Miguel Sánchez Contreras
Expediente 716/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miguel Sánchez Contreras
- Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa.
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Salvador Alcaraz Manjarrez, en su carácter de apoderado legal de Miguel Sánchez Contreras, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerla acreditada ante la autoridad responsable, según se advierte del acta de notificación realizada en el juicio laboral 27-04/2019, por el Secretario en funciones de Actuario adscrito al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 716/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte de manera manifiesta e indudable que el juicio constitucional es improcedente, y por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En síntesis, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". (Octava Época. Registro 221353. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII. Noviembre de 1991, materia común, página 198). En el caso, se actualiza la improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto procesal no afecta materialmente derechos sustantivos del impetrante. La procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio se reserva a los que tengan una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando la violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el amparo directo. Esto es, que la afectación que produzcan dentro del procedimiento judicial en el que se emitió, trascienda a los derechos fundamentales tutelados por la Carta Magna y tratados internacionales (la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares), con la aparejada imposibilidad de reparación. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan dentro del procedimiento para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Conclusión a la que arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. (Tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la publicación semanal de 26 de junio de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación) Sobre esa base, la resolución dictada el seis de octubre de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 27-04/2018, del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Escuinapa, Sinaloa, que declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el amparista, no incide en su esfera de derechos sustantivos, sino en todo caso, en la posición procesal que asume dentro del juicio natural. Toda vez que el reconocimiento de la personalidad del apoderado de la parte demandada en el juicio, (base esencial del acto reclamado), provoca que el contradictorio natural prosiga en cada una de sus fases, lo cual de ningún modo reviste la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que existe la posibilidad de que las consecuencias de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga laudo favorable a sus intereses. Consecuentemente, la resolución que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el apoderado legal del aquí quejoso (parte actora en el juicio natural), no conculca materialmente algún derecho sustantivo, constituyendo entonces una mera violación procesal reclamable en la vía de amparo directo, acorde al artículo 171, en relación con la fracción I, del diverso numeral 170, de la Ley de Amparo. Entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que el acto que se reclama no causa un perjuicio irreparable al demandante de protección constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida en sesión celebrada el veintidós de mayo del año en curso, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013). No obsta a la anterior determinación de desechamiento de demanda, los criterios invocados por la quejosa en su demanda de amparo de rubros: "PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE DEL PATRÓN. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA JUNTA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR HUBIERA ACEPTADO LA OFERTA DE EMPLEO" y "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LO RESUELTO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, NO SE TORNA IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA CON MOTIVO DEL DICTADO DEL LAUDO EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.110/2004). En efecto, si bien dichos criterios son emitidos por el Máximo Tribunal del País, en los que se trató el tema de la procedencia del amparo indirecto promovido contra el reconocimiento de la personalidad de una de las partes en un juicio laboral, debe decirse que los mismos fueron pronunciados con la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; de ahí que no sean aplicables al caso en particular, pues como el acto reclamado data del seis de octubre de dos mil diecinueve, la Ley de Amparo que cobra vigencia en el presente asunto, es la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Es decir, en la actual Ley de Amparo, se ofrece precisión para comprender mejor el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación; por tanto, los criterios invocados por la quejosa no resultan aplicables en tanto que resultan incompatibles con el nuevo texto legal, en el cual se estableció que para considerar un acto como irreparable debe contar con la afectación que producen a derechos sustantivos y la naturaleza material de la lesión que producen, expresiones que no se actualizan al tratarse de resoluciones que dirimen temas de personalidad de las partes, como el que plantea la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, se desecha de plano la demanda promovida por Salvador Alcaraz Manjarrez, en su carácter de apoderado de Miguel Sánchez Contreras; en virtud de que se actualiza causa de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. IV. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Salvador Alcaraz Manjarrez y Martha López Guerrero, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Se autoriza consulta vía electrónica. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para consultar vía electrónica a Salvador Alcaraz Manjarrez, con nombre de usuario "SALVADORALCARAZ", del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. VI. Autorización de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorícese el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente expediente. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.
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