Miguel Sánchez Troncoso

Expediente 20/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Miguel Sánchez Troncoso
  • Dafne Soria Flores
  • DAFNE SORIA FLORES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de enero de dos mil veintitrés. I. Escrito -devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la autorizada en términos amplios del denunciante; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvanse los documentos que acompañó a su escrito de denuncia, dejando en su lugar, copia de los mismos, la cual deberá estar perfectamente legible y razón que de su recibo quede en autos. Notifíquese; vía electrónica a la parte denunciante.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que desechó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que en proveído nueve de noviembre del año en curso, se emitió el proveído por el que se tuvo por recibida la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad en la que se asentó el nombre del denunciante como ..., siendo lo correcto ...; asimismo se asentó que la declaración de imposibilidad de resolver la solicitud de autorización para el consumo personal del estupefaciente cannabis lo era respecto del folio ... de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, siendo lo correcto ... de nueve de mayo de dos mil veintidós. En ese sentido, aun cuando en el proveído que proveyó sobre la denuncia que dio origen al presente juicio, se indicó que el nombre del denunciante era ..., se hace la aclaración que del análisis de los documentos exhibidos se desprende que el nombre correcto es..., asimismo que el folio motivo de la denuncia que se estudió en dicho proveído lo fue el ... de nueve de mayo de dos mil veintidós. Expuesto lo anterior, se hace del conocimiento de la parte denunciante que queda intocado el estudio respecto del cual se desechó la denuncia de referencia, lo anterior en virtud de que la aclaración realizada lo es únicamente respecto del nombre del denunciante así como del folio motivo de la respuesta dada a la solicitud de dicha parte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa vía electrónica.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de noviembre de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ...., por actos atribuidos al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 20/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima notoriamente improcedente la presente denuncia, en razón de las siguientes consideraciones: En primer término, el artículo 210 de la Ley de Amparo establece que, si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica el artículo ahí invalidado en perjuicio de alguna persona, esta puede denunciar los actos frente a una o un juez de distrito y este, a su vez, de ser el caso, requerirá a las autoridades denunciadas para que dejen sin efectos los actos que contengan dicha aplicación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo número 6/2019, en lo que interesa, estableció: "[.] 44. En este sentido, conviene apuntar que al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 1/2017, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el sistema previsto en el artículo 210 de dicho ordenamiento, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como presupuesto indispensable que exista una aplicación de la norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga a dicha denuncia versará precisamente sobre si en efecto se llevó a cabo esa aplicación o no. 45. Incluso, esta idea se refuerza con la revisión del procedimiento legislativo de expedición de la Ley de Amparo vigente, en el que las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, en su dictamen como Cámara de Origen, expresaron que la reforma: ". Actualiza las figuras en la Ley de Amparo que dan un medio de defensa contra la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad, para que también sea un medio de defensa cuando se apliquen normas declaradas inconstitucionales en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad." Énfasis añadido. 46. Como se puede apreciar, el Congreso de la Unión ha desarrollado un sistema de defensa compuesto por la denuncia y el recurso de inconformidad, que permite a la ciudadanía protegerse de la autoridad que aplique en su perjuicio una norma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 47. De ahí que si en el caso el acto que dio lugar a la denuncia fue la decisión del Poder Reformador de la Constitución del Estado de Jalisco de suprimir del texto constitucional la porción normativa en la que se establecía el derecho de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a recibir un haber de retiro, resulta claro que se trata de un reclamo que no deriva de la aplicación de la norma general declarada inválida por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 y, por tanto, resulta improcedente el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. [.]." En ese sentido, se tiene que la denuncia prevista en el citado artículo 210, tiene por objeto analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido en contra de cualquier persona, lo que conlleva verificar el cumplimiento de tres requisitos indispensables, a saber: (i) que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (ii) que haya surtido sus efectos dicha declaratoria y, (iii) que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. Ahora bien, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Por ende, estimó conveniente notificarle tal fallo a dicha dependencia y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión, es decir, según se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. De modo que, a partir de esa fecha, es decir, del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos normativos invalidados, así como otorgó a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, vía el presente procedimiento sumario. Ahora en el caso, el denunciante reclama al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro la declaración de imposibilidad de resolver la solicitud de autorización para el consumo personal del estupefaciente cannabis registrada con el folio ....., de dieciocho de mayo dos mil veintidós. Ahora bien, del contenido del artículo 210 de la Ley de Amparo, que regula la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se advierte que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. Dicho artículo también refiere que la denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, se tiene que el "afectado" debe en primer momento acreditar ante el Juez de Distrito la existencia de un acto positivo, para que entonces se determine si las normas declaradas inconstitucionales, fueron o no aplicadas perjuicio de la parte promovente. Al respecto, se tiene que existen los llamados actos positivos y negativos, entendiéndose los primeros como una actuación, una conducta activa, un hacer o un dar; en tanto que los segundos consisten en una abstención, una inacción, es decir un rehusar por parte de la autoridad denunciada. Por lo que, si el denunciante reclama la respuesta de la referida autoridad en donde se declara la imposibilidad para evaluar la autorización para la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos del estupefaciente cannabis registrada con el folio ..... En ese sentido, no se actualiza el tercer supuesto requerido para la procedencia de la denuncia, toda vez que no se advierte que la autoridad haya inobservado en perjuicio del promovente lo previsto en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; y, 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que sus alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Sin que pueda abordarse el estudio de una actualización o no de una negativa ficta al no ser materia del presente asunto. De ahí que, ni expresa ni implícitamente se considera que la autoridad denunciada ha aplicado en perjuicio del promovente las normas declaradas inconstitucionales a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con el argumento de que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición realizada sobre autorización de consumo de dicho elemento, no se está en presencia de un acto positivo o negativo fundado en la norma declara inconstitucional. Por ende, al no actualizarse el tercer supuesto de procedencia de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, resulta notoriamente improcedente dicha denuncia por lo que debe desecharse de plano, con apoyo en el artículo 210, en relación con el diverso 201, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. IV. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. V. Autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a ..... por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VI. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta y notificaciones electrónicas del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "....." registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta y notificaciones electrónicas del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones electrónicas de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. IX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. otifíquese; y de forma electrónica a la parte denunciante.

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