Miguel R. Esparza Martínez

Expediente 1258/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1258/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Miguel R. Esparza Martínez
  • Agente del Ministerio Público Federal adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el escrito recibido vía electrónica de Fernando David Sandoval Calderón, autorizado legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, expídasele una copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa constancia que de su entrega quede agregada en autos. Sólo se expide un solo juego, en razón de que no justificó el uso que pretende darle al juego adicional que solicita. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 308, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." En el contexto de la pandemia derivada del virus por COVID- 19, no es materialmente posible extraer del juzgado el expediente de amparo, para la obtención de fotocopias del mismo, pues ello expondría en mayor medida la salud del personal del juzgado y de la propia parte procesal, amén de que el personal del juzgado durante el horario asignado para la prestación del servicio presencial en el propio órgano jurisdiccional, no puede salir del órgano una vez que ha ingresado y hasta en tanto culmine dicho horario, conforme a lo determinado por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En consecuencia, como el promovente solicita copias certificadas de las indicadas constancias, para su obtención se le autoriza el uso de medios electrónicos como cámaras de fotografías, grabadoras o lectores ópticos durante la consulta de las constancias que integran el expediente en que se actúa, sin perjuicio de las medidas necesarias para que sea utilizada con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar determinación o actuación alguna; debiéndose dejar constancia en autos. En el entendido de que la fe pública del servidor público no queda comprometida en cuanto a la posterior reproducción y edición que hagan los interesados. Asimismo, una vez que la parte interesada cuente con los archivos de las constancias respectivas y, previa descarga que realice, exhiba ante este juzgado los documentos impresos para, en su caso, realizar el cotejo y certificación correspondiente. En el entendido de que la parte interesada, para la consulta del expediente físico, deberá generar la cita correspondiente, de conformidad con los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes, 1258/2019-IV.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 2, fracciones I y II, del citado Acuerdo General 21/2020, ante el levantamiento de la suspensión, se reanudan los plazos y términos procesales en el punto que quedaron pausados, mas no su reinicio. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos o prevenciones que se hayan formulado y de las vistas otorgadas a las partes, deberá tenerse en cuenta la fecha de notificación del requerimiento respectivo, el periodo de suspensión de labores en el que no corrieron plazos ni términos procesales, así como la reanudación de éstos (tres de agosto de dos mil veinte). En consecuencia, visto el estado de autos, advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia de no ampara ni protege, dictada en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), fracción I, del artículo 18, en razón de que el diez de marzo de dos mil veinte, se negó la protección constitucional. - Consérvese por el término de tres años, contados a partir de este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es destruible, en términos de la fracción III, del artículo 21, del referido ordenamiento legal, cuenta habida que provisional y definitivamente, se negó la medida precautoria. Por tanto, cumplido el plazo de conservación, deberá ser destruido, una vez cumplido tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se formó cuaderno auxiliar para acordar el escrito del quejoso Miguel R. Esparza Martínez, ya que en el expediente principal se encontraba pendiente el dictado de la sentencia definitiva; en consecuencia, se ordena glosar el cuadernillo respectivo al presente sumario, para que obre como legalmente corresponda. En diverso aspecto, en atención al sobre devuelto por el Administrador del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, mismo que contiene el oficio 5577/2020 dirigido al Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional adscrita a la Dirección de Procesos de la Unidad de Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, con la leyenda "cambio de domicilio", en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el oficio correspondiente, a fin de que se imponga de la sentencia dictada diez de marzo de dos mil veinte. Finalmente, remítase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional adscrito a la Dirección de Control de Procesos de la Unidad de Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, los cuadernos de prueba (cuatro tomos) que exhibió en apoyo a su informe justificado y complemento, por ser innecesaria su retención. Por lo que hace a las copias exhibidas por la parte quejosa, que obran en tomo por separado, tanto en el expediente principal como las relativas al incidente de suspensión, se ponen a su disposición para que acuda a recibirlas; en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos en el plazo de seis meses, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario invocado en párrafos anteriores. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades y por lista a las demás partes, 1258/2019-IV.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional del juicio de amparo en que se actúa y que en el mismo se encuentra pendiente de engrosarse la sentencia correspondiente. En consecuencia; fórmese cuaderno auxiliar y agréguese a los autos el escrito del quejoso Miguel E. Esparza Martínez, sin mayor trámite. Lo anterior, es así porque una vez celebrada la audiencia constitucional, no es posible que se emitan pronunciamientos respecto de promociones presentadas después de la misma, toda vez que ello implicaría vulnerar la característica de concentración que rigen al acto procesal (audiencia constitucional); a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia, siendo que del contenido del escrito de cuenta, no se advierte que encuadre en dicho supuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV. 2°. C.48 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1678, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia".(IV)

  4. Principal

    Audiencia constitucional. (IV)

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