Miguel Rivera Rivera y Otros.
Expediente 526/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/09/2016
Partes del expediente
- Miguel Rivera Rivera
- Miguel Rivera Rivera y Otros.
- Veronica Nieto Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al 1. Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, de los duplicados del proceso penal 93/2013 en cinco tomos y ocho discos compactos relativos al mismo, que remitió como apoyo a su informe justificado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, devuélvase a la mencionada autoridad mediante oficio los tomos de pruebas y discos compactos antes aludidos, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de septiembre de dos mil dieciséis . Visto el estado de autos y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se provee: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso particular, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del siguiente acto: La resolución que señala el desahogo mediante videograbación la junta de peritos en materia de mecánica de lesiones, tránsito terrestre y criminalística de campo, fijada para el veintidós de julio de dos mil dieciséis, ordenada por la autoridad responsable en los autos de la causa penal ******, que se instruye en contra de ****************** por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de ***********, señalada en la resolución dictada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, que resuelve el recurso de reconsideración promovido por la fiscal de procesos y los quejosos, en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Lo anterior por considerar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (...) La citada fracción establece la improcedencia del juicio de amparo debido a que los actos que se reclaman han surtido en forma total todos sus efectos; y ello hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. En efecto los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aún y cuando la sentencia resultara favorable al quejoso, no podría retrotraerse en sus efectos. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se pueden clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, lo que hace proceda el juicio de amparo. Los consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En este supuesto cuando resulta improcedente el juicio de garantías, por ello, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. En este sentido, los efectos y consecuencias del acto ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo porque se llegaría al extremo de que cualquiera, por el hecho de transcurrir el tiempo en su realización, por no retrotraerse a éste, es un acto consumado de un modo irreparable, cuando su restitución es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En cambio esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que su naturaleza debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Ahora bien, el presente juicio de amparo encuentra su génesis en la causa penal ******, que se instruye en contra de ******** por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de ************, que se encuentra en fase de instrucción conforme al sistema mixto, en la cual los quejosos tienen el carácter de ofendidos por ser esposa y padre de la víctima, entonces: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciséis, el tercero interesado ************, solicitó que la junta de peritos programada para el veintidós de abril de dos mil dieciséis, fuera videograbada (fojas 372 a 374 del tomo IV de pruebas). 2. En proveído dictado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, la juez responsable acordó fijar el seis de mayo del año en curso, para llevar a cabo la junta de peritos relativa a las contradicciones derivadas de los peritajes en materia de tránsito terrestre y criminalística de campo, igualmente requirió al Director del Centro de Reinserción Social Varonil del Estado, para que informara si se encontraba en condiciones técnicas de videograbar dicha diligencia (fojas 367 a 368 del tomo IV de pruebas). 3. Por escritos presentado el veintiuno y veinticinco de abril del dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público de Procesos adscrita al Juzgado Octavo Penal en esta Ciudad, así como los quejosos interpusieron recurso de reconsideración en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 293 a 398 del tomo IV de pruebas). 4. El seis de mayo del dos mil dieciséis, se hizo constar que no se llevó a cabo la junta indicada (foja 390 del tomo IV, de pruebas). 5. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se resolvió el recurso de reclamación señalado, en los siguientes términos (fojas 458 a 462 del tomo IV de pruebas): PRIMERO.- Es cierto que es inevitable que personal de este Juzgado, por la propia naturaleza de las diligencias en comento, pongan a la vista de los peritos, o de las partes, los peritajes en donde se pudiera encontrar fotografías gravosas para el padre y la esposa del occiso, pues incluso así lo exige la ley de la materia; ante ello la suscrita determina que en la videograbación de las juntas de peritos, no será mostrado a la cámara ninguna clase de material fotográfico, documentos, gráficos, peritajes o incluso el propio expediente. La videograbación era única y exclusivamente del debate de los peritos, y no así del todo el desahogo de las diligencias, es decir, comenzará la grabación en el momento en el que los peritos estén próximos a comenzar el debate de sus diferentes puntos conclusivos y terminará cuando hayan concluido dicha discusión. Evidentemente, sólo los peritos que intervengan en las juntas de peritos referidas, podrán ser grabados durante la discusión de los puntos de diferencia, no así los quejosos, la defensa, el procesado, la Fiscal de Procesos, o el personal de éste Juzgado. En relación a que le causa agravio al padre y a la esposa del occiso, el hecho de que la defensa proporcione los medios electrónicos pertinentes para la grabación de las juntas de peritos, la suscrita a través de la Dirección de Tecnologías de la Información del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, proporcionará una cámara para el fin que se pretende, la cual será manipulada por personal de este juzgado y una vez que dichas diligencias sean desahogadas, la grabación quedará en resguardo de este despacho judicial; y para el caso de que las partes hagan uso de su derecho de obtener copia de dicho video, las suscritas les hará de su conocimiento que dicha información es considerada reservada y es responsabilidad de quien obtenga dicha información el uso que hagan de la misma, ello en términos del artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro... SEGUNDO.- Por ello, y con los lineamientos establecidos en el considerando anterior, resulta procedente señalar de nueva cuenta las: - 11:00 HORAS DEL 22 DE JULIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE PERITOS RELATIVA A LAS CONTRADICCIONES DERIVADAS DE LOS PERITAJES EN MATERIA DE MECÁNICA DE LESIONES, EN LA QUE PARTICIPARÁ, EL PERITO OFICIAL, DOCTOR *************, EL PERITO *****************, EL PERITO ***************************. - 13:00 HORAS DE 22 DE JULIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE PERITOS, RELATIVA A LAS CONTRADICCIONES DERIVADAS DE LOS PERITAJES EN MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE Y CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, EN LA QUE INTERVENDRÁ EL PERITO OFICIAL **********************, *************, ***********, ****************** Y LOS PERITOS DE LA DEFENSA ******************************. RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se declarada procedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Fiscal de Procesos, ******************, y por ***************** (padre del occiso) y ************************ (esposa del occiso), en contra del auto de fecha 18 dieciocho de abril de 2016 dos mil dieciséis. SEGUNDO. Como consecuencia del punto que antecede, el auto impugnado quedará en los términos asentados en el considerando primero y segundo de la presente resolución... 6. Finalmente el veintidós de julio de dos mil dieciséis, se desahogó la ¡unta de peritos derivada de las contradicciones sobre mecánica de lesiones y tránsito terrestre, que constituye el acto reclamado (fojas 480 a 505 del tomo IV de pruebas). El marco referencial descrito, es el que proporciona el parámetro para actualizar la causa de improcedencia mencionada, pues partiendo de la idea de que el objeto final del presente juicio de amparo es controvertir la determinación tomada por la autoridad responsable en la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, de fijar fecha para llevar a cabo el desahogo de la junta de peritos en materia de mecánica de lesiones y hecho de tránsito a fin de dilucidar hechos controvertidos en los diferentes dictámenes rendidos durante el proceso, y que tal diligencia fuera videograbada, tal reunión de los expertos ya se llevó a cabo durante la secuela procesal del juicio constitucional, lo que constituye un acto consumado de manera irreparable. Lo anterior se afirma, pues la autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que la mencionada audiencia se verificó el veintidós de julio de dos mil dieciséis, la cual se desarrolló en los términos indicados en la resolución de veintisiete de junio del año en curso; es decir, fue videograbada únicamente en cuanto al debate que sostuvieron los peritos respecto a la mecánica de lesiones y de tránsito; luego, si lo que aduce la parte quejosa es precisamente que de efectuarse la multireferida diligencia se estarían conculcando en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indudable que al materializarse la reunión de los expertos y ser videograbada, se consumó el acto reclamado de manera irreparable, pues tal característica del acto se actualiza por el hecho de que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. De ahí la configuración de la causa de improcedencia detallada. Finalmente y sólo como precisión respecto al caso concreto, cabe acotar que este juzgado sostiene que cuando en una contienda judicial colisionan el derecho del actor a probar su pretensión, con el derecho del demandado a proteger su intimidad, éste debe ceder frente aquél, por ser de mayor densidad la garantía de debido proceso que la privacidad de las personas. Efectivamente, el Estado de derecho supone un esquema en el que se encuentra prohibida la justicia por propia mano y en donde las controversias se dirimen ante los tribunales competentes. En este sentido la oportunidad de ofrecer pruebas constituye una formalidad esencial de la garantía al debido proceso legal, lo que a su vez se inscribe como una de las cláusulas esenciales para que el Estado pueda administrar justicia de manera eficaz y desaliente a los particulares de hacerla por propia mano. Visto de esta manera, la garantía al debido proceso supone un interés general y constituye un pilar fundamental para la correcta administración de justicia. Ante ello, sin menoscabo de su gran importancia, debe ceder el derecho a la intimidad. Sin embargo, la intervención estatal, en todo caso, debe tratar de proteger en la medida de lo posible la privacidad de las personas. En otras palabras, si bien se justifica la intervención del Estado en la intimidad de las personas y en obsequio al derecho probatorio, dicha intervención debe autorizarse sólo cuando sea necesaria y estrictamente en la medida que sea necesaria. Da sustento lo anterior la tesis l.4o.C27 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1302 de rubro y texto siguientes: INTIMIDAD Y DERECHO PROBATORIO. EN CASO DE COLISIÓN DE ESTOS DERECHOS FUNDAMENTALES, AQUÉL DEBE CEDER FRENTE A ÉSTE, PERO DE MANERA RACIONAL Y PROPORCIONAL Aplicando los postulados del principio de proporcionalidad, cuando en una contienda judicial colisionan el derecho del actor a probar su pretensión, con el derecho del demandado a proteger su intimidad, éste debe ceder frente aquél, por ser de mayor densidad la garantía de debido proceso que la privacidad de las personas. Efectivamente, el Estado de derecho supone un esquema en el que se encuentra prohibida la justicia por propia mano y en donde las controversias se dirimen ante los tribunales competentes. En este sentido la oportunidad de ofrecer pruebas constituye una formalidad esencial de la garantía al debido proceso legal, lo que a su vez se inscribe como una de las cláusulas esenciales para que el Estado pueda administrar justicia de manera eficaz y desaliente a los particulares de hacerla por propia mano. Visto de esta manera, la garantía al debido proceso supone un interés general y constituye un pilar fundamental para la correcta administración de justicia. Ante ello, sin menoscabo de su gran importancia, debe ceder el derecho a la intimidad. Sin embargo, la intervención estatal, en todo caso, debe tratar de proteger en la medida de lo posible la privacidad de las personas. En otras palabras, si bien se justifica la intervención del Estado en la intimidad de las personas y en obsequio al derecho probatorio, dicha intervención debe autorizarse sólo cuando sea necesaria y estrictamente en la medida que sea necesaria. En esas condiciones, al quedar acreditado que se consumó de manera irreparable el acto reclamado, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Finalmente, ante el sobreseimiento decretado, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con un minuto del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y parte tercera interesada; al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado ********, por medio del cual se apersona a juicio y hace diversas manifestaciones a manera de alegatos. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase al promovente apersonándose en este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos, los cuales serán considerados al momento de dictar la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el incidente de suspensión en que se actúa, del que se advierte que se reservó la notificación de los terceros interesados *****, respecto la resolución provisional y definitiva de veintidós de julio y cinco de agosto de dos mil dieciséis.; hasta en tanto se llevara a cabo el emplazamiento en el expediente principal; circunstancia que ya aconteció. En consecuencia, notifíquese en su lugar de reclusión a los terceros interesados ******, la resolución provisional y definitiva de veintidós de julio y cinco de agosto de dos mil dieciséis. Notifíquese, personalmente y de manera inmediata a los terceros interesados *****.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 9,674 expedientes
- Miguel Nava Alvarado36/2016
- Miguel Nava Díaz Barriga646/2020
- Miguel Ortíz Soto416/2019
- Miguel Pérez Guerrero783/2017
- Miguel Pérez Martínez870/2018
- Miguel Ramos Piña682/2021
- Miguel Rodríguez Rodríguez1519/2022
- Miguel Romero Ramírez826/2022
- Miguel Sánchez Correa737/2020
- Miguel Tejeida Pineda933/2022
- Miguel Temelo Ledezma57/2022
- Miguel Uribe González1214/2018