Miguel Ramos Monzon
Expediente 217/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Miguel Ramos Monzon
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que sobreseyó juiio, se ordena archivo...
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintiuno. Oficio. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado; en atención a su contenido, téngase por rendido el informe de ley y dese vista a las partes con su contenido; asimismo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable radica en la omisión de fijar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente 1965/2014. Ahora bien, de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1965/2014, del índice de la junta responsable, se regularizó el procedimiento y se señalaron las diez horas del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la ley obrera, en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (SE SOBRESEE POR AUTO)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante los requerimientos formulados en autos. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiéranse para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, circunstancia que deberán corroborar con las constancias pertinentes. Apercibimiento. Apercíbanse que de no dar cumplimiento a lo indicado, se impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO.". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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