Miguel Santiago Tejera Tovar

Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Miguel Santiago Tejera Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de once de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Miguel Santiago Tejera Tovar; en tales condiciones, se declara que el mismo ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo,

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de cuenta, promovida por Miguel Santiago Tejera Tovar, por propio derecho, contra actos que atribuye a la Directora General de Desarrollo Urbano, con residencia en esta ciudad. Se ordena registrar la demanda bajo el juicio de amparo 484/2023-VIII, y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causal de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que se refiere el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, precepto que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...)." Lo resaltado es propio." Ahora bien, es de destacar que los actos que se reclaman en el presente asunto son los mismos que se reclamaron en el diverso juicio de amparo indirecto 476/2023-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional, que lo son: "A) La respuesta de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, contenida en el oficio DGDU/JUR/102/2023, emitida por esa autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dentro dek juicio de amparo 89/2023-VII-T, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en esta ciudad; notificada al suscrito quejoso por conducto de mi abogado autorizado el dieciocho de abril de dos mil veintirés. B) La decisión emitida por la autoridad responsable en ese oficio DGDU/JUR/102/2023, de no otorgarme la licencia de funcionamiento para desarrollar mi actividad comercial de casa de cambio o centro cambiario, denominado "EL POSTE, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.", ubicado dentro de la plaza comercial denominada punto Vaesco, en la avenida Internacional número 2013-1, de la colonia Río Bravo, de esta ciudad. C) El impedimento o prohibición de ejercer mi actividad comercial y, por ende, la violación a mi libertad de trabajo. D) Medularmente, el reclamo del suscrito quejoso es que esa autoridad responsable deje sin efectos el oficio DGDU/JUR/102/2023 por carecer de la debida fundamentación y motivación; que emita otro acto administrativo (nuevo oficio) en el que se ordene expedir a mi favor la licencia de funcionamiento para desarrollar mi actividad comercial; que se abstenga de usar o inaplique la serie de preceptos normativos que invoca en su oficio recurrido, por ser erróneos, ilegales, indebidos e inaplicables al presente asunto, y, que se abstenga de prohibir mi derecho a la libertad de comercio". De igual manera, cabe señalar que a las nueve horas con treinta minutos del ocho de mayo del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio firmado por la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, dictado en el amparo indirecto 434/2023 de su índice, en el que estimó dejar de conocer del citado asunto por conocimiento previo, razón por la cual remitió los autos a este órgano jurisdiccional, se radicó y se registró como juicio de amparo 476/2023-VIII, mismo que fue admitido a trámite el nueve de mayo siguiente; se solicitaron el informe justificado y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Posteriormente, el Oficial de Partes de este órgano jurisdiccional, turnó diversa demanda electrónica firmada por Miguel Santiago Tejera Tovar, por propio derecho, la cual, como se indicó, fue radicada con el número de juicio de amparo 484/2023-VIII, de la que se advierte que se trata de la misma parte quejosa, actos reclamados y autoridad responsable señalada en el diverso juicio de amparo 476/2023-VIII, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito. Tiene aplicación la tesis, XXII.J/12 de los Tribunales Colegiados De Circuito, consultable en el Tomo V, Enero de 1997, página 295 del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Novena Época, con registro digital 199531, del rubro y tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De lo anterior, se evidencia que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, en de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.57/2018 de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829, Libro 60, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2018, Materia, Común, Décima Época, de registro digital 2018315, de la siguiente literalidad: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En otro orden de ideas, en términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Juárez, número 262 de la Colonia Centro, en esta ciudad y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Raúl Gerardo Martínez Soria, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo la secretaria cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico coincida con el expediente electrónico Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de cuenta, promovida por Miguel Santiago Tejera Tovar, por propio derecho, contra actos que atribuye a la Directora General de Desarrollo Urbano, con residencia en esta ciudad. Se ordena registrar la demanda bajo el juicio de amparo 484/2023-VIII, y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causal de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que se refiere el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, precepto que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...)." Lo resaltado es propio." Ahora bien, es de destacar que los actos que se reclaman en el presente asunto son los mismos que se reclamaron en el diverso juicio de amparo indirecto 476/2023-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional, que lo son: "A) La respuesta de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, contenida en el oficio DGDU/JUR/102/2023, emitida por esa autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dentro dek juicio de amparo 89/2023-VII-T, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en esta ciudad; notificada al suscrito quejoso por conducto de mi abogado autorizado el dieciocho de abril de dos mil veintirés. B) La decisión emitida por la autoridad responsable en ese oficio DGDU/JUR/102/2023, de no otorgarme la licencia de funcionamiento para desarrollar mi actividad comercial de casa de cambio o centro cambiario, denominado "EL POSTE, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.", ubicado dentro de la plaza comercial denominada punto Vaesco, en la avenida Internacional número 2013-1, de la colonia Río Bravo, de esta ciudad. C) El impedimento o prohibición de ejercer mi actividad comercial y, por ende, la violación a mi libertad de trabajo. D) Medularmente, el reclamo del suscrito quejoso es que esa autoridad responsable deje sin efectos el oficio DGDU/JUR/102/2023 por carecer de la debida fundamentación y motivación; que emita otro acto administrativo (nuevo oficio) en el que se ordene expedir a mi favor la licencia de funcionamiento para desarrollar mi actividad comercial; que se abstenga de usar o inaplique la serie de preceptos normativos que invoca en su oficio recurrido, por ser erróneos, ilegales, indebidos e inaplicables al presente asunto, y, que se abstenga de prohibir mi derecho a la libertad de comercio". De igual manera, cabe señalar que a las nueve horas con treinta minutos del ocho de mayo del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio firmado por la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, dictado en el amparo indirecto 434/2023 de su índice, en el que estimó dejar de conocer del citado asunto por conocimiento previo, razón por la cual remitió los autos a este órgano jurisdiccional, se radicó y se registró como juicio de amparo 476/2023-VIII, mismo que fue admitido a trámite el nueve de mayo siguiente; se solicitaron el informe justificado y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Posteriormente, el Oficial de Partes de este órgano jurisdiccional, turnó diversa demanda electrónica firmada por Miguel Santiago Tejera Tovar, por propio derecho, la cual, como se indicó, fue radicada con el número de juicio de amparo 484/2023-VIII, de la que se advierte que se trata de la misma parte quejosa, actos reclamados y autoridad responsable señalada en el diverso juicio de amparo 476/2023-VIII, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito. Tiene aplicación la tesis, XXII.J/12 de los Tribunales Colegiados De Circuito, consultable en el Tomo V, Enero de 1997, página 295 del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Novena Época, con registro digital 199531, del rubro y tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De lo anterior, se evidencia que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, en de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.57/2018 de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829, Libro 60, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2018, Materia, Común, Décima Época, de registro digital 2018315, de la siguiente literalidad: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." En otro orden de ideas, en términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Juárez, número 262 de la Colonia Centro, en esta ciudad y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Raúl Gerardo Martínez Soria, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo la secretaria cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico coincida con el expediente electrónico Notifíquese personalmente al promovente.

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