Miguel Ríos Figueroa

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ríos Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta; a través del cual, la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, devuelve diligenciado el exhorto número 43/2021, orden 185/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se le solicitó notificar al quejoso ***************, el proveído de siete de mayo del presente año. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los fines estadísticos y dese de baja el exhorto indicado. Sin necesidad de acusar recibo, toda vez que el sistema señalado, arroja el recibo electrónico correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el siete de mayo del presente año, se declinó la competencia por razón de territorio y el trece de los actuales, se tuvo al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, informando que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda promovida por ******************, avocándose al conocimiento de aquélla. Por tanto, toda vez que no existe trámite por realizar en el presente cuaderno de antecedentes, se ordena archivar definitivamente el presente asunto. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.

  3. Principal

    agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual, la Actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, transcribe el proveído de doce de los actuales, dictado en el juicio de amparo 507/2021, del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se advierte que aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito para conocer de la demanda promovida por ********************, avocándose al conocimiento de aquélla. Por otra parte, se tiene al Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, con residencia en Hermosillo, informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano emitida por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, toda vez que se declinó la competencia por razón de territorio, correspondiéndole conocer del asunto al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, tal como se advierte del primer párrafo; en consecuencia, remítase vía interconexión sise, el informe remitido por el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, con residencia en Hermosillo, para que se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, presentado por **************, fórmese tanto cuaderno impreso como el electrónico y regístrese, bajo el número que corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 2. Suspensión de plano. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables, esencialmente, la omisión del otorgamiento de la atención médica integral oportuna, sin considerar su enfermedad Dx miomatosis uterna, Qx histerectomía y la discriminación aplicada por el sector salud. En ese contexto, con los elementos que se advierten de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que las autoridades responsables, de manera inmediata, y dentro del ámbito de sus facultades, dicten todas las medidas necesarias a fin de que se brinde la atención médica necesaria a Miguel Ríos Figueroa, a efecto de garantizar su vida, salud e integridad física; debiendo proporcionarle la atención médica requerida, los medicamentos y medidas paliativas necesarias para su padecimiento clínico (Dx miomatosis uterna, Qx histerectomía) y sus consecuencias. Lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables deberá realizar las gestiones necesarias a través de sus áreas administrativas para que el directo agraviado reciba la atención médica y tratamiento indispensables en el lugar donde actualmente resida. Asimismo, deberán cesar los actos de discriminación en su contra, en virtud de que la falta de intervención oportuna se puede traducir en el avance de los padecimientos que le afectan. Es aplicable la tesis I.18o.A.33 K (10a.) emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2160, del Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA." Lo anterior, tomando en consideración que la suspensión en el juicio de amparo es una institución jurídica que tiene como finalidad conservar la materia del juicio y evitar prejuicios a la parte quejosa, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, esto es, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto solo puede resolverse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que lo dispuesto en relación a la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, pues aquélla solo tiene carácter de transitoria y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Así, al proceder la suspensión de oficio y de plano del acto respecto del que se promovió el juicio de amparo, procede salvaguardar la materia de análisis en el juicio constitucional para, en su caso, garantizar la eficacia de la sentencia que llegue a resolverlo; máxime que el presente asunto tiene que ver con la salud del justiciable y, por ende, con la vida de un ser humano, lo cual se encuentra protegido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es acorde con el anterior criterio la tesis VI.1° A.19K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 1458 del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." Lo anterior, ya que, si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho a la salud, lo hace de una forma general; y, en el presente caso, lo que se está reclamando es una posible vulneración al derecho a la salud derivado de la falta de atención médica, por lo que se trata de una condición específica que requiere de un marco de protección especial o particular. En relación con lo anterior, cabe destacar que de la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto) de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de su ley reglamentaria, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto la protección de los derechos humanos reconocidos en la Ley Suprema de toda la Unión, salvo los que se refieren a cuestiones político electoral, y resolver en su caso toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los artículos 1, párrafo quinto, y 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que en la República Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las condiciones de salud; y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, conforme a las bases y modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud, servicio en el que concurrirá la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. Además, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ya que la salud es un bien público, como lo establece el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por ende, el Estado tiene el deber de proporcionar a los gobernados revisión médica regular, atención y tratamientos médicos adecuados, cuando así se requiera. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, resulta innecesario ordenar la apertura del incidente de suspensión respectivo, pues con el otorgamiento de la suspensión de plano, se emite una medida cautelar respecto de los actos reclamados, por lo que resulta innecesario dar el trámite en la vía incidental, acorde a los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 15. SE APERCIBE A LAS AUTORIDADES DE QUE EN CASO DE DESOBEDECER ESTA SUSPENSIÓN E INSISTIR EN EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE, PODRÁN SER CONSIGNADAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION POR EL DELITO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO Y LO QUE RESULTE DERIVADO DE SU CONDUCTA. 3. Incompetencia. Del análisis integro el ocurso que se atiende, se advierte que este juzgado declara carecer de competencia para conocer del acto reclamado en esta vía constitucional, consistente en la omisión de las autoridades responsables, en lo medular la falta de atención médica. Al efecto, se advierte que el acto reclamado, no obstante ser de naturaleza omisiva, es de aquellos que conlleva efectos positivos en la esfera jurídica de las partes quejosas -detrimento de su salud-, pues los efectos nocivos generados por el acto reclamado a la autoridad responsable ocurren Hermosillo, Sonora. En ese tenor, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo; lo anterior es así, tomando en consideración lo siguiente: El artículo 37, de la Ley de la Materia, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que Se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. " Del precepto legal en cita, se advierte la competencia territorial de los jueces de Distrito, en tres supuestos: a) En el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. e) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, si en términos de lo dispuesto por el citado artículo 37 de la Ley de Amparo -concretamente lo establecido en el inciso a)-, será competente para conocer de la demanda de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, es inconcuso que si los impetrantes se duelen de la omisión de la autoridad responsable en brindarles la atención médica que requieren acorde a sus padecimientos y, por ende, de hacer efectivo el derecho a la salud; este operador jurídico estima que se trata de acto de naturaleza omisiva, pero que conlleva efectos positivos. Se arriba a la anterior determinación, toda vez que la inactividad de la autoridad responsable se traduce en un efecto positivo, consistente en que se niega la atención médica a los quejosos, lo cual deriva en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo. Ahora, conforme al contenido del escrito de demanda, la parte quejosa actualmente reside en Banamichi, Sonora, por lo que, las consecuencias de la falta de atención médica se producen invariablemente en la jurisdicción que se ubican. Por esa razón, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, entre otros, se considera el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal de hacer el juicio de amparo sea asequible al gobernado, estableciendo reglas que faciliten su acceso además de atender y vigilar el desenvolvimiento de dicho juicio. Bajo ese panorama, si en el presente asunto el acto reclamado de falta de atención médica es omisivo con efectos positivos y éste se dará precisamente en Hermosillo, Sonora; en ese contexto, es el órgano de control constitucional con jurisdicción en ese lugar el que resulta competente para conocer la demanda de amparo correspondiente, conforme a la primera regla de competencia citada, con independencia de que esa omisión se atribuya a autoridades con sede en Hermosillo, Sonora, pues lo relevante es dónde tendrá las efectos indicados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia1a. II/92, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, palpable en la página 94 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI; Mayo de 1992, Octava Época, que establece: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, síno que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado. a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. " De igual modo, es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte 11. Séptima Época, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MA TERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del Juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplías facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido art{culo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces él amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito 'dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado: Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando si la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y. es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no. precisa ejecución material - caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-, De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, la diversa tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que Informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no ¡interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero) De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En lo conducente sirve de apoyo, por analogía, la tesis 1.10.P.35 P (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, palpable en la página 2350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, Registro digital: 2013097, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." De igual manera, en lo que interesa, es aplicable la tesis1.20.P.16 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo 111, Décima Época, Registro digital: 2012019, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Asimismo, sirve de sustento, por analogía, la jurisprudencia 1a.lJ. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, Registro digital: 178232, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Y, la tesis 1.10A44 A, sustentada Colegiado en Materia Administrativa por el Primer Tribunal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Registro digital: 189167, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En este orden de ideas, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que precisa, entre otras cosas, jurisdicción territorial de los juzgados de distrito, así como de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, se declara incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Miguel Ríos Figueroa, por su propio derecho contra actos de la siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2 mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora 2 Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2 mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora. 3 Coordinador de Control de Abasto de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2 mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora 4 Director de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2 mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora 5 Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2 mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora 6 Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2, mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora 7 Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro, en Ciudad Obregón, Sonora 8 Dirección de Finanzas Médicas del Instituto Mexicano del Seguro, en Ciudad Obregón, Sonora 9 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional, en Ciudad Obregón, Sonora 10 Instituto Mexicano del Seguro Social, de Hermosillo, Sonora 11 Consejo Técnico del Instituto Mexicano Seguro Social en la Ciudad de México 12 Hospital General de Zona, número Dos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada unidad número 2 mejor conocido como el Seguro Social de la Juárez de Hermosillo del Estado de Sonora 13 Departamento de Salud en el Trabajo, de la unidad de medicina familiar, número 37, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Por tales condiciones, remítase al Juzgado de Distrito, con residencia en Hermosillo, Sonora, en turno, el expediente original del juicio de amparo 94/2021, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole al juez federal a quien se declina la competencia se sirva enviar el acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no, la competencia declinada, a efecto de proveer lo que en derecho proceda. 4. Domicilio. Visto que el domicilio designado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 297 y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene notificar a juicio a **********, en el domicilio ubicado en boulevard Serna y calle de la Bajada, colonia Hacienda la de la Flor de Hermosillo, Sonora. En la inteligencia de que se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, incluyendo habilitar días y horas inhábiles. En consecuencia, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica, con apoyo en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, además, de las comunicaciones oficiales electrónicas firmadas con la Firma Electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizada en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho Juan Manuel Monge Carrillo y Florentino Vázquez Borja, debido a que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se tiene a Joel Gutiérrez Ortega, Jorge Luis, Cons Vásquez, Casimiro Villanueva Antonio, Julio Alonso Gutiérrez Ortega, Gloria María Robles Coronado, Silvia A. Sánchez Ruíz, Elba Florentina Vázquez Meza y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como personas autorizadas, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el numeral 12 párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del presente juicio mediante el uso de su FIREL o E.FIRMA (antes FIEL). Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que las subsecuentes notificaciones se les realicen vía electrónica, a efecto de que, como se dijo, la tramitación del presente juicio continúe en la modalidad de juicio en línea. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, mismo que en términos de su artículo primero transitorio, entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el trece de junio siguiente, aunado a que si bien, la parte inconforme o alguna de las demás partes en el juicio de amparo elija una vía de notificación distinta a la electrónica, tal circunstancia no impide que esta o sus autorizados puedan promover escritos o interponer recursos mediante dicho sistema, siempre que satisfagan los requisitos conducentes. Al respecto, se invoca la tesis I.1o.P.36 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2362, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice en su rubro: "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO ELIJA UNA VÍA DE NOTIFICACIÓN DISTINTA A LA ELECTRÓNICA, NO IMPIDE QUE ÉSTA O SUS AUTORIZADOS PUEDAN PROMOVER ESCRITOS O INTERPONER RECURSOS MEDIANTE DICHO SISTEMA, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS CONDUCENTES.". Por otra parte, se comunica a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña, o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: registrarse en el sitio de internet http://serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir esos pasos: 1). Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2). Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3). Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4). Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien, a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, captura de la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 10. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo.

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