Miguel Santaularia Tomas
Expediente 1253/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Santaularia Tomas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho numeral. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1253/2021-III, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnada el doce siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, xxxxxxxx, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra el acto que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistente en la resolución de siete de junio del propio año, dictada en el expediente 566/2017, relativa al recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el auto de once de mayo del año que transcurre, el que se le previno para que exhiba la póliza de gastos de seguros mayores actualizada, de la que son beneficiarias sus hijas menores, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término señalado, se impondría una multa por la cantidad de setecientos noventa y dos pesos, con cuatro centavos, moneda nacional. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento a la prevención de trece de julio de dos mil veintiuno, mediante acuerdo de diecinueve de julio citado, se determinó la separación de juicios, para que los actos inicialmente reclamados por la parte quejosa, fueran estudiados de forma independiente; en consecuencia, se tramitó el juicio de amparo en que se actúa, únicamente por cuanto al acto consistente en la resolución interlocutoria de siete de junio del año en curso, dentro de los autos del expediente 566/2017. En el referido auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente juicio; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, Ana Paula Ysita Muñiz y sus menores hijas I.S.Y y V.S.Y., lo que se hizo oportunamente; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió y tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene que el quejoso reclama lo siguiente: - La resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 566/2017, relativa al recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el diverso acuerdo de once de mayo de la referida anualidad, en la que se le previno al ahora quejoso, para que exhiba la póliza de gastos de seguros mayores actualizada, de la que son beneficiarias sus hijas menores, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término señalado, se impondría una multa por la cantidad de setecientos noventa y dos pesos, con cuatro centavos, moneda nacional. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, porque así lo afirmó expresamente al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 566/2017, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales, promovido por Ana Paula Ysita Muñiz, en contra del citado quejoso Santaularia Tomas, mismas que remitió la Juez responsable como justificación de su acto. La documental remitida por dicha responsable, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido remitida y autorizada por autoridad judicial en ejercicio de su función. CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo; por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, se estima que el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa al promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que el promovente señala como acto reclamado la resolución emitida por la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en fecha siete de junio del propio año, dentro del expediente 566/2017, relativa al recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra el auto de once de mayo del año que transcurre, en el que se le previno para que exhiba la póliza de gastos de seguros mayores actualizada, de la que son beneficiarias sus hijas menores, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término señalado, se impondría una multa por la cantidad de setecientos noventa y dos pesos, con cuatro centavos, moneda nacional. De las constancias que remitió la responsable a su informe justificado, se aprecia que la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en fecha once de mayo de dos mil veintiuno, previno al quejoso MIGUEL SANTAULARIA TOMAS, a fin de que exhiba la póliza de gastos de seguros mayores actualizada de la que son beneficiarias su hijas menores de edad, formulando para ello un apercibimiento de multa. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa, interpuso recurso de revocación ante la autoridad responsable, el cual fue resuelto mediante resolución interlocutoria de siete de junio del año en curso, que determinó que no había procedido el referido recurso de revocación, y por ende, se declaraba firme el auto de once de mayo de dos mil veintiuno. Previamente a ello, debe relatarse que el ahora quejoso en fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, presentó ante la responsable, un escrito en el que exhibía la póliza número 19048/01, emitida en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con motivo del Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual/Familiar contratado por el promovente de amparo, con una vigencia del trece de diciembre de dos mil veinte al trece de diciembre de dos mil veintiuno; memorial que fue acordado por la autoridad responsable en fecha quince de junio de la presente anualidad. De igual forma, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en autos del juicio de amparo 1337/2019 del índice de este Juzgado, obra la resolución emitida por la Jueza Sexto de Oralidad responsable, dentro del propio expediente de origen 566/2017, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, en el que la responsable se pronunció respecto de los recursos de revocación interpuestos por el quejoso Santaularia Tomas y la ahora tercero Ana Paula Ysita Muñiz, en contra de la parte conducente del acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho. Dicha resolución, resolvió lo conducente a la pensión alimenticia otorgada a favor de la tercero y sus menores hijas, estableciendo los montos y rubros que debían considerarse, entre los que se encontraba el otorgamiento y continuación de una póliza de gastos médicos mayores en el que fueran beneficiarias las menores hijas de los citados recurrentes. Resulta dable citar, en el caso, la jurisprudencia con número de tesis VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." De lo narrado anteriormente, se obtiene que la resolución emitida por la responsable en el recurso de revocación que el quejoso reclama en el presente juicio de amparo, no le causa un agravio real y directo en virtud de lo siguiente: 1.- La prevención formulada a la parte quejosa, no le irroga un perjuicio a su esfera de derechos que surja a partir del auto de once de mayo o de la resolución interlocutoria de siete de junio, ambas de dos mil veintiuno, pues como se advierte de las constancias anexas al informe justificado remitido por la responsable, la póliza número 19048/01, tiene fecha de expedición anterior a los citados autos, pues fue emitida en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, y tiene una vigencia que abarca del trece de diciembre de dos mil veinte al trece de diciembre de dos mil veintiuno. 2.- La consideración de que una la póliza de gastos médicos mayores a favor de las menores quejosas sea considerada dentro de la pensión alimenticia decretada a favor de las menores hijas del promovente, se determinó en la resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que en todo caso, es esa determinación la que afecta de forma directa la obligación del quejoso de cubrir la misma, y no el auto donde se le solicitó la presentara materialmente ante la Jueza responsable. En ese sentido, es de concluirse que el acto reclamado no produce una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio en su esfera jurídica, pues independientemente de los motivos por los cuales la Juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de mayo de dos mil veintiuno, lo cierto es que ni esta última determinación ni la que, lo confirma, le causa un agravio a su esfera de derechos, por lo que no puede ser sujeto al análisis en el juicio de amparo intentado, pues esta vía constitucional se encuentra reservada a aquéllos actos que produzcan una afectación material a los derechos del gobernado, lo que en la especie no acontece, pues a través de la actuación que se atribuye a la responsable, no se violentan los derechos fundamentales del promovente. Lo anterior es así, pues como se ha sostenido, el acto que afecta la esfera de derechos del quejoso y que lo obliga a cubrir un seguro de gastos médicos mayores a favor de sus menores hijas, lo constituye la resolución de seis de mayo del año en curso, que determinó lo conducente al pago de la pensión alimenticia y los conceptos integradores de ésta; resolución que incluso aún se encuentra sujeta a análisis judicial, pues en contra de ella, el directo quejoso promovió el juicio de amparo, quedando registrado éste con el número 919/2021 y acumulado, del índice de este Juzgado. De lo expuesto, se advierte que la prevención formulada a la parte quejosa en el acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, cuya firmeza se declaró mediante interlocutoria de siete de junio siguiente, aquí reclamada, únicamente tuvo por objeto requerir al quejoso la exhibición de un documento que ya obraba en su poder, esto es, que no fue gestionado con motivo de ese requerimiento y, en todo caso, la obligación de pago de esa prestación médica a favor de las menores acreedoras, deriva de la fijación de la pensión, contenida en la diversa sentencia de seis de mayo de dos mil veintiuno; por lo que, se insiste, se trata de una actuación dentro del procedimiento que no le irroga un perjuicio directo en sus derechos. De ahí que el acto reclamado no pueda considerarse como de aquello que produzca una afectación personal y directa al quejoso, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica y, en consecuencia, que lesiona alguno de sus derechos fundamentales. Sin que se soslaye que en el acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, cuya firmeza se declaró mediante interlocutoria de siete de junio siguiente aquí reclamada, se apercibió al quejoso con multa en caso de incumplimiento; puesto que lo cierto es que, de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que no se hizo efectiva dicha sanción no en un futuro tendría lugar, al haberse exhibido ya el documento requerido a satisfacción del juzgado. En consecuencia, se actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional; procede sobreseer el presente juicio de amparo. En mérito de todo lo antes expuesto, no puede entrarse al estudio de fondo planteado respecto del acto reclamado y en consecuencia procede sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, registro 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por xxxxxxxxx, contra el acto que reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 566/2017; por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Miguel Santaularia Tomas, por medio del cual designa a RAFAEL JIMÉNEZ ARCEO, como autorizado para el uso de aparatos electrónicos, y para recibir copias en representación del quejoso. Ahora bien, atento a la cuenta que antecede, se advierte que se encuentra pendiente de dictar la resolución correspondiente en este juicio de amparo, y toda vez que el escrito de la parte quejosa se presentó en fecha posterior a la fijada para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, fórmese cuadernillo de antecedentes para que sea agregado el memorial de cuenta. No obstante lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al quejoso y su autorizado, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 412/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercero se niegue la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, solicita le sea proporcionada la copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo, autorizando a que la reciba la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Ahora bien, de la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en auto de diecisiete de agosto del año en curso, respecto del informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estrado, con sede en esta ciudad. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y ÚN MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." NOTIFÍQUESE.
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