Miguel Rodríguez Godínez
Expediente 1266/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Rodríguez Godínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
Autoridad oficiante proporciona la información que le fue solicitada en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Atendiendo a lo anterior, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario para que pueda la parte quejosa consultar el expediente de manera electrónica y recibir notificaciones por la misma vía. Finalmente, como del estado de autos se advierte que en el acuerdo de veintiuno de los actuales se reservó ordenar la notificación personal de ese proveído hasta en tanto se contara con el domicilio procesal de la parte quejosa, se levanta la reserva decretada y se instruye al personal de actuaría para que haga lo propio a través de la cuenta de usuario precisada líneas arriba. ------------------------ IRAPUATO, GUANAJUATO A VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- I. Registro. Visto el oficio de cuenta, se aprecia que en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato determinó que el escrito de ampliación presentado por el quejoso Miguel Rodríguez Godínez dentro del juicio de amparo 1015/2021 de su índice, fuera turnado como una demanda de amparo independiente, dada la falta de relación entre los actos que conforman la litis constitucional del juicio referido y aquellos que se reclaman en la ampliación aludida; lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. En tal virtud, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1266/2021-V. II. Actos reclamados. En atención al escrito de cuenta y a las consideraciones expuestas por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se precisa que el quejoso Miguel Rodríguez Godínez reclama la omisión de pago de su salario, la cual atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Tesorero Municipal, Director de Recursos Humanos y Presidente Municipal, todos de Silao de la Victoria, Guanajuato, no obstante el hecho de que tiene una relación de trabajo vigente con tales autoridades. III. Desechamiento. En principio, es preciso establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al derecho de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Ahora bien, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Lo anterior se orienta en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues las omisiones reclamadas, en esencia, consisten en la falta de pago del salario que devenga el quejoso, como trabajador de las entidades públicas que señala como responsables, lo cual no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une a las entidades de la administración pública señaladas como responsables, en su carácter de patronas, con el quejoso, como particular. Luego, en el caso no es procedente reconocer a dichas autoridades como responsables para los efectos del presente juicio de amparo, pues la omisión reclamada es una cuestión de carácter laboral que debe dirimirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente. Por tanto, en este supuesto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. IV. Domicilio procesal y autorizados. Se requiere a Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. El quejoso no señaló en el escrito que motiva esta instancia constitucional domicilio procesal ni autorizados para oír y recibir notificaciones, pues originalmente fue planteado como una ampliación de demanda del juicio de amparo 1015/2021 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. En tal virtud, se solicita al juzgado de distrito aludido para que, de no tener inconveniente, proporcione tales datos, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de notificar personalmente al quejoso la presente determinación. V. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." VI. Transparencia y protección de datos. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Botello Solorio, por medio del cual exhibe el billete de depósito N-914788, registro 151/2021, expedido por Banco del Bienestar, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que constituye la garantía que fue señalada para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva; en esa medida, se tiene cumplido el requisito de efectividad fijado en interlocutoria de seis de diciembre del año en curso. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Regístrese el billete de depósito en el libro de gobierno respectivo y guárdese en la caja de seguridad de este Juzgado. Finalmente, téngase como se domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Granate, número 208, fraccionamiento Las Arboledas, en esta ciudad
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