Miguel Pintor Martinez

Expediente 708/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 31 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
708/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Miguel Pintor Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, y no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando las copias certificadas relativas a la Averiguación Previa **** que obran por separado en un tomo de pruebas, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los que se desprende que al tercero interesado ****** le ha transcurrido el termino de tres días, para efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista. Finalmente, agréguese a los autos la razón de cuenta suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar al tercero interesado antes citado, el acuerdo de dos de abril del año en curso; en consecuencia, y en virtud de lo anterior, hágasele dicha notificación, por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa ***, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintiséis de febrero del año en curso; es decir, no recogió los edictos para su publicación y lograr el emplazamiento del tercero interesado *** razón por la que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado. En ese orden de ideas, no obstante que en el presente juicio de amparo, se llevó a cabo la investigación correspondiente con la finalidad de conocer el domicilio cierto del referido tercero interesado, a efecto de emplazarla legalmente al presente juicio como se acordó en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, no fue posible conocer su domicilio cierto, no es óbice a lo anterior que las autoridades requeridas proporcionaron diversos domicilios en donde se pudiera realizar el emplazamiento; sin embargo no existe la certeza de cuál es el domicilio correcto del tercero interesado, máxime que como se desprende de autos el despacho 8/2019 orden 46/2019), se devolvió sin diligenciar, al tratarse de un homónimo; por lo que en auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Haciéndole del conocimiento que, en caso de no comparecer a recoger dichos edictos; así como no exhibir los pagos correspondientes dentro del término concedido para ello, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto. Atento a lo anterior, como se hizo constar en líneas que anteceden, ha transcurrido el término concedido a efecto de que la parte quejosa recogiera los edictos para su publicación, sin que el peticionario de amparo haya dado cumplimiento a lo que le fue requerido. Aspectos que hacen patente, que el quejoso ***, dada la postura que ha tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carece de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el dispositivo 63, fracción II, en relación con lo establecido en el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107, Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14, de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero o terceros interesado, pudiendo tener tal carácter. Por otra parte, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los numerales transcritos, prevén como causa de sobreseimiento en el juicio de amparo, el no acreditar dentro del término de veinte días, a la fecha en la cual los edictos fueron puestos a disposición, la entrega para su publicación. Ahora, si bien las citadas normas sólo señalan el término para acreditar la entrega de los edictos para su publicación veinte días), así como la consecuencia jurídica que esto ocasiona y no establecen expresamente un plazo para recogerlos ni el efecto que esto traería, en caso de no hacerlo así; debe aplicarse de manera análoga en este último supuesto la misma consecuencia, partiendo para ello del plazo genérico que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho. La regla en mención, se obtiene precisamente a partir de la interpretación sistemática y funcional de los numerales antes transcritos, ya que en estos se prevé la situación legal en que se debe resolver el juicio ante la falta de emplazamiento por edictos, cuya carga procesal le corresponde a la parte quejosa; y en el de la ley procesal el termino en que aquello debe ocurrir. Así, la notificación al tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la parte quejosa, no solo acredite la entrega de los edictos para su publicación, sino que previo a ello, los haya recogido; por tanto, el incumplimiento de tal obligación provoca que se impida al tercero interesado que se vio beneficiado en su esfera jurídica con motivo de la emisión del acto reclamado, acuda al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente lo rigen, en virtud de que las determinaciones que se adopten en la litis de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de esa parte procesal, atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos para su publicación e impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del impetrante de garantías, para lograr la notificación del tercero interesado se contraviene lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), último párrafo y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Circunstancia que no es atribuible a este órgano jurisdiccional sino al promovente de la demanda de amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, ya que no obstante haberse agotado la investigación a que alude el numeral 27 en términos de la fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y ordenado que fue el emplazamiento del tercero interesado ***, por medio de edictos a costa del quejoso, este no se apersonó para recoger los edictos y posteriormente publicarlos en los periódicos de mayor circulación nacional, por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento, lo que hace que este Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de garantías al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corrobora lo anteriormente dicho, por identidad de razón, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." No pasa inadvertido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado con la diversa 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416. No obstante la anterior modificación de criterio no es suficiente para evitar el presente sobreseimiento, dado que de su contenido se advierte que sólo fue modificada la jurisprudencia en comento en cuanto a la exigencia de analizar las particularidades del caso, respecto de si el quejoso compareció manifestando no tener capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento del ahora tercero interesado y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, lo que no aconteció en el presente caso a estudio, sin que haya logrado concluir tal proceso por causas imputables al propio disconforme. Situación que actualmente se encuentra contemplada en el artículo 27, fracción III, inciso c), que al efecto dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (. III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (. Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso (. Aunado a que en el caso en concreto, debe tomarse en consideración que las causales de sobreseimiento de la ley de amparo anterior, con las que se emitieron las jurisprudencias anteriormente transcritas, no contemplaban la hipótesis de no recoger los edictos o exhibir el pago de estos para el emplazamiento de la parte tercera interesada, lo cual actualmente si se encuentra EXPRESAMENTE establecido en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo actual. Máxime si se considera que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente. Por ende, al actualizarse la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo antes citado, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente asunto. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano