Miguel Rodríguez Gómez

Expediente 1332/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1332/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Miguel Rodríguez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese. Así lo provee y firma el licenciado Javier Loyola Zosa, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Beatriz Eugenia Meza López, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Ade Razón: La suscrita licenciada Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, CERTIFICO y HAGO CONSTAR: Que el presente acuerdo corresponde al que en esta propia fecha se integró al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente del amparo no cumplió la prevención contenida en el auto de cuatro de octubre del año en curso. Por tanto, teniendo en cuenta que ha transcurrido el término concedido al solicitante del amparo para que cumpliera la prevención contenida en el auto inicial, circunstancia que no aconteció; por tanto, se hace efectivo dicho apercibimiento y se tiene por no presentada la demanda de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete: "Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente del amparo no cumplió la prevención contenida en el auto de cuatro de octubre del año en curso. Por tanto, teniendo en cuenta que ha transcurrido el término concedido al solicitante del amparo para que cumpliera la prevención contenida en el auto inicial, circunstancia que no aconteció; por tanto, se hace efectivo dicho apercibimiento y se tiene por no presentada la demanda de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente a la promovente.".

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a **************************, quien se ostenta como apoderado legal del quejoso *********************, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1332/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda, de conformidad con los requisitos que prevé el artículo 114, fracción III, en relación con el 108 fracción I; todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Único. Acredite personalidad. Presente documento idóneo en copia certificada, del que se advierta la representación legal que el promovente ostenta respecto a Miguel Rodríguez Gómez, misma que es un presupuesto procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior toda vez que si bien al escrito inicial se anexa una foja a efecto de acreditar la personalidad, se advierte que la misma sólo son una copia al carbón que sólo contiene una firma de los integrantes de la junta responsable, por lo que ésta es insuficiente por sí misma para acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente; aunado a ello, si una actuación carece de firma ésta es nula. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, intitulada: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Así como la tesis jurisprudencial 2a./J. 174/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 518, intitulada: "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA." Así también la tesis jurisprudencial 4a./J. 48/93, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 72, Diciembre de 1993, página 55, intitulada: "LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN" Asimismo, atendiendo a lo estipulado por el artículo 10 y 11 de la Ley de Amparo que a la letra dicen: Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Así, de los artículos transcritos se advierte que el promovente no cumple con lo estipulado en tales numerales, pues atendiendo al contenido del artículo 10 párrafo segundo, nos remite a las reglas de la Ley que rige la materia del acto reclamado, en específico al precepto 692 de la Ley Federal del Trabajo que dice: Artículo 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna; III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en derecho o pasante. Ahora bien, se puede concluir que el promovente tiene la posibilidad de acreditar la personalidad con la que se ostenta de diversa manera, por lo que, si es su deseo acreditarla con las constancias que derivan del juicio de origen, y como ya se expuso, éstas carecen de eficacia jurídica, toda vez que no tienen la firma de todos los integrantes de la junta responsable; por tanto, es inconcuso que no acredita la personalidad con que se ostenta. Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial VII.2o.T.J/16, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Junio de 2017, página 2619, intitulada: "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA FUNCIONANDO COMO ÓRGANO COLEGIADO, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FORMAL INDIVISIBLE, QUE AMERITA CONCEDER EL AMPARO, TANTO EN EL PRINCIPAL COMO EN EL ADHESIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. Cuando el laudo reclamado carece de la firma o firmas de los integrantes o secretario de la Junta, y en su contra se promueve, tanto amparo directo principal, como adhesivo, al margen de quién promueva uno u otro (patrón o trabajador), de oficio, en ambos debe otorgarse la protección constitucional para que se corrija esta irregularidad, en tanto la existencia de esa violación provoca la nulidad absoluta del acto reclamado, sin que la jurisprudencia 2a./J. 225/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 151, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO.", resulte aplicable al caso pues, a diferencia de los amparos relacionados en donde se contienen acciones autónomas, radicadas en expedientes independientes, aun cuando vinculadas por impugnar el mismo acto, tratándose del principal y adhesivo, si bien siguen pretensiones autónomas, lo cierto es que son interdependientes e, incluso, el segundo sigue la suerte del primero, se ven en una sola pieza de autos, por sustanciarse en el mismo expediente, lo que justifica que ante la falta de firma o firmas en el acto reclamado, al constituir una violación formal indivisible, indistintamente debe ser atendida oficiosamente en ambos juicios de amparo directo, en sus modalidades principal y adhesiva, y otorgarse la protección de la Justicia de la Unión por igual, con independencia de la calidad que en el juicio laboral asista a cada uno de los quejosos, es decir, trabajadora o patronal, al estar en presencia de una irregularidad que conlleva la propia nulidad absoluta del laudo, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO. Apercibida la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención antes descrita, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio promovente y no el autorizado, aun cuando este lo fuera en términos amplios, debido a que la prevención entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, lo cual tiene implicaciones personales, para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, julio de 2006, página 348, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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