Miguel Ramirez Silva
Expediente 244/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ramirez Silva
- Juez de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio Y Oral de la Tercera Region En Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no fue recurrida la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, devuélvase el disco compacto DVD, que adjunto la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, residente en esta ciudad, a su informe justificado, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante auto de treinta de septiembre de la presente anualidad, emitido dentro de la causa penal 1P0617-181, de su índice, que se señalaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia inicial. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el veintidós de marzo del año en curso, y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, *** demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de veinticinco de marzo del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo, teniendo como autoridad responsable al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad; por actos que hizo consistir en la omisión de señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal ***. Lo cual, consideró violatorio del artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, la autoridad responsable, en su informe justificado, si bien, negó el acto que se le reclama, asimismo, indicó entre otras cosas, que dentro de los autos de la causa penal 1P0617-181, en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público, solicitó la cancelación de la audiencia inicial programada para el día veinticinco de julio del año próximo pasado, escrito acordado el veinticuatro del referido mes y año, y consecuentemente dejándose sin efectos la audiencia inicial señalada para el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, informando además la responsable de mérito, que a la fecha, la referida fiscalía no ha peticionado fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial. Ahora bien, en el escrito de cuenta, la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de con sede en esta ciudad, informa que mediante auto de treinta de septiembre de la presente anualidad, emitido dentro de la causa penal ***, de su índice, se han señalado las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia inicial. De lo anterior, se concluye que, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que en oficio que se acuerda, la autoridad responsable ya señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, tópico que era el acto reclamado, materia de este juicio de garantías. Por lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que la responsable ya señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con diez minutos del diecisiete de octubre del presente año, por los razonamientos anteriores. Por otro lado, del estado de autos se advierte que a la fecha en que se pronuncia el presente proveído, ha fenecido el término de TRES DÍAS HÁBILES, concedido a la tercera interesada ***, para el efecto de que señalara domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato para oír y recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; por ello, se hace efectivo el apercibimiento notificado a la citada tercera y en lo subsecuente, se ordena notificarle por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción II y 29 de la ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto señale un domicilio para dicho fin. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 244/2019-VII.2 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante auto de treinta de septiembre de la presente anualidad, emitido dentro de la causa penal 1P0617-181, de su índice, que se señalaron las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia inicial. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el veintidós de marzo del año en curso, y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, *** demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de veinticinco de marzo del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo, teniendo como autoridad responsable al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad; por actos que hizo consistir en la omisión de señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal ***. Lo cual, consideró violatorio del artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, la autoridad responsable, en su informe justificado, si bien, negó el acto que se le reclama, asimismo, indicó entre otras cosas, que dentro de los autos de la causa penal 1P0617-181, en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público, solicitó la cancelación de la audiencia inicial programada para el día veinticinco de julio del año próximo pasado, escrito acordado el veinticuatro del referido mes y año, y consecuentemente dejándose sin efectos la audiencia inicial señalada para el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, informando además la responsable de mérito, que a la fecha, la referida fiscalía no ha peticionado fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial. Ahora bien, en el escrito de cuenta, la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de con sede en esta ciudad, informa que mediante auto de treinta de septiembre de la presente anualidad, emitido dentro de la causa penal ***, de su índice, se han señalado las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia inicial. De lo anterior, se concluye que, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que en oficio que se acuerda, la autoridad responsable ya señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, tópico que era el acto reclamado, materia de este juicio de garantías. Por lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que la responsable ya señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con diez minutos del diecisiete de octubre del presente año, por los razonamientos anteriores. Por otro lado, del estado de autos se advierte que a la fecha en que se pronuncia el presente proveído, ha fenecido el término de TRES DÍAS HÁBILES, concedido a la tercera interesada ***, para el efecto de que señalara domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato para oír y recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; por ello, se hace efectivo el apercibimiento notificado a la citada tercera y en lo subsecuente, se ordena notificarle por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción II y 29 de la ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto señale un domicilio para dicho fin. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 244/2019-VII.2 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que suscribe el Secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal Colegiado, en el amparo en revisión 120/2019, interpuesto por ***, resuelto en sesión de once de septiembre de la presente anualidad, así como los autos del expediente 244/2019-VII.2 del índice de este órgano jurisdiccional y un DVD. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. La resolución de mérito establece en sus puntos resolutivos lo siguiente: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida pronunciada el doce de abril de dos mil diecinueve, por el juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya, en el juicio de amparo 244/2019. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo. Se ordena agregar el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. En atención a lo ordenado por la superioridad en el testimonio que se acuerda, de conformidad con el artículo 5° fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercera interesada la persona que a continuación se indica: ***, con domicilio en *** esta ciudad. Por lo anterior, se ordena turnar los presentes autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en el citado domicilio y realice el emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con copia del escrito de demanda de amparo, haciendo del conocimiento de la tercera interesada la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, requiriéndole además, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este proveído, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que mientras no lo haga, las subsecuentes aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal; lo anterior, con fundamento en los numerales 27, fracción III, y artículo 29, de la Ley de Amparo. Por otro parte, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se le reconoce el carácter de tercero interesado en el presente asunto para todos los efectos legales conducentes, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramite Común en esta ciudad, en virtud a ello, se ordena su emplazamiento mediante oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Para tal efecto, con transcripción del presente proveído, remítasele copia de la demanda de amparo. En atención a lo anterior, señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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