Miguel Samuel Anguinaco Hermosillo

Expediente 737/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
737/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Miguel Samuel Anguinaco Hermosillo

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto obra un documento exhibido por la parte quejosa de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en certificación de esta fecha, el documento que exhibió la parte quejosa no está catalogado como original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirá junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para su obtención, se deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que el horario de este Juzgado es de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común número seis en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 737/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, del estudio íntegro de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común número 6 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, de dar respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación ***. Este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones II y V, la última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, existen actos que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. Sobre esa base, se precisa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia que se considera aplicable por analogía, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS"; sostuvo que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto admita o dicte providencias tendentes a conocer la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, esto es, aquellos en que las partes tienen derecho a obtener respuesta completa a sus pretensiones. En consecuencia, estableció que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta cuando se promueva contra actos de esta naturaleza intermedia, a menos que se advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o una paralización total de éste, pues en tal caso el juicio será procedente por excepción. Al respecto, a consideración de este juzgado, dicho criterio resulta aplicable al ejercicio de derecho de petición, como en el caso acontece, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto surge para evitar la continuación o ayudar a que cese la transgresión a ese derecho, acotando el margen temporal de actuación del funcionario, empleado o de la autoridad, a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen. En ese orden, como se adelantó, en la demanda se alega la omisión de dar respuesta a su petición presentada el día seis de agosto del año en curso, en la que solicitó pronunciarse sobre la determinación de archivo definitivo de la carpeta de investigación ***, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto es necesario que se cumpla una de las dos condiciones fundamentales precisadas en párrafos precedentes, esto es, que se advierta una abierta dilación en la falta de contestación. Sin embargo, la afectación que provoca el citado acto reclamado no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, puesto que respecto de la omisión reclamada no es autónoma del procedimiento de origen, ni se advierte que ocasione su paralización total. Además, se precisa que dicha omisión no priva al quejoso del goce de algún derecho sustantivo, al tratarse de una petición respecto al pronunciamiento de archivar la carpeta de investigación de origen, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, específicamente la falta de respuesta a una petición expresa sobre el trámite correspondiente. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En congruencia con lo anterior, en el caso concreto, al encontrarse en presencia del ejercicio de derecho de petición, tal cuestión es de naturaleza administrativa, al tener como intención obtener la respuesta al escrito aludido, sin que sea de trascendencia el contenido de la solicitud, ni si la omisión de su respuesta impacta en diversos derechos, pues lo que se busca es obtener contestación a la petición. Correspondiente. En el caso, como se adelantó, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la responsable de dar respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación ***. Motivo por el cual, esa circunstancia, en el caso, debe regirse por lo estipulado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y no en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo hace valer el quejoso; dado que, lo que se privilegia es el ejercicio del derecho de petición. Bajo ese panorama, se tiene que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, de los consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Se afirma lo anterior, pues a consideración de este juzgado, no exista una abierta dilación de la responsable para atender la petición formulada por el inconforme, puesto que, contrario a lo que el quejoso alega, el numeral 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, establece lo siguiente: "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Del numeral transcrito se obtiene que las autoridades administrativas deberán contestar por escrito las peticiones formuladas por particulares, sin embargo, a falta de disposición expresa, deberán producir su respuesta dentro de un término que no exceda de tres meses a partir de la recepción la respectiva solicitud. Ahora, de la propia manifestación del quejoso, así como del anexo que remite, se advierte que el seis de agosto de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad responsable la solicitud que formuló, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo como lo permite su numeral 2, por lo que el terminó de tres meses para dar contestación a su petición transcurre del seis de agosto al seis de noviembre del presente año. Entonces, si la demanda se presentó el día dos de septiembre de los corrientes, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, es incuestionable que dicho vencimiento todavía no fenece. Lo anterior, evidencia que no existe notoria dilación o negativa por parte de la responsable, pues en el caso, aun subiste el plazo que tiene para producir contestación a las solicitudes del promovemente, por lo que se debe sujetarse a los plazos y términos de la ley que lo rigen. De modo que, en este momento el acto reclamado no provoca sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracciones II y V, la última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES -LISTAS- La promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. En ese sentido, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***, se le tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado de manera expresa. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita al quejoso y al resto de las partes a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Expedita Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.

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