MIGUEL PINEDO MARQUEZ y Otros.

Expediente 1110/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1110/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • MIGUEL PINEDO MARQUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Martha Irene Reyes Gutiérrez, quien se ostenta como apoderada legal de Miguel Pinedo Márquez y María Estela Johns de Pinedo y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1110/2019-IV. Desechamiento de la demanda. Al analizar en forma acuciosa el escrito sobre el que se provee, se extraen las siguientes premisas fundamentales: La promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, al solicitar informes en el Registro Público de la Propiedad, tuvo conocimiento que el agente del Ministerio Público de la Federación aseguró provisionalmente el bien inmueble identificado como lote número 19, manzana 199, colonia Libertad parte alta, en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Anteriores manifestaciones que al haberse realizado bajo protesta de decir verdad tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por tratarse de una confesión expresa realizada por los peticionarios del amparo en su escrito de demanda. Ello encuentra sustento en la tesis aislada con número de registro 214035, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo anterior, resulta innecesario esperar a que la autoridad responsable rinda su informe justificado, para que se ponga en conocimiento de esta juzgadora, la fecha en que ordenó el aseguramiento provisional del inmueble propiedad de los quejosos, el cual se encuentra ubicado en lote número 19, manzana 199, colonia Libertad parte alta, en esta ciudad. Sentado lo anterior, es necesario tener presente que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad al juez de distrito que conozca de una demanda de amparo, para desecharla de plano si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Y es que basta con tener en cuenta que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente y bajo protesta de decir verdad por el promovente, mismos que además, lleven a configurar algún supuesto de improcedencia determinado jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para concluir en la improcedencia del juicio ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en este marco normativo, quien aquí resuelve determina que en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto por la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, de los que resalta como regla genérica el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia, pues en este evento, el plazo será de treinta días e incluso en cualquier tiempo. En apoyo a lo descrito se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." [Énfasis Añadido] Bajo esas premisas, resta examinar el momento en que los quejosos conocieron el acto reclamado. Ante todo, los quejosos solicitan la protección federal en contra del aseguramiento provisional del inmueble ubicado en lote número 19, manzana 199, colonia Libertad parte alta, en esta ciudad, derivado de la averiguación previa PGR/UEIDCS/003/2005. En ese contexto, se advierte que a partir de la fecha en que los quejosos tuvieron conocimiento de la orden de aseguramiento que pretenden reclamar, han transcurrido más de quince días para ejercitar la acción constitucional. En efecto, los promoventes en su capítulo de acto reclamado expresaron bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a Usted lo siguiente: Tuve conocimiento del hecho violatorio que la suscrita se duele del día 23 de abril del año dos mil diecinueve, al solicitar informes en el Registro Público de la Propiedad, por la necesidad de enajenar el bien inmueble en comento. En el caso su Señoría como antes lo señale el Agente del Ministerio Público de la Federación, Aseguro "Provisionalmente" y retiene el bien inmueble hasta el día de hoy el bien inmueble descrito con antelación, el cual es el motivo del presente impulso." Según se aprecia, el dato que se extrae de lo anterior, es que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve los quejosos tuvieron conocimiento de la orden de aseguramiento provisional del bien inmueble antes citado. Ahora bien, como se verá enseguida, en el caso se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), descrito en párrafos previos, por lo que el juicio de amparo resulta extemporáneo, ya que no se promovió dentro del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, como se dejó establecido, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento de la orden de aseguramiento el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, manifestación que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue hecha bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. Por las razones que la informan, se cita la tesis jurisprudencial P./J. 27/96, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Lo resaltado es propio). Por tanto, si los promoventes se ostentan sabedores de esa actuación desde el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el plazo para promover el juicio de amparo comenzó a computarse el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve y feneció el dieciséis de mayo del año en curso, sin contar los días veintisiete y veintiocho de abril, cuatro, cinco, once y doce de mayo de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos, así como el uno del citado mes, por haber sido inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si la demanda que se atiende se presentó ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, tal como se corrobora del sello de recibido que obra en la demanda de amparo; es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, al ser su presentación notoriamente extemporánea. Se cita la Tesis de Jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. En consecuencia, al no haber promovido en forma oportuna la demanda de amparo, los actos reclamados deben considerarse como consentidos tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Igualmente es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En las condiciones relatadas, al no haberse interpuesto el juicio de amparo en contra de los actos que ahora se reclaman dentro del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, además de que en la especie no se surten los supuestos de excepción a que alude el numeral citado, se llega al convencimiento de que en el particular, como quedó apuntado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia; por consiguiente se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la citada ley, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento legal. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizado. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona y que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a quien no cuenta con dicho registro, como se obtiene de las constancias que se glosan. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.

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