Miguel Salas Zetina
Expediente 77/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Miguel Salas Zetina
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veinticinco de noviembre del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y a la fecha ha transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído; por tanto, se conservarán únicamente la demanda y sentencia respectiva. Por otro lado, respecto de las documentales exhibidas por la parte quejosa como anexo a su escrito de demandada, toda vez que las mismas se encuentran catalogados como no originales, en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se dejan a su disposición para que comparezca a recogerlos en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obre en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de tres años, tales documentos serán destruidos junto con el expediente. En el entendido de que deberá generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a las instalaciones que albergan este órgano jurisdiccional, a efecto de que le sean devueltos dichos documentos, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario, deberá agendar nueva cita de consulta del expediente, para su entrega-recepción, de lo cual se asentará la razón respectiva. Lo anterior es así, en virtud de que si bien con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la que se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación, cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, ésta se llevará a cabo con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de los justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todos. De manera que al no reactivarse la función jurisdiccional en un contexto de normalidad, implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad, para enfrentar la contingencia, por lo que se requiere el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales utilizando las herramientas que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables y/o tercero interesado que se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de diez de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional al quejoso Miguel Salas Zetina, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. En caso de no haberlo realizado de inmediato notifique a la parte demandada el acuerdo de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 270/2006. 2. Una vez hecho lo anterior y concluido el plazo concedido con libertad de jurisdicción, emita el pronunciamiento respectivo en relación al requerimiento formulado en auto de veinte de enero de dos mil veinte, así también deberá pronunciarse en relación al contenido de las promociones que ordenó agregar en el acuerdo reclamado a fin de determinar si resulta o no procedente vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero al cumplimiento del laudo, todo lo anterior de manera fundada y motivada." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficios 2405/2021 recibido en este órgano jurisdiccional el once de noviembre de dos mil veintiuno (foja 121), la autoridad responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada respecto del auto de diez de enero de dos mil veinte; así como del auto de ocho de noviembre del año en curso, dictado en el expediente laboral 270/2006, en el cual proveyó lo conducente al requerimiento que le formuló en el auto citado en primer término, en el sentido de hacerle efectiva la medida de apremio impuesta al ayuntamiento demandado, por conducto de su Sindico Procurador, consistente en una multa de 450 días de salario mínimo, ordenó girar el oficio correspondiente para materializar dicha multa, y determinó que no era procedente vincular al cumplimiento del laudo a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, porque no parte juicio de origen; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de doce de noviembre del presente año, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista al peticionario del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa vía electrónica el dieciséis de noviembre del presente año, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que se procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al notificar a la parte demandada el auto de diez de enero de dos mil veinte y dictar el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del expediente laboral 270/2006, en los términos precisados en párrafos que anteceden, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández, que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y al efecto remite copia certificada del auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, así como de la constancias de notificación realizada a la parte demandada respecto del diverso auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral 270/2006. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia simple del mismo y con la constancia respectiva; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado federal, emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 8612/2020, de diecinueve de agosto de dos mil veinte, mediante el cual causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento de la misma. Por tanto, se reanuda el procedimiento de ejecución de sentencia en el presente asunto, y para tal efecto se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que de manera inmediata haga entrega del oficio antes citado; lo anterior, tomando en consideración que por diverso oficio 1180/2021, la citada autoridad responsable hizo del conocimiento que reanudó labores el trece de septiembre del año actual; lo anterior, a fin de que la autoridad responsable se imponga de su contenido y esté en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. La determinación que antecede hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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