Miguel Ricardo Castillo Hernández

Expediente 573/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
573/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ricardo Castillo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en providencia de veintisiete de junio de dos mil dieciséis. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, debe decirse que el gestionante del amparo al cumplir con lo prevenido en acuerdo de veintisiete de junio pasado manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste: ".Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD señalo a su señoría que: I.- Que el acto que tildo de inconstitucional lo es la falta de notificación de manera personal del proveído de fecha 30 de Mayo de 2014 dos mil catorce y por consiguiente la nulidad de todas y cada una de las posteriores actuaciones dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número M103/2012, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad; así como las violaciones procesales que se cometieron para culminar con un ilegal remate del bien inmueble de mi propiedad. II. Que el suscrito soy parte demandada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número M103/2012, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad..." De lo anterior se infiere que el quejoso se duele en esencia de la ilegalidad de la notificación que le fue practicada en proveído de treinta de mayo de dos mil catorce, y como consecuencia de ello, todo lo actuado a partir de dicha notificación en el juicio ejecutivo mercantil M-103/2012, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, mismo que, por dicho del quejoso, actualmente se encuentra en etapa de remate. Ahora bien, con la finalidad de tener un mejor entendimiento de lo que habrá de resolverse, cabe traer a colación lo dispuesto por los artículos 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio y el 1054 de este último ordenamiento establecen: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." "Artículo 1054.- En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." En efecto, la nulidad de actuaciones tiene como finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe y, en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones contra las pronunciadas después de dictada sentencia. Luego, es evidente que el impetrante, antes de acudir a esta instancia, debió atender al principio de definitividad, impugnando la notificación que considera ilegalmente practicada u omitida, a través del medio ordinario que tenía a su alcance para lograr nulificarla, en el caso específico, el incidente de nulidad previsto por el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que al no haber satisfecho hace improcedente el estudio que de su constitucionalidad propone, en términos de la fracción XVIII del aludido numeral 61 de la ley de la materia; máxime, que no debe perderse de vista que es parte formal en el procedimiento de donde emerge el acto reclamado, de ahí, que le es exigible que satisfaga dicho extremo. A más de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que es parte formal en el juicio de origen. Por ello, se afirma que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad de notificaciones-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que presenta ********, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 573/2016-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación. a) La primera irregularidad surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto el gestionante en su demanda de amparo es imprecisa en puntualizar el acto que en específico reclama, ya que en el capítulo "IV" de la misma, atinente a los actos reclamados, textualmente apuntó: ".Del C. Juez Cuarto Menor de la ciudad de Celaya, Guanajuato, se reclaman la totalidad de actuaciones judiciales ilegalmente practicadas a partir de fecha 28 veintiocho de Mayo de 2014 dos mil catorce dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil No. M103/2012, por los efectos y consecuencias originados por las ilegales actuaciones practicadas dando como consecuencia un a todas luces violatorio Remate sobre el bien inmueble de mi propiedad, el cual se encuentra ubicado en la calle Paseo Cantarranas número 109, fraccionamiento Rincón de Cantarranas en Lote 12 modulo letra "B" manzana 2 dos con una superficie privativa de 67.50 cincuenta y siete punto cincuenta metros cuadrados. Superficie construida de 55.32 metros cuadrados. Cuenta catastral C-011504-001, el cual mide y linda: Al Norte 4.50 metros lineales con el Lote número 6, al sur: 4.50 metros lineales con la calle Paseo Cantarranas al Este 15 metros lineales con casa marcada con el número 107 y al Oeste 15 metros lineales con el número 111 indiviso 50.00 por ciento." Acto de molestia recaído sobre el inmueble de mi propiedad el cual ha quedado señalado anteriormente; molestia en mi perjuicio que realizaran los actos que se señalan como violatorios a los derechos fundamentales que tutelan nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados en materia de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, sin que existiera mandamiento legal de autoridad competente que fundara, motivara y respetara los canones legales del procedimiento en mi perjuicio, actos que son tendientes a causarme un perjuicio de imposible reparación, esto es al privarme de mi legal propiedad del inmueble ubicado en calle Paseo Cantarranas número 109, que se hubieran seguido las formalidades legales del procedimiento previamente establecido conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho, en relación a las ilegales actuaciones que dieron como consecuencia el remate y/o adjudicación del bien inmueble de mi propiedad a un tercero y en lo particular de los preceptos que por esta vía se impugnan." Por otra parte, en el capítulo denominado "HECHOS", el impetrante textualmente indico: ".I. Que dentro del expediente número M103/2012 radicado en el Juzgado Cuarto Menor Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, no se respetaron los lineamientos procesales ya que de dicho expediente se dejó de actuar desde el día 12 de Septiembre del 2013, ya que en dicha fecha se emitió el último auto mismo que fue notificado por medio de lista publicada en fecha 13 de Septiembre del 2013, volviéndose a actuar hasta el 28 de Mayo del año 2014, mediante promoción realizada por Alberto Casado Vázquez recayendo a dicha promoción el auto de veintinueve de mayo, por lo que entre dichos acuerdos medio más de ocho meses sin haber existido actividad procesal, por lo que el Juez debió haberme notificado de manera personal el auto de 30 del mes de Mayo del 2014." De la anterior transcripción, puede advertirse que la parte quejosa reclama la totalidad de las actuaciones judiciales emitidas en el Juicio Ejecutivo Mercantil No. M103/2012 del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad; sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes, también hace referencia que no se le notificó el auto de treinta de mayo de dos mil catorce. Lo anterior, genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es el acto que en realidad tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; es decir, si reclama la totalidad de las actuaciones judiciales emitidas en el Juicio Ejecutivo Mercantil No. M103/2012 del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad; o bien, sólo la falta de notificación del proveído de treinta de mayo de dos mil catorce emitido en dicho sumario. Por ello, ante la vaguedad del acto que reclama el solicitante del amparo, es necesario que lo precise con toda claridad, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. b) La segunda irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se observa de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando las violaciones procesales en el juicio ejecutivo mercantil M103/2012 del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta urbe, y que precisó algunos antecedes del acto reclamado; también los es, que fue omisa en especificar si es parte en el citado controvertido y el estado procesal que guarda, esto es, en qué etapa se encuentra. Ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirlo para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con siete copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise con toda claridad cuál es el acto que tilda de inconstitucional; es decir, si reclama la totalidad de las actuaciones judiciales emitidas en el Juicio Ejecutivo Mercantil No. M103/2012 del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad; o bien, la falta de notificación del proveído de treinta de mayo de dos mil catorce emitido en dicho sumario. Manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen antecedentes del acto reclamado; en específico, que indique si es parte en el citado controvertido y el estado procesal que guarda, esto es, en qué etapa se encuentra. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, al contar con cédulas profesionales números ********************, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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