Miguel Reyes Marquez
Expediente 762/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Miguel Reyes Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso a), del artículo 18, de dicho acuerdo, habida cuenta que se concedió y negó, la suspensión provisional y se concedió la definitiva, la medida cautelar solicitada; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. *** Por último, toda vez que en la caja de valores de este juzgado obra el billete de depósito número *** por la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, que fue exhibido por la parte quejosa en el presente cuaderno incidental, para que surtiera efectos la suspensión provisional que se le concedió en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte; sin embargo en proveído de dieciocho de junio de ese mismo año, se ordenó su devolución al no existir motivo alguno para que el citado certificado de depósito permanezca en la caja de seguridad, al haberse dictado la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, prevéngase a la parte quejosa que de no comparecer dentro del término de dos años, se declarará prescrito a favor del Erario Federal, tal y como lo establece el precepto legal 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación en relación con el numeral 37 del Reglamento de dicha ley. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y por cuanto de la misma aparece que el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el RECURSO de INCONFORMIDAD en contra de la determinación de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de Amparo, relacionado con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, como lo dispone su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. *** Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Por tanto, es evidente que con ello debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos, sin que se advirtiera exceso o defecto en el cumplimiento del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no fue recurrida, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, el amparo y protección de la justicia federal se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del ámbito de sus funciones, realice lo siguiente: 1. Se deje insubsistente la medida cautelar de presión preventiva justificada impuesta al quejoso Miguel Reyes Márquez, en la audiencia de uno de septiembre de dos mil veinte, celebrada en la carpeta judicial ***. 2. Con base en los planteamientos que ya fueron expresados por las partes en la mencionada audiencia de uno de septiembre de dos mil veinte, se resuelva con plenitud de jurisdicción respecto a la imposición de medidas cautelares, lo que podrá hacer en cualquiera de las formas siguientes: Optar por alguna de las diversas medidas menos gravosas establecidas en las fracciones I a XIII, del artícu8lo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; o, En caso de insistir en la imposición de la prisión preventiva justificada, de deberá reiterar el criterio establecido respecto a que quedó garantizado el arraigo del imputado porque fue ubicado el domicilio de su progenitora y, se deberán expresar los motivos por lo que se considere que alguna, varias o todas las diversas medidas cautelares establecidas en la fracción I a XIII, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya aplicación debe privilegiarse, resultan insuficientes para garantizar el riesgo para la comunidad establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en relación al oficio y anexo que le acompaña signado por el Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que obran en autos y se reservó proveer en diez de marzo del presente año, hasta en tanto causara ejecutoria el presente expediente, mismo que en párrafos que anteceden acontece; por lo anterior y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo que le acompaña de la responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho término este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Finalmente, devuélvase las copias certificadas de la carpeta judicial ***, en un tomo, a la autoridad responsable Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que enviara en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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