Miguel Plascencia Badillo
Expediente 392/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Plascencia Badillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Por otra parte, visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional, así como la definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son DESTRUIBLES, con fundamento en la fracción II inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en las caratula de dichos expedientes, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL TERCERO INTERESADO QUE DICE: Número de expediente: 161/2020 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ***, por el cual renuncian a su cargo como autorizados del tercero interesado; por lo tanto, como lo solicitan, téngase a los promoventes por renunciando al cargo conferido y, por ende, revocando el domicilio procesal señalado en autos. En atención a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que notifique personalmente al tercero interesado ***, en el domicilio ubicado en avenida Hidalgo, número veinticinco, colonia 20 de Noviembre, código postal 79100, en Ébano, San Luis Potosí, el presente proveído. Para lo cual, se concede al actuario de la adscripción la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio del tercero interesado en mención, en caso de que el proporcionado no sea el correcto. De igual manera, deberá requerir a dicho tercero interesado, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario señalar hora y fecha para la ratificación del escrito que se provee, como lo solicitan los promovente, en razón de que se acordó lo conducente. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tancanhuitz, rindiendo su informe justificado al cual anexó diversas documentales. De dichas pruebas documentales se advierte que: -En determinación judicial de siete de diciembre de dos mil veinte, el Juez responsable decretó la regularización del procedimiento, dejando sin efecto, todo lo actuado desde el proveído emitido el veintinueve de octubre del año pasado -auto reclamado por el demandante de amparo-, en el cual de nueva cuenta el escrito presentado por el demandante de amparo ante la autoridad responsable el veintiocho de octubre de dos mil veinte, fue acordado. -En proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, al haber quedado firme el auto de siete del mes y año en comento, se decretó la apertura del juicio a prueba, tanto en el juicio principal como en el reconvencional por el término de cinco días comunes, para que las partes ofrecieran las pruebas que estimaran necesarias. Bajo ese contexto, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando el quejoso exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto del informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la parte gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En ese orden de ideas, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte del Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tancanhuitz, de acordar su petición de abrir el periodo probatorio en el juicio de interdicto de posesión 690/2020 de origen y los acuerdos de veintinueve de octubre y doce de noviembre del presente año, en los que, en el primero no se admitieron las pruebas que el peticionario de amparo ofreció en ese sumario civil y en el segundo admitió únicamente los medios de convicción que la contraparte procesal ofreció y no los del promovente de amparo. Al respecto, de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable, mediante su informe justificado, consistentes en las determinaciones judiciales de siete y veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se advierte que en el primero de ellos, el Juez natural decretó la regularización del procedimiento, dejando sin efecto, todo lo actuado desde el proveído dictado el veintinueve de octubre del año pasado -auto reclamado por el demandante de amparo-; por lo que los diversos los acuerdos de veintinueve de octubre y doce de noviembre del presente año, de los cuales también se dolió la parte quejosa, dejaron de causarle agravio. En el proveído mencionado en segundo término, se desprende que al haber quedado firme el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se decretó la apertura del juicio a prueba, tanto en el juicio principal como en el reconvencional por el término de cinco días comunes, para que las partes ofrecieran las probanzas que estimaran necesarias. Documentales, a las cuales se concede valor probatorio indiciario y pleno respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión por parte del Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tancanhuitz, de acordar su petición de abrir el periodo probatorio en el juicio de interdicto de posesión 690/2020 y los acuerdos de veintinueve de octubre y doce de noviembre del presente año, en los que, en el primero no se admitieron las pruebas que el peticionario de amparo ofreció en ese sumario civil; y en el segundo admitió únicamente los medios de convicción que la contraparte procesal ofreció y no los del promovente de amparo, pues al haberse regularizado el procedimiento, quedaron sin efecto. Lo anterior, en tanto que el siete de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de origen se decretó la regularización del procedimiento, dejando sin efecto, todo lo actuado desde el proveído reclamado por quejoso -auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte- y, que en el acuerdo emitido el veintitrés de diciembre del año pasado, se desprende que quedó firme el auto de siete del mismo mes y año, decretándose la apertura del juicio a prueba, tanto en el juicio principal como en el reconvencional por el término de cinco días comunes. Por lo tanto, al abrirse el juicio a prueba a las partes -incluido el quejoso- se les otorgó un plazo de cinco días para que propusieran las pruebas que estimaran adecuadas para acreditar sus pretensiones; lo cual tenía como finalidad el escrito que presentó ante la autoridad responsable el veintiocho de octubre de dos mil veinte. En ese orden de ideas, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las catorce horas con cuarenta minutos minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y agréguese únicamente para que obre como constancia el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tancanhuitz, mediante el cual da cumplimiento al proveído de doce de enero del año en curso, y al efecto informa que ya remitió su informe justificado, el cual ya obra agregado en autos. Finalmente, atendiendo a que este o´rgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en te´rminos de los arti´culo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudacio´n de plazos y al regreso escalonado en los o´rganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolucio´n se autoriza con la Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudira´ presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptogra´fica de las firmas electro´nicas. Cúmplase. Lo resolvió y firma Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, por ausencia temporal del Titular derivado del segundo periodo vacacional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la autorización aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/3083/2020, de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial de dicho Consejo, asistida de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.
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