Miguel Raimes Ramos

Expediente 511/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
511/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Miguel Raimes Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual comunica su acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, donde informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano federal, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. En ese orden de ideas, y dado que el Juzgado precitado, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que le envió este órgano jurisdiccional, al considerar en lo que interesa lo siguiente: "Del análisis a la demanda de amparo y en atención a lo expuesto por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo; comedidamente y con todo respeto que el caso requiere, de la reflexión al punto toral de la declinación de competencia, la suscrita determina no aceptar la competencia planteada, por las siguientes consideraciones. Para demostrar la afirmación que antecede, en principio debe señalarse que la competencia: ".es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un determinado asunto, con exclusión de losdemás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción". En efecto, la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. Así, el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero esta no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino aquellos para los que la ley le faculta, es decir, para los cuales es competente. Sirven de sustento a lo anterior los criterios emitidos por laSegunda y la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación, de los epígrafes y texto siguientes: "COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA. La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada." "COMPETENCIA JURISDICCIONAL. Es principio elemental en derecho procesal, que la jurisdicción la da la ley y no las partes, de suerte que, colocada en la categoria de presupuesto de procedimiento, adquiere la entidad de una institución de derecho público, y por ello tanto los códigos de procedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales, como las leyes procesales de los Estados y aun la misma Ley Federal del Trabajo, consignan la prevención de que en cualquier estado del procedimiento, pueda declararse la incompetencia, para el efecto de que el litigio o el conflicto, se decidan por las autoridades a quienes correspondan." En ese contexto, la persona juzgadora, antes de resolver un asunto deberá analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de rehusarse a conocer del caso cuando considere que corresponde a otro juzgador hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia, es declarar nulo lo actuado. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, motivo por el cual el órgano jurisdiccional, antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto; de no hacerlo así, se vulnerarían las reglas fundamentales que norman al juicio constitucional. En lo conducente es aplicable con la tesis emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido a continuación se transcribe: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria." En materia de amparo, dicho presupuesta está regulado en el artículo 37 de la ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." -Lo subrayado es propio - De acuerdo con el precepto transcrito, las reglas para fijar esta competencia son las siguientes: 1) Cuando el acto reclamado deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el juez que tenga jurisdicción en donde suceda. 2) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez del lugar en que se presente la demanda. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa -Miguel Jamies Ramos-, reclama: El proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 416/2008, en el que la autoridad responsable ordenadora hizo efectivo el apercibimiento en cumplimiento al acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que fue decretado en auto de ejecución donde consideró imponer multa; así como su ejecución. Por su parte, el juez declinante considera que este órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda, bajo el argumento de que el acto reclamado tiene efecto positive, el cual debe tener ejecución en esta ciudad, toda vez que aquí tiene su residencia oficial el quejoso, criterio que, con todo respecto la suscrita no comparte, a razón de los siguientes argumentos. Los actos de ejecución son uno de los supuestos que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; pero no el único En el caso, cobra destaca relevancia la segunda regla competencial, que establece que, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente al juez ante el que se presente la demanda; y ese es el supuesto que se considera se surte en el caso concreto; se explica. Si bien la parte quejosa tiene su domicilio en esta ciudad; lo cierto es, que la orden de ejecutar la multa, contrario a lo expuesto por el declinante, se ejecutó primeramente en su jurisdicción o territorio, esto es, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, sede de las responsable ordenadoras burocráticas, con el oficio que ordenó girar a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con sede en Chilpancingo, quien también es responsable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicie de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011, llegó a la conclusión de que, conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la imposición de una multa, así como el inició de su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Por tanto, conforme al planteamiento de la competencia declinada, se considera que el conocimiento del asunto no corresponde a este juzgado Federal, por lo que no se acepta la competencia planteada, pues la ejecución del acto que se reclama, inició en la jurisdicción del juzgado declinante, y al ser éste ante quien se presentó la demanda de amparo, será el competente a prevención. Máxime que, de las constancias obrantes en autos, no hay indicio, ni prueba o alguna que acredite el supuesto que sostiene el declinante fácticamente. Además, no debe pasar desapercibido que la ejecución del acto reclamado no solo atiende a su contenido, sino al sentido de que establezca una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo lo respectivo; sino también comprende los alcances materiales y jurídicos que tuviera o llegara a producir en el mando fáctico. Orienta y apoya las anteriores consideraciones la tesis 1.10.A.44 A, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, agosto 2001, página 1299, registro digital 189167. "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la jurisprudencia 2a./J. 2/95, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo I. abril 1995, página COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella." Así, conforme a la hipótesis del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Ampro, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, por lo que este órgano jurisdiccional reitera que la competencia para conocer de este asunto corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por ser quien previno en el conocimiento de la demanda que dio origen al juicio constitucional. Por lo expuesto, este juzgado federal no acepta la competencia planteada y se ordena la devolución de la demanda de amparo en cuestión al Juzgado oficiante, a efecto de que provea lo conducente; solicitándole ordene a quien sus funciones atañan, el acuse respectivo." Ahora bien, analizados que han sido lo argumentos vertidos por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, este órgano de control constitucional difiere del criterio adoptado e insiste y reitera que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa Miguel Jaimes Ramos, por propio derecho y en su carácter de representante y Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, impugna una multa que le fue aplicada por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, acto que tendrá ejecución material en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde al Juzgado de Distrito, con residencia en Acapulco, en el caso del Juzgado Sexto de Distrito en Comento. Por ello, se difiere de lo considerado por el Juzgado Sexto de Distrito mencionado, al decir que la competencia se surte a favor de este juzgado federal debido a que, el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito, y que se ha comenzado a ejecutar en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ya que de ninguna forma se advierte tal circunstancia como a continuación se explica. Es cierto que el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo refiere que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Ahora bien, el quejoso, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, impugna la multa que le fue aplicada por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y sin lugar a dudas la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en aquél municipio, máxime que el quejoso como persona física no cuenta con un domicilio para oír y recibir notificaciones (ya que no se advierte lo contrario), por lo que, la ejecución del mandato se tendrá lugar en Acapulco de Juárez, Guerrero. Entonces se considera que no le asiste la razón jurídica al Juzgado Sexto mencionado, en su acuerdo de seis de Junio del año en curso, mediante el cual no aceptó la competencia declinada por este juzgado al señalar que el acto reclamado, es decir, la multa, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a través de la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guerrero, y los actos derivados del cobro se seguirán materializando en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, lugar donde se ubica el domicilio del impetrante, por lo que la competencia recae en el juez que previno. Con lo reseñado en párrafos que preceden se reitera la incompetencia que tiene este juzgado federal para conocer del presente juicio de amparo, pues como ya se señaló la ejecución del acto tendrá lugar en el municipio en el cual el aquí quejoso tiene el cargo de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que es notorio, lógico y evidente que su domicilio particular y oficial, sea en esa ciudad. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.8/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 5, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." También tiene aplicación por las razones que la sustentan, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2ª./J.68/2015 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legítima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Al igual, aplica por las razones que ahí se expresan, la Jurisprudencia PC.II.J/9(10ª.) emitida por el Pleno del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Página 1083, Materia Común, Laboral, de rubro y texto que sigue: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU ENTERO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DONDE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESTEN SUS SERVICIOS. Conforme al artículo36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, si el acto reclamado en un juicio de amparo requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. De ahí que si en el juicio de amparo indirecto se reclaman la retención de las cuotas de los servidores públicos y su entero al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos de los artículos 32, fracciones I y II, 33, 34, fracciones I, II y IV, 84, párrafo segundo, 88, 91, 93, párrafo primero y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de diciembre de 2012, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio donde los servidores públicos presten sus servicios, y no el del domicilio de la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, que es la autoridad que aplica los descuentos, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, dado que la retención y el entero a que se ha hecho mención se efectúan desde la fuente de trabajo de éste, pues el pago de cuotas a que alude la mencionada ley está intrínsecamente ligado al domicilio del centro de trabajo del quejoso, por ser el lugar donde materialmente se ejecuta dicha retención, mismas que se cubren al instituto de referencia." En mérito de lo anterior, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el proveído de seis de junio de la presente anualidad; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 511/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe, dado que fue formado con motivo de la incompetencia planteada en proveído de quince de mayo de este año; por tanto, únicamente se ordena anexar el presente proveído, y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, para los efectos legales procedentes.

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