Miguel Prado Ahuactzin

Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
140/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Miguel Prado Ahuactzin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y en otra se negó el amparo y protección constitucional solicitado, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo; por haberse negado por una parte, la protección constitucional en el juicio, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo 20, fracción II de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias. Finalmente, del estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, remitió copias certificadas del recurso de revocación 038/2020, así como del Procedimiento para el Financiamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 066/2019 de su índice; por tanto, devuélvase a la autoridad de referencia las constancias de mérito, las cuales obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Carmen Esther Perez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en término de lo expuesto en los considerandos tercero y sexto, apartado I, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Prado Ahuactzin, por propio derecho, conforme lo expuesto en el considerando sexto, apartado III, de esta sentencia.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en término de lo expuesto en los considerandos tercero y sexto, apartado I, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Prado Ahuactzin, por propio derecho, conforme lo expuesto en el considerando sexto, apartado III, de esta sentencia.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, rindiendo su respectivo informe justificado; asimismo, se le tuvo remitiendo copia certificada del expediente 038/2020 del recurso de revocación, así como del expediente 066/2019 del procedimiento para el financiamiento de responsabilidad indemnizatoria. Se ordena emplazamiento. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que reviste el carácter de tercero interesado al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a) y artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene con tal carácter, por lo que se ordena emplazarlo mediante oficio, con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído, haciéndole saber el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. A lo anterior, resulta aplicable por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 25/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, visible en la página 827, cuyo texto y rubro indican: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, establecen a favor de los particulares el derecho subjetivo de presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, el cual no puede agotarse con la recepción de aquéllas, sino que se debe conceder a los interesados la posibilidad de exigir de la autoridad la emisión de un pronunciamiento que recaiga al escrito o comparecencia relativo, es decir, la circunstancia de que debe recaer un pronunciamiento de la autoridad competente, que lo haga del conocimiento del particular, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación correlativa al derecho de presentar la queja o denuncia, lo que significa que el interesado tiene interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de emitir un pronunciamiento, ya que el citado derecho subjetivo trae aparejado el correlativo a que ésta emita un proveído apegado a las formalidades del procedimiento que deben observarse para ese tipo de asuntos y lo haga del conocimiento de quien las formuló; sin que ello implique que la autoridad deba resolver en determinado sentido." Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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