en proveído de siete de mayo de dos mil veintidós. Conocimiento de autoridades. Mediante oficio que se gire, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
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