Miguel Ramos Chávez
Expediente 2769/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2769/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Miguel Ramos Chávez
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos y certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "****." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 36 a 51), se llevó a cabo el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la impetrante Angelina Carrillo del Real, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, publicación y aplicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente, los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13, en relación con los diversos arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Inconforme con lo anterior, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión contra dicha determinación; el cual, por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el consecutivo 478/2019 de su índice; seguido los tramites de éste, el once de octubre de dos mil diecinueve informó que, por una parte, confirmó la sentencia recurrida y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Angelina Carrillo del Real para los efectos señalados en la determinación recurrida. Por lo cual, en diverso auto de veinticuatro de octubre de este año (fojas 104 y 105) se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días, siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "1. Los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y los diversos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en el artículo 24, fracción XV de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y los diversos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación con el pago que efectuó el impetrante de garantías. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto... (.) Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa...". En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Devolverle las contribuciones erogadas por motivo de la aplicación de los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13 de la ley declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cantidad a devolver deberá estar debidamente actualizada. En atención a lo anterior, mediante diversos comunicados se tuvo al recaudador responsable informando diversas gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de autos, así hasta que por oficio registrado con número de folio 34500 (fojas 115 a 117) la delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve realizó la entrega del cheque número 0001575 (mil quinientos setenta y cinco) por la cantidad de $9,441.70 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogó la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió el acuse de recibo respectivo (foja 116). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $9,316.04 (nueve mil trescientos dieciséis pesos con cuatro centavos 04/100 moneda nacional) por los siguientes conceptos: No. Concepto Cantidad 1 DERECHO DE REFRENDO $6,127.00 2 FOMENTO A LA EDUCACIÓN $1,531.75 3 ASISTENCIA SOCIAL $919.05 4 U.A.N. $735.24 5 COMISIÓN BANCARIA $3.00 TOTAL $9,316.04 Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), pagada por concepto de "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos con cuatro centavos 04/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y la entrega del cheque por el que se reintegró la suma en comento se realizó el veintiséis de noviembre del año en curso; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de noviembre, ambos de este año. No obstante lo anterior, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el de octubre, ambos del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo aún no se publicaba a la fecha en que se llevó a cabo la erogación reclamada; y, el del mes noviembre de dos mil diecinueve, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues dicha devolución se llevó a cabo el veintiséis de noviembre de este año (foja 116) por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice, ni el diverso de octubre del mismo año; entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomarán en cuenta los diversos correspondiente al mes de febrero y octubre de la presente anualidad. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.076; y para el mes de octubre de la anualidad que cursa de 104.007; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.0090. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de $9,396.86 (nueve mil trescientos noventa y seis pesos con ochenta y seis centavos 86/100 moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,441.70 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,396.86 (nueve mil trescientos noventa y seis pesos con ochenta y seis centavos 86/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,441.70 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $44.84 (cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos 84/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle la cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Gerente Comercial y Operación Área Tepic, de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de diecinueve de noviembre del año en curso (fojas 33-34), informa que en su base de datos no se localizó registro alguno a nombre de Blanca Esthela Rodríguez Quezada; en consecuencia, agréguese a sus autos el oficio de cuenta y téngase a la citada dependencia públicas por cumplido con el requerimiento de que fue objeto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el amparo en revisión 473/2019, interpuesto por la parte quejosa Universidad Autónoma de Nayarit. Ahora, de la ejecutoria en cuestión se aprecia que dicho tribunal colegiado declaró sin materia el referido recurso de revisión y, por ende, se sobreseyó en el presente juicio de derechos; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; glósense las actuaciones realizadas en el cuaderno de antecedentes; y, acúsese el recibo de estilo. En ese contexto, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente sumario, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por tanto, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio constitucional, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese.
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