Miguel Renato Bolaños Usla
Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/08/2018
Partes del expediente
- Miguel Renato Bolaños Usla
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso; respecto de la solicitud para que le sean devueltos los documentos que anexó a su demanda de amparo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de trece de julio de dos mil dieciocho en el que se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
De la certificación que antecede se deduce que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de julio de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido. ... se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió documentos en original en este juicio, por lo que con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado acuerdo, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir del momento en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el documento que como prueba haya exhibido, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, o persona autorizada para tal efecto, apercibida que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte promovente, por el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, visto el escrito aclaratorio y la demanda de amparo se determina lo siguiente: Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, es conveniente precisar que en el escrito de demanda y aclaratorio se señalaron como y actos destacados los siguientes: DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN: a.1) La resolución de veintitrés de junio de dos mil diecisiete emitida en el procedimiento DGR/C/03/2017/R/12/018 en la que se fijó al quejoso una sanción equivalente a la cantidad de $2´815,800.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 M.N). B) DEL JEFE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA ADMINISTRADORA LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DEL CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: b.1) la emisión del mandamiento de ejecución de once de mayo de dos mil dieciocho y la orden de aseguramiento precautorio de todas las cuentas de inversión, cheques, caja de seguridad, fideicomisos del quejoso, respecto de las cuentas bancarias de las que es titular. C) DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES: c.1) la ejecución de la orden de aseguramiento precautorio de todas las cuentas del quejoso, especialmente de las cuentas bancarias 0100205486 aperturada en BBVA BANCOMER, S.A. y la diversa 60-51829590-4 aperturada en banco SANTANDER, S.A. ...De los preceptos mencionados se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva después del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución, oficio o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de éste, salvo en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Así, de un estudio integral de la demanda, de las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y de las pruebas que exhibe y que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción VII, 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa tiene conocimiento de la determinación de veintitrés de junio de dos mil diecisiete emitida en el procedimiento DGR/C/03/2017/R/12/018 por la Auditoría Superior de la Federación, en la que se fijó al quejoso una sanción equivalente a la cantidad de $2´815,800.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 M.N), desde el día veintisiete de junio de dos mil diecisiete, ya que la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación notificó al quejoso el Pliego Definitivo de Responsabilidades para el efecto de que en un plazo de quince días naturales contados a partir de su notificación cubriera el monto de dicho pliego, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría efectivo su cobro mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución. Máxime, ...Quedando de esta manera manifiesta su conformidad con el acto reclamado y, por ende, es evidente que el ejercicio de la acción constitucional se intentó fuera del plazo legal establecido; es decir, en forma extemporánea, en relación con tal acto. En mérito de lo expuesto, es evidente que el promovente consintió el acto reclamado, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que dicho acto encuadre dentro de las excepciones previstas en el artículo citado. ...En relación a los párrafos que anteceden, se destaca que no existe explicación alguna para justificar lo contrario, después de tomarse en cuenta que la parte agraviada tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, fecha en que la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación notificó al quejoso la determinación de veintitrés de junio de dos mil diecisiete emitida en el procedimiento ...y han transcurrido aproximadamente doce meses para que presentara su demanda de amparo. Pues desde el momento en que tuvo conocimiento del acto reclamado se encontró en aptitud de ejercer la acción legal correspondiente, lo que no ocurrió en el caso. ... En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA respecto del acto y autoridad precisados en los incisos A y a.1) por la razones expuestas en los párrafos que anteceden. Asimismo, en relación con los actos reclamados precisados en los incisos b.1 y c.1, atribuidos a las autoridades señaladas en los incisos B y C, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad: ... De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: ... En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa siendo el caso el Servicio de Administración Tributaria. ...Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once ya que tiene los mismos alcances, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. ... Igualmente es aplacable, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, número III.2o.A.56 A (10a.), consultable en la página 1837, Tomo III, Agosto de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2007318, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL NO EXIGIR LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA DE ESTA ÚLTIMA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. En el mismo sentido, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad, pues a la parte agraviada no le asiste el carácter de tercero extraño; no fue impugnada alguna norma general; no se trata de una resolución que carezca de fundamentación, ni que conlleve violación a los derechos humanos, previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Es así, pues el acto reclamado no ha privado de la libertad a la promovente del amparo, no se trata de persona extraña al procedimiento del cual emanó el acto que se reclama, como se desprende de las documentales que acompañó a la demanda de amparo y escrito aclaratorio como prueba de su parte; que no se trata de un acto de imposible reparación, pues en dado caso, su ejecución es susceptible de suspenderse al interponer el juicio de nulidad; no se trata de actos que importen la privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ya que se trata de un acto administrativo emitido por autoridad de igual naturaleza, a través del cual se determina la existencia de una obligación fiscal a cargo del aquí quejoso y se ordena su ejecución, el acto reclamado tampoco entraña en el primer acto de aplicación de algún ordenamiento legal que sea impugnado, ni carece de fundamentación y motivación, pues en la orden reclamada, se han citado diversos preceptos y ordenamientos legales como el Código Fiscal de la Federación, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que permiten al gobernado conocer las actuaciones de la autoridad. En la demanda no se hacen valer violaciones directas a la Constitución, aunque la quejosa aduce que se violan en su perjuicio entre otros, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulo diversos argumentos en el sentido que el acto reclamado violenta lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, por lo que, para analizar su constitucionalidad, sería necesario acudir a la legislación que rige al acto reclamado, de ahí que se estime que no se hacen valer únicamente violaciones directas a la constitución sino cuestiones de legalidad. De ese modo, queda claro que la parte promovente conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir los actos reclamados, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. En relación con la característica de imposible reparación de los actos reclamados para hacer procedente el juicio de amparo, cabe precisar que dicho concepto, como cualidad o característica de un acto de autoridad, que lo hace relevante para ser reclamado desde luego en el juicio de amparo, se asocia a los derechos sustantivos de la parte quejosa, e implica que los actos reclamados afecten de manera directa o inmediata y permanente, alguno de los derechos sustantivos para que el agraviado tenga la posibilidad de acudir a combatirlo en la vía de amparo sin necesidad de agotar el medio ordinario de defensa, ante el riesgo de que dicha afectación o sus efectos no sean destruidos aun cuando a la postre llegare a obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. En ese orden de ideas, en términos del artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA respecto de los actos y autoridades precisados en los incisos B), b.1), C) y c.1) por la razones expuestas en los párrafos que anteceden. En ese orden, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, con fundamento en los artículos 61 fracciones XIV y XX y 113 ambos de la Ley de Amparo. No es inadvertido que las causas de improcedencia en que se fundan los desechamientos podrían ser estudiadas en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, cuyo rubro establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en resolución de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete ordenó la reposición de procedimiento para los efectos siguientes:... En ese contexto de ideas, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y al Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México para que proporcionen el domicilio actual y exacto del órgano de representación del Ejido del Pueblo de Santa Catarina, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, así mismo informen actualmente quien ostenta la representación sustituta de los derechos ejidales; o bien, manifiesten el impedimento que tengan para ello. Se les apercibe que de no dar cumplimiento en el término establecido o no manifestar la imposibilidad legal que les asista, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. En el entendido de que, de ser necesario, una vez desahogado el punto anterior se procederá a proveer respecto a la prueba pericial en materia de topografía, para resolver lo conducente respecto el inmueble en conflicto. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese.
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