Miguel Rubio Mercado

Expediente 232/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
232/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Miguel Rubio Mercado

Actuaciones

  1. Principal

    II- Agréguese a los autos para que obren como corresponda las piezas postales que contienen los oficios 7361, 7362 y 7363, a través de los cuales se pretendió notificar a las autoridades responsables Juez de Tenencia, Representante de Bienes Comunales y Director de Seguridad Pública, todos de la Tenencia de Nurio, municipio de Paracho, Michoacán, el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de garantías en que se actúa; lo anterior, en razón al desistimiento del mismo por parte del quejoso Miguel Rubio Mercado. Piezas en las que se similarmente se asentaron las leyendas "07/06/08 1er aviso", "08/06/08 2do aviso", "11/06/08 Ventanilla" y "Rehusado por el Juez de Tenencia de Nurío, Mich." "Rehusado por el Representante de Bienes Comunales de Nurío, Mich." "Rehusado por el Director de Seguridad Pública de Nurío, Mich.". Mientras que en los diversos sobres que contienen los oficios 8212, 8213 y 8214, derivados del proveído de veinte de junio del año en curso, se intentó notificar a las referidas autoridades, el auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, en que se declaró firme el citado proveído de treinta y uno de mayo pasado, ordenándose el archivo del asunto como concluido. Piezas postales en las que de igual forma fueron asentadas las leyendas "26/06/08 1er aviso", "27/06/08 2do aviso", "28/06/08 Ventanilla" y "17/07/18 Rehusado por el Juez de Tenencia de Nurío, Mich." "17/07/18 Rehusado por el Representante de Bienes Comunales" "17/07/18 Rehusado por el Director de Seguridad Pública de Nurío, Mich.". Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que como se advierte en párrafos que anteceden, en proveído de veinte de junio del año en curso, se declaró firme el diverso auto de treinta y uno de mayo pasado, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, ordenándose el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: A la fecha, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado por este Juzgado de Distrito, en que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído, del que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido que se si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo (así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012"), se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que en el respectivo proveído únicamente se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Notifíquese, mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    IV.-Visto el estado que guardan los autos, así como la comparecencia de cuenta, en la que el quejoso Miguel Rubio Mercado, manifiesta que se desiste de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, con todos sus efectos legales. Consecuentemente, téngase al quejoso de referencia por desistido de la acción constitucional que originó el presente juicio de garantías. Ahora, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia; comuníquese el presente acuerdo a las partes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Tiene aplicación sobre el particular, la tesis aislada consultable en la página 240, tomo XI, abril de 1993, Octava época, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 240 que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO: Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinte minutos del tres de julio del año en curso. Finalmente, glósense a los autos para que obren como corresponda los oficios generados con motivo del acuerdo de veintinueve de mayo actual, dirigidos a las autoridades responsables, los cuales, debido a la comparecencia de cuenta, no se hizo necesario su entrega a sus destinatarios. NOTIFÍQUESE, mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    II-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a MIGUEL RUBIO MERCADO, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Juez de Tenencia, con sede en Nurio, Municipio de Paracho, Michoacán y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 232/2018-II. El quejoso manifiesta en su demanda que les asiste el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Juez de Tenencia. Representante de Bienes Comunales. Director de Seguridad Pública. Con sede en Nurio, Municipio de Paracho, Michoacán. De quienes reclama. La privación de la libertad personal del quejoso, ejecutada el siete de mayo del presente año, con motivo de la orden de captura y/o localización girada respecto de su persona. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126, en relación con el 164 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener incomunicado al agraviado directo y hacerlo objeto de tortura física, psicológica o moral, o de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecte su integridad personal; además, de conformidad con el segundo de los numerales invocados, se ordena que sin demora cese la detención del quejoso, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público competente, o bien, si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, se concede la suspensión para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su detención, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, sea puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal competente, como lo establece el artículo 165 de la Ley de la Materia; esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Por ende, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede, debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencias las siguientes: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo tercero, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables, para que rindan su informe vía fax, al teléfono 452 52 8 01 58, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal o telegráfica, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Ahora, el promovente manifiesta, medularmente, que el cuatro de mayo del año en curso, aproximadamente a las trece horas con veinte minutos, al llegar a su domicilio particular ubicado en la población de Nurio, Municipio de paracho, Michoacán, elementos de la Tenencia de Nurio, Michoacán, lo estaban esperando, quienes le dijeron que por órdenes del Juez de Tenencia de esa localidad, tenían que llevárselo detenido; siendo que el cinco de los actuales fue puesto en libertad. Sin embargo, en esta fecha, nuevamente fue privado de su libertad personal, por lo que actualmente se encuentra detenido en una celda de la Comunidad de Nurio, Municipio de Paracho, Michoacán, sin que tenga conocimiento alguno de las causas o motivos por los cuales ha sido detenido. Por tanto, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, a efecto de que se constituya en las instalaciones de la Jefatura de Tenencia de la localidad de Nurio, Municipio de Paracho, Michoacán, o cualquier dependencia en la que existan lugares de reclusión, de esa localidad, a efecto de que localice al quejoso y le notifique el presente proveído. En caso de que no localice al agraviado, deberá investigar el lugar en que pudiera encontrarse, relacionado con las instalaciones de las responsables o en cualquier dependencia en la que existan lugares de reclusión, de todo ello, deberá realizar la debida constancia pormenorizada para los efectos legales conducentes; y de encontrar al quejoso en alguno de estos lugares, deberá proceder en los términos indicados. Asimismo, el servidor público designado a la búsqueda del quejoso, deberá cerciorarse, en su caso, si éste se encuentra o no privado de su libertad, incomunicado o en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida; de estas circunstancias deberá asentar razón detallada. Igualmente, deberá hacer del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el peticionario de garantía, de los términos bajo los cuales le fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo ordenado. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables bajo cuya custodia se encuentre el quejoso Miguel Rubio Mercado, que deberán permitir al Actuario el acceso a todos los lugares y dependencias a que acuda y que sean idóneos para reclusión de personas; de no ser así, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, ya que la violación del presente mandamiento equivale a la comisión de un delito, como lo establece el citado numeral. Sin que resulte necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión en relación con dichos actos reclamados, en razón a lo acordado en párrafos precedentes. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley, con copia de la demanda de amparo, quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación correspondiente; asimismo, remitan, en su caso, todas y cada una de las constancias en que se basaron para emitir el acto reclamado. En el entendido de que el plazo de cinco días que se otorga para rendir el informe de ley, no transgrede norma alguna de la Ley de Amparo, pues de una interpretación teleológica del mencionado artículo 117, se obtiene que no se constriñe a la autoridad de amparo a agotar los quince días que establece, al desprenderse de su contenido literal que el informe debe ser rendido "dentro" del plazo de quince días, lo que permite colegir, que el multicitado informe puede ser requerido en diverso plazo al establecido, pero sin excederlo, lo que además es acorde al artículo 17 Constitucional, al integrar el juicio de amparo de manera más rápida, cuya naturaleza es sumaria, aunado a las particularidades del acto reclamado. Bajo apercibimiento que de no rendir el referido informe dentro del expresado lapso, o no acompañar las constancias necesarias para apoyarlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el precepto 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por señalado como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, sito en calle 5 de Mayo número 54-B, zona centro de esta ciudad; asimismo, como personas autorizadas para tal efecto, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Martínez Belmontes y Javier Serafín Estrada, toda vez que en el sistema del Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existen registradas sus cédulas profesionales que los facultan para ejercer la profesión de licenciados en derecho, bajo los consecutivos 29554 y 89082, respectivamente. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002576 1 de 1 Segunda Sala Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Pag. 1253 Jurisprudencia (Común) NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso.

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