Miguel Salto Herrera
Expediente 1083/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Salto Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-1083/2019-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno. Al respecto, el juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidos los alegatos de la representación social, y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Miguel Salto Herrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Nocupétaro, Michoacán; y, 2. Policía Municipal de Nocupétaro, Michoacán. Acto reclamado: La orden privativa de la libertad girada contra el aquí quejoso, así como su ejecución. Segundo. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados constituyen la orden privativa de libertad la cual se pretende ejecutar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie el acto reclamado consiste en: La orden privativa de la libertad girada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. Tercero. Certeza del acto. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión de la orden privativa de libertad del quejoso, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Salto Herrera, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el cual se ordena dar cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con veinte minutos del seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo III-1083/2019-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en esta ciudad. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de mérito y por precluido el derecho de las partes para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Nocupétaro, Michoacán; y, Policía Municipal de Nocupétaro, Michoacán. Actos reclamados. Pretender privarlo de su libertad personal sin que exista mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. SEGUNDA: Ahora bien, del estado de autos se advierte que no obra el respectivo informe previo de las autoridades responsables antes señaladas; las cuales fueron debidamente notificadas de los autos dictados el ocho y veintidós de octubre del año en curso, respectivamente, donde se les requirió dicho informe, tal como se advierte de la constancia de entrega del servicio postal mexicano y servicio de mensajería acelerada Estafeta con código de rastreo 2658861873, el cual fue entregado a su destinatario, según la constancia de rastreo que obra en autos; sin embargo, constituye un hecho notorio que dentro del juicio del que deriva el presente incidente, el treinta de octubre del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Nocupétaro, Michoacán y Policía Municipal de Nocupétaro, Michoacán, rindiendo su respectivo informe justificado, en sentido negativo. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en pretender privarlo de su libertad personal sin que exista mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, por tanto, y no obstante que dichas autoridades no rindieron sus respectivos informes previos, constituye hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dentro del juicio del que deriva el presente incidente, el treinta de octubre del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Nocupétaro, Michoacán y Policía Municipal de Nocupétaro, Michoacán, rindiendo su respectivo informe justificado, en sentido negativo. Atento a lo anterior, se tienen a las autoridades responsables Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Nocupétaro, Michoacán y Policía Municipal de Nocupétaro, Michoacán, negando los actos reclamados que se les reclaman en el incidente de suspensión en el que se actúa, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo procede negar la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página ciento treinta y tres, tomo ll, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Miguel Salto Herrera, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables señaladas en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en la consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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