Miguel Romero García
Expediente 798/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Romero García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
México, Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se constata que mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria de amparo la resolución dictada; consecuentemente, se ordena devolver a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancia remitidas en apoyo a su informe justificado. Requiriéndole el acuse de recibo de estilo dentro del término dentro del término de tres días legalmente computados, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo que se concede, se le aplicará una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización. Por otra parte, visto el oficio signado por el Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual acusa de recibo únicamente del oficio, mediante el cual se le requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, con relación a las constancias que menciona, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por oficio a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia que negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es depurable, ya que le fueron concedidas la suspensión provisional y definitiva a la quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de mayo de dos mil veintitrés. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable las constancias que remitió con apoyo a su informe justificado; requiriéndole el acuse de recibo de estilo dentro del término dentro del término de tres días legalmente computados, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo que se concede, se le aplicará una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización de conformidad al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el diverso numeral 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, tomando en consideración que no obran documentos originales exhibidos por las partes en el presente expediente notifíquese por medio de lista el presente proveído. Finalmente, agréguese el oficio signado por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, con las manifestaciones vertidas, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que antecede. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las partes.
- Principal
Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 798/2021-III, promovido por ********, contra actos de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. (.) SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El único concepto de violación expuesto por el quejoso resulta infundado, dado que la acción deducida en el juicio de origen es de carácter civil y no laboral, lo cual se advierte de la naturaleza de las prestaciones demandadas en el juicio de origen, los hechos narrados por la actora, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoyó la demanda. Al respecto, debe precisarse que la competencia por materia debe determinarse tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes, pues así ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 83/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28 Materias Común, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Como se ve de dicho criterio jurisprudencial, para determinar la competencia por materia se debe tomar en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la acción, lo cual puede advertirse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, prescindiendo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, y además, porque de hacerlo vincularía a dicho órgano jurisdiccional en un aspecto de fondo que corresponde solo a él resolver con base en los hechos y las pruebas aportadas por las partes. Ahora bien, como se advierte de las constancias remitidas por la Sala responsable como apoyo a su informe justificado, valoradas en líneas que anteceden, se advierte que mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve, el Instituto quejoso demandó del aquí peticionario de amparo, en la vía especial hipotecaria, las siguientes prestaciones: "a).- Por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito objeto de la litis, de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria base de la acción y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. b).- El pago de 114.7797 VSMGMV en el D.F. (Veces Salario Mínimo General Mensual Vigente en el Distrito Federal), equivalente a la fecha de presentación de esta demanda a la cantidad de $294,811.20 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 20/100 MN), por concepto de suerte principal, cantidad líquida resultante de multiplicar el factor mensual de 30.4 por el Salario Mínimo Diario Vigente en la Ciudad de México, teniendo en cuenta el decreto de la fecha en donde se establece la existencia del UMA (Valor de la Unidad de Medida y Actualización UMA para 2017, establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 2017, vigentes a partir del 01 de Febrero de 2017), siendo éste actualmente de $84.49 (OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.), solicito se me tenga por reconocido el cálculo por el monto del valor del UMA, y lo que resulte, multiplicarlo por las Veces Salario Mínimo General Mensual Vigente en el Distrito Federal, cantidad que deberá ser actualizada en ejecución de sentencia (.) c).- El pago de intereses generados por los saldos insolutos, más los que se sigan generando a razón del porcentaje pactado y en base a lo narrado en el hecho 3.- de esta demanda y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); lo que será actualizado en ejecución de sentencia. d).- El pago por concepto de Intereses Moratorios generados, más los que se sigan generando a razón del porcentaje anual pactado sobre el monto de las amortizaciones omisas de acuerdo a lo narrado en el hecho 4.- de este escrito inicial de demanda; lo que será calculado en ejecución de sentencia." Asimismo, se advierte que la demanda ejercida se basó, entre otros, en los siguientes hechos. ".1.- Mediante Instrumento ********** Bajo LA INSCRIPCIÓN NÚMERO *********, DEL TOMO **********, DE FECHA ********, según se desprende de la constancia inmersa al final de tal instrumento y cuyo primer testimonio se exhibe como ANEXO 2, la parte demandada y el Instituto actor, celebraron Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, respecto del inmueble descrito en el proemio de este libelo introductorio (.) 6.- La parte demandada para garantizar el pago del crédito que reconoció deber a la través de las operaciones que constan en el Instrumento basal, HIPOTECÓ EN PRIMER GRADO Y EN FORMA EXPRESA A FAVOR DEL INFONAVIT, LA MULTICITADA VIVIENDA, tal y como se establece en la cláusula y capítulo especial de hipoteca del contrato base de la acción; siendo tal inmueble el mencionado en el proemio de este ocurso, con la superficie, linderos y dimensiones que constan en el multicitado instrumento que se exhibe y que solicito se tengan aquí por reproducidos como si a la letra se insertara en obvio de inútiles repeticiones. 7. Es el caso que la parte demandada incurrió en la causal de rescisión y vencimiento anticipado del Contrato base de la acción, consistente en la falta de dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el transcurso de un año, respecto del crédito concedido, EN VIRTUD DE QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES Y EN ESPECIAL CON LA DE PAGO AL NO CUBRIR EL IMPORTE A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2016, ASÍ COMO LOS MESES SIGUIENTES, HASTA LA PRESENTE FECHA Y CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2019 EN LA QUE EL DEMANDADO HA OMITIDO REALIZAR PAGO ALGUNO AL CRÉDITO HIPOTECARIO OTORGADO; más las que se sigan generando hasta la total conclusión del presente juicio adeudando actualmente a mi representada la cantidad que se reclama por concepto de suerte principal, la cual, contempla el descuento correspondiente respecto de los pagos que amortizó la parte demandada. Máxime que en la especie omitió dar el aviso respectivo a que estaba obligada en el caso de que haya cambiado de patrón o de que haya dejado de percibir su salario por cualquier causa." Se advierte que en el capítulo de "DERECHO" de la demanda la actora fundó su acción en lo dispuesto, entre otros, en diversos artículos del Código Civil para esta ciudad, y en cuanto al procedimiento en diversos preceptos del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad y de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, la naturaleza de la acción deducida en el juicio de origen es de carácter civil, pues así resulta tanto de las prestaciones demandadas por la actora como de los hechos narrados, las pruebas aportadas, en concreto el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, y de los preceptos legales en que se apoya la demanda. Lo anterior, ya que demandó, entre otras cosas, el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito otorgado en términos del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, base de la acción, y como consecuencia de ello, el pago del citado crédito, así como de los intereses generados por los saldos insolutos, más los que se siguieran generando a razón del porcentaje pactado, y de los intereses moratorios generados, más los que se siguieran generando a razón del porcentaje anual pactado, sobre el monto de las amortizaciones omitidas; prestaciones que resultan acordes con la naturaleza de una acción civil, por derivar de un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, cuyo incumplimiento es susceptible de reclamarse en la vía especial hipotecaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Asimismo, la tercera interesada señaló en su escrito de demanda ante el juzgado de origen, que la relación jurídica entre las partes deriva precisamente de un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, que es de naturaleza civil. Por otra parte, la tercera interesada fundó su acción intentada ante el juzgado de origen en diversos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para esta ciudad, por lo que, es claro que su intención fue intentar una acción civil y no de naturaleza laboral. En cuanto a las pruebas que ofreció, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la actora en el juicio natural exhibió como base de su acción un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, lo que corrobora la naturaleza civil de dicha acción. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que el citado contrato se refiera a un crédito otorgado al quejoso conforme al artículo 123 constitucional, que garantiza el derecho de seguridad social de los trabajadores para obtener una vivienda barata, cómoda e higiénica, pues lo cierto es que ese crédito se otorga por virtud de un contrato civil en el que las partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad y coordinación y que, por tanto, es de naturaleza civil. Además, debe decirse que la naturaleza civil de la acción derivada de los contratos de crédito otorgados por el ***********, como lo es el contrato base de la acción en el juicio de origen, es una cuestión que ya fue definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 228/2018, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 43/2020 (10a.), que resulta aplicable al presente caso, en lo conducente, y es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, Materias Civil, página 839, que dice: "CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a cuál es la vía procesal idónea, si la civil o la vía mercantil, para reclamar la rescisión o vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión de que la vía procesal civil resulta idónea para reclamar la terminación o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el INFONAVIT. Justificación: Considerando que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) de conformidad con la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, es el ente público con vocación de servicio e interés social cuya labor primordial es administrar el sistema del Fondo Nacional de Vivienda que permita otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad inmuebles para casa habitación, en el ámbito de la función del derecho privado, celebra contratos de apertura de crédito con los trabajadores para estos fines, los cuales se sujetan e interpretan de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley del INFONAVIT, las reglas de carácter general que al efecto emita el Instituto las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los principios y las reglas generales de las obligaciones contractuales que se prevén en las legislaciones sustantivas en materia civil. Por tanto, de incumplirse el acuerdo de voluntades, se da lugar a la acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de apertura de crédito en términos del artículo 49 de la Ley del INFONAVIT, acciones que deben ejercerse en la vía procesal civil porque el contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT no constituye un acto de comercio, al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna." Por otra parte, resulta infundado lo manifestado por la quejosa en el sentido de que la responsable invoca renuncia de sus derechos, lo cual aduce está prohibido por mandato constitucional en términos de los artículos 1º y 123, fracción XXVII, y que reclamó la nulidad de la cláusula trigésima por medio de la reconvención que planteó al dar contestación a la demanda, por contener renuncia de derechos, lo cual está prohibido por los artículos mencionados. Lo anterior es así, porque la renuncia a que hizo alusión la responsable en la resolución reclamada se refiere únicamente a la realizada por las partes en la cláusula trigésima del contrato de crédito base de la acción, con relación a la jurisdicción de los tribunales competentes para la solución de las controversias relacionadas con el cumplimiento y la interpretación del contrato base de la acción, no así respecto de derechos del quejoso de carácter laboral; de ahí que, el hecho de que haya demandado la nulidad de la cláusula referida por medio de la reconvención que planteó al dar contestación a la demanda, no resulta suficiente para conceder la protección constitucional. Así, al no haberse acreditado que el acto reclamado resulte violatorio de derechos humanos ni de garantías individuales, PROCEDE NEGAR al quejoso el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL contra el acto reclamado a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 374/2021. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra actos de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo de esta sentencia y conforme a lo expuesto en el considerando sexto. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y por lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la primera parte de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, para ratificar el escrito registrado con el número de promoción 6948, para ratificar el escrito mediante el cual pretendió desahogar el requerimiento de catorce de abril de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene por perdido el derecho que tuvo para hacerlo; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y se tiene por no presentado el referido ocurso. Por otra parte, vista la segunda certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término de tres días hábiles concedido a la solicitante del amparo, para que recogiera los edictos para emplazar a los terceros interesados ************ y ***********, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo elapercibimiento decretado en el indicado proveído, y con fundamento en la fracción V, del artículo 63, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 108, fracción II, y 22 todos de la Ley de Amparo, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Por otra parte, se ordena retirar de la puerta de este órgano jurisdiccional el edicto, ordenado en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, por lista a las demás partes, con excepción de los terceros interesados ********** y *************.
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