Miguel Portado Estrada
Expediente 1509/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, Tlaxcala.
- Miguel Portado Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción III del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el acuse de recibo correspondiente al oficio 5737/2020, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambas por conducto de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual se le notificó la resolución de quince de octubre de esta anualidad, dictada en el presente asunto. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diez de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que a la fecha en que se actúa, la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano en Tlaxcala, no ha remitido el acuse de recibo correspondiente al oficio 5737/2020, dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambas por conducto de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que fue depositada ante aquélla mediante factura de veintitrés de octubre de esta anualidad, recibido el veintiséis siguiente, tal como se desprende del sello respectivo, correspondiéndole el número de pieza postal MA002092061MX. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la citada administración, para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal el acuse de recibo relativo al oficio citado, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, debiendo enviársele copia simple de la factura de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado por el Decreto divulgado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la federación, de acuerdo con el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, quince de octubre de dos mil veinte. V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve este órgano colegiado resolvió conceder la protección constitucional a Miguel Portado Estrada, contra el acto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con residencia en Tlaxcala, consistente en la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente agrario número 568/2010. Los efectos de la ejecutoria de amparo, fue en los términos siguientes: "1. Que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en el que: a) Reitere la declaratoria de nulidad del convenio de ocupación previa de tres de febrero dos mil seis. b) Prescinda de considerar la excepción de prescripción y, en consecuencia, resuelva lo que corresponda en relación con las prestaciones respecto de las cuales consideró que operó dicha figura jurídica. c) Determine que la pericial ofrecida en el juicio (sic) topografía y valuación ofrecida y desahogada en el juicio es diversa a la que deberá desahogarse en el procedimiento expropiatorio y, con base en ello, resuelva lo que corresponda respecto a las prestaciones consistentes en el pago de daños y perjuicios ocasionados con posterioridad a la presentación de la demanda. d) Declare la nulidad de los documentos accesorios al convenio de ocupación parcial, con las salvedades establecidas en el punto VI del considerando octavo de esta sentencia -páginas 125 a 130-. e) Reitere la improcedencia del pago de los magueyes pulqueros y nopales tuneros, que a decir del accionante existían en su parcela, y fueron dañados, presuntamente, por la ocupación previa. f) Reitere la condena a la Secretaría demandada al pago, a favor del actor, de la indemnización por concepto de expropiación, previo avalúo que al efecto realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. g) Con libertad de jurisdicción, funde y motive su determinación en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que realice el pago de la indemnización. Ahora bien, el tribunal responsable con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió las constancias siguientes. I.- Proveído de uno de agosto de dos mil nueve, por el cual dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 144 y 145 ídem). II.- Sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (fojas 150 a la 189 ídem). En proveído de ocho de enero de dos mil veinte se determinó que no quedó debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, en razón de que el tribunal agrario responsable no observó el lineamiento 2, inciso c), por lo que se le requirió que realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve. 2. Emita otra en la que, reitere la observancia al lineamiento 2, incisos a), b), d), e), f), y g) de la ejecutoria de amparo, es decir: a).- La declaratoria de nulidad del convenio de ocupación previa de tres de febrero de dos mil seis. b) Prescinda de considerar la excepción de prescripción y, en consecuencia, resuelva lo que corresponda en relación con las prestaciones respecto de las cuales consideró que operó dicha figura jurídica. d) Declare la nulidad de los documentos accesorios al convenio de ocupación parcial, con las salvedades establecidas en el punto VI del considerando octavo de esta sentencia -páginas 125 a 130-. e) La improcedencia del pago de los magueyes pulqueros y nopales tuneros, que a decir del accionante existían en su parcela, y fueron dañados, presuntamente, por la ocupación previa. f) La condena a la Secretaría demandada al pago, a favor del actor, de la indemnización por concepto de expropiación, previo avalúo que al efecto realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. g) La determinación en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que realice el pago de la indemnización. 3.- Valore la prueba pericial en materia de topografía y de valuación desahogada en el juicio agrario, y determine si conforme a los artículos 1910 y 1915 del Código Civil Federal, se demuestra o no a cuánto asciende el monto de los daños y perjuicios por la ocupación previa (fojas 230 a la 240 ídem). Con motivo del auto que antecede, el Tribunal Unitario Agrario remitió las constancias siguientes: I.- Copia certificada del proveído de trece de enero de dos mil veinte, por el cual dejó insubsistente la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (foja 252 ídem). II.- Sentencia de treinta de enero de dos mil veinte (fojas 257 a la 308 ídem). La parte quejosa realizó diversas manifestaciones dirigidas a evidenciar defecto y exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 317 a la 332 ídem). Las terceras interesadas Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también formularon argumentos con relación a las actuaciones de la responsable, al manifestar que la responsable acató la ejecutoria de amparo, mediante oficio de cinco de marzo del año en curso (fojas 352 y 353 ídem). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, el lineamiento número 1 quedó cumplido porque el tribunal responsable en proveído de trece de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Del mismo modo quedó cumplido el lineamiento 2, incisos a), b), d), e), f), y g), porque el treinta de enero de dos mil veinte dictó una nueva sentencia en la que reiteró lo siguiente: La declaratoria de nulidad del convenio de ocupación previa de tres de febrero de dos mil seis, tal como se advierte de la consideración siguiente: ".siendo todo ello bastante para declarar la nulidad absoluta del convenio de ocupación parcelado de fecha tres de febrero de dos mil seis (fojas 68 a 71 y 91 a 94) celebrados entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el aquí actor Miguel Portado Estrada." (fojas 274 vuelta y 275 ídem). Prescindió de considerar la excepción de prescripción y resolvió lo correspondiente a las prestaciones respecto de las cuales consideró que operó dicha figura jurídica. Es así, porque en la sentencia no obra análisis alguno en relación con la excepción de prescripción, y por ende, se pronunció de las prestaciones que en resumen son el pago de daños y perjuicios por la ocupación previa y percepciones agrícolas, como se advertirá más adelante. Declaró la nulidad de los documentos accesorios al convenio de ocupación parcial, con las salvedades establecidas en el punto VI del considerando octavo de la ejecutoria de amparo. En efecto, en la sentencia se declaró la nulidad de los documentos accesorios al convenio de ocupación previa como son el Avalúo de afectaciones, Avalúo de afectaciones de bienes distintos a la tierra y área adicional por proyecto, Acuse de recibo B.D.T., y Acuse de pago de B.D.T. Además precisó la salvedad indicada en la ejecutoria de amparo, consistente en que a pesar de la nulidad de los documentos accesorios, ello no implica la inexistencia de los pagos realizados a favor del actor. Declaró la improcedencia del pago de los magueyes pulqueros y nopales tuneros, que a decir del accionante existían en su parcela, y fueron dañados, presuntamente, por la ocupación previa. Lo anterior queda demostrado de las consideraciones siguientes: "Ahora bien, por lo que hace al pago de bienes distintos a la tierra, la diferencia que solicita en relación a los establecidos en los croquis de afectación respecto a los magueyes pulqueros, nopales tuneros y cebada, que dijo se localizaban dentro de la parcela número 54 Z-1 P-2/2, es de destacar que el actor Miguel Portado Estrada, en ningún momento dentro del sumario acreditó de manera fehaciente la preexistencia de dichos bienes distintos a la tierra. aunado a lo anterior el actor Miguel Portado Estrada no comprueba con documental alguna, memoria fotográfica, ni con ningún otro elemento de prueba que pudieran dar certeza a ésta juzgadora, que dichos bienes existían con antelación a la construcción de la carretera. en consecuencia dicha prestación resulta improcedente, absolviéndose a la demandada del pago de la misma". (fojas 293 y 294 ídem) Condenó a la Secretaría demandada al pago, a favor del actor, de la indemnización por concepto de expropiación, previo avalúo que al efecto realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, tal y como se advierte de la consideración siguiente: "(.) es de condenarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice el pago a la parte actora Miguel Portado Estrada, del: 1. Monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte correspondiente a la parcela número 54 Z-1 P-2/2. monto que deberá ser previamente determinado mediante avalúo a cargo del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales." (foja 299 vuelta y 300 ídem). La determinación fundada y motivada en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que realice el pago de la indemnización. Es así, porque en la sentencia se le otorgó un plazo que no excediera de sesenta días, fundado en el artículo 191 de la Ley Agraria, los numerales 70 y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente, así como los diversos preceptos 59 y 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria y las razones para ello fueron las siguientes: a).- Que la carretera está construida en su totalidad y en funcionamiento; y b).- por la afectación material que ha sufrido la superficie de la parcela donde se encuentra construida la carretera (fojas 301 y 302 ídem). En cuanto al lineamiento 3, también se encuentra cumplido, ya que valoró la pericial de topografía y valuación ofrecida y desahogada en el juicio, y conforme a esa valoración estableció que el monto de los daños y perjuicios por ocupación previa ascienden a la cantidad de $503,880.00 (quinientos tres mil ochocientos ochenta pesos), tal y como se advierte de los razonamientos siguientes: "(.) Luego entonces, con fundamento en el artículo 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que el valor de la prueba pericial queda a la prudente apreciación del juzgador, se concede valor probatorio al dictamen emitido por el perito en rebeldía de la parte actora, pues elaboró su tomando en cuenta el valor que se recomienda por la zona de influencia donde se ubica el bien, así como la producción esperada, el valor del producto, valor de la producción, y otros ingresos como forraje y procampo (.). Resultando en consecuencia que ante el menoscabo sufrido por el actor con motivo de la ilegal ocupación previa de su parcela, se estima que dichas percepciones agrícolas las cuales quedan inmersas en el pago de daños y perjuicios, es que se condena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pagar a favor de Miguel Portado Estrada por los daños y perjuicios que le ocasionara, teniéndose en consecuencia que dichos daños los estableció así (.). Por tanto, es que nos da un gran total de $503,880.00" (fojas 290 y 291 del toca). Por lo expuesto, resultan infundadas las manifestaciones del quejoso Miguel Portado Estrada respecto a los lineamientos 2, incisos b), c) y f), al señalar lo siguiente: La autoridad responsable de manera tácita declaró la prescripción de las prestaciones marcadas con los números 3, 8 y 9 de su demanda (relacionadas con el pago de daños y perjuicios) dentro del periodo comprendido del diez de diciembre de dos mil cuatro al veintisiete de octubre de dos mil diez, ya que solo condenó a la demandada al pago de los daños y perjuicios generados a partir del veintiocho de octubre de dos mil diez, fecha en que se presentó la demanda agraria. La responsable efectuó una errónea valoración de la prueba pericial en valuación, porque de un adecuado análisis de dicha probanza, debió arrojar una cantidad mayor por concepto de daños y perjuicio, es decir, de $1'007,760.00 (un millón siete mil setecientos sesenta pesos). En la ejecutoria de amparo no se ordenó que el referido avaluó tendría que ser conforme la valor comercial que tenía la tierra en el momento de su afectación. Es así, porque en la nueva sentencia no se hizo pronunciamiento alguno de la figura de prescripción, aunado a que el análisis de los daños y perjuicios reclamados por la ocupación previa -reclamados en las prestaciones 3, 8 y 9 en su demanda agraria-, fue delimitada a partir de la fecha en que el actor firmó el convenio, el cual fue declarado nulo. Dicho en otro término, lo único que realizó la responsable fue delimitar la litis concerniente a los daños y perjuicios reclamados a partir de la ocupación previa con motivo del convenio declarado nulo, tal y como se demuestra del razonamiento siguiente: "Ahora bien, es de destacar que al presentar su demanda Miguel Portado Estrada el veintiocho de octubre de dos mil diez, y al no haber salido su parcela del régimen ejidal, se tiene que a partir del tres de febrero de dos mil seis fecha en que firmara el convenio con la demandada, es que resulta procedente determinar las consecuencia de dicha ocupación ilegal, y por ende, ilícita por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, únicamente por cuanto hace a los daños y perjuicios y percepciones agrícolas debiéndose acudir supletoriamente al artículo 1910 del Código Civil Federal cuyo texto ya fue transcrito con antelación. Una vez aclarados los términos en que se computarán los daños y perjuicios a efecto de indemnización, se tiene que tal precepto aplicado al caso de la ocupación previa de una parcela, en forma contraria a la normatividad agraria, lleva a colegir que quien realiza dicha ocupación tiene el deber de reparar el daño que produzca por la ilegal ocupación, el cual se traduce en el pago de daños y perjuicios, según lo dispone el diverso 1915, y demás dispositivos del Código Civil Federal, aplicables en lo conducente a la legislación agraria (fojas 281 vuelta y 282 ídem). Luego, no le asiste razón al quejoso, porque el tribunal agrario no declaró la prescripción de alguna prestación relacionada con los daños y perjuicios con motivo de la ocupación previa. Por otro lado, en cuanto a la valoración de la prueba pericial en materia de valuación, es un aspecto que corresponde al fondo del estudio realizado por el tribunal agrario, que no es propio de analizar en esta instancia, máxime que ninguno de los lineamientos de la ejecutoria de amparo se estableció qué valor probatorio debía otorgarse a la prueba pericial, sino solo se ordenó que se procediera a su valoración, situación que acato la responsable. Finalmente en la ejecutoria de amparo no fue materia de análisis sobre qué valor comercial de la tierra debía sujetarse el avaluó respectivo, para efectos de la indemnización. Por tanto, la autoridad responsable se encontraba en libertad de jurisdicción para pronunciarse sobre esa circunstancia. Por lo anterior se declara que ha quedado totalmente cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado Comisariado Ejidal de San Antonio Calpulalpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala y por oficio a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambas por conducto de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Así proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy fe.
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