Miguel Robles Gómez

Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
928/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Miguel Robles Gómez
  • MIGUEL ROBLES GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, por medio del cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución aprobada en sesión de diecisiete de noviembre del año en curso, ejecutoria en la que se resolvió lo siguiente: "Único. Es infundado el recurso de queja.". En ese sentido, tómese conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal Colegiado, sin que haya lugar acusar su recibo al así haberse solicitado y archívese el asunto como concluido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cuanto a las copias certificadas del presente asunto, devueltas por la autoridad oficiante, al resultar innecesaria su conservación, sin mayor pronunciamiento, procédase a su destrucción. Valoración del expediente Ahora, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual, se acusa recibo del escrito de interposición y formulación de agravios y copia certificada del presente asunto; asimismo, se informa que lo registró y admitió a trámite con el número de expediente 231/2022, de su estadística. Atento a lo solicitado por el Tribunal Colegiado oficiante, instrúyase a la Oficial Judicial "A" de la adscripción a efecto de que realice la vinculación del presente expediente con el de la estadística de aquél índice. Notifíquese; y, personalmente a la Oficial Judicial "A".

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta, por medio del cual se interpone recurso de queja contra el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el recurso de mérito no las involucra; por tanto, envíese el original del ocurso de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar, como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado que lo conozca, sustancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la superioridad, que este órgano jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, este juzgado desechó la demanda de amparo en los términos ahí precisados. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************ y *************, contra las omisiones que reclama de las autoridades responsables que ahí indica. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 928/2022-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis. Ahora bien, a partir del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Omisión de integrar debidamente la carpeta de investigación ************** Omisión de recabar y desahogar datos de investigación dentro de la carpeta de investigación en cita (paralización de la indagatoria). Actos que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, Agencia Investigadora del M.P. AO-3. Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, Coordinación Territorial AO-1. Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Agencia Investigadora del M.P., Unidad de Investigación Número A-3, sin detenido. Cabe precisar que los justiciables, bajo protesta de decir verdad, se ostentan con el carácter de denunciantes dentro de la carpeta de investigación **************. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso en concreto, respecto de los citados actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". Lo anterior en razón que, las omisiones reclamadas no encuadran en alguna de las excepciones del precepto de la Ley de Amparo antes transcrito, ya que no implica un ataque a la libertad personal, pues se trata de omisiones del Ministerio Público, en que según adujo la parte quejosa, repercuten en la integración y trámite de la indagatoria de origen. Tampoco los quejosos son personas extrañas al procedimiento ya que son los denunciantes en la carpeta de investigación que dio origen a la indagatoria. Asimismo, no reclama un auto de vinculación a proceso. Ni tampoco se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni es una orden de aprehensión o reaprehensión, o alguna resolución que sea restrictiva de la libertad y por ello, se itera, los casos de excepción mencionados para agotar el principio de definitividad no se actualizan. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya legislación regula el acto reclamado, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". En tales circunstancias, la parte promovente puede recurrir las omisiones reclamadas, mediante el recurso previsto en el precepto 258 transcrito, ante el Juez de Control, a quien le corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Así de manera eficaz, el citado artículo 258, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público, que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Así, las omisiones del representante social en la etapa de investigación inicial, encuadran en este supuesto, ya que los actos reclamados (omisión de integrar la carpeta de investigación CI-FIAO/AO-3/UI-1/C/D/00631/04/2022 y la omisión de recabar y desahogar datos de investigación dentro de la carpeta de investigación en cita -paralización de la indagatoria-), supone la paralización de su debida función investigadora. Por tanto, los quejosos podían impugnar ante el Juez de Control, los actos que reclama a las autoridades ministeriales, ya que deriva de su facultad investigadora. En esas condiciones, al no haber acudido previamente al recurso de mérito, el acto carece de definitividad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se desecha de plano la demanda de amparo. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". Así, como la diversa jurisprudencia de la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En consecuencia, se itera, al surtirse la causal de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causal respecto a los actos reclamados. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que sean licenciados en derecho y/o abogado, y puedan legalmente ejercer dicha profesión en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; así como al resto de las personas en términos del artículo 24, párrafo segundo del mismo ordenamiento. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano