Miguel Pineda Bernal
Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel Pineda Bernal
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de siete de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del presente juicio de amparo 673/2020-VII, por el que se desechó la demanda de ampro promovida por Miguel Pineda Bernal, por su propio derecho HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -------------, por su propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 673/2020-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así pues, en el caso la parte quejosa precisa como acto aquí reclamado: El acuerdo de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, emitido en el juicio administrativo 518/2011, por el que se realizó la cuantificación de la cantidad que se debe pagar al quejoso por concepto de indemnización, quien refiere dicho cálculo se realizó sin contar con la totalidad de constancias necesarias. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En efecto, de los preceptos legales de referencia tenemos que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto para la procedencia del amparo en la vía indirecta, es necesario que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución, con la finalidad de que no se entorpezca la ejecución de una sentencia que ha causado ejecutoria, evitando así, el abuso del juicio de amparo, y en la cual, se podrán reclamar todas las violaciones procesales que en su caso se hubieren cometido durante la fase de ejecución. Ahora bien, a fin de evidenciar lo anterior se estima pertinente señalar los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa en su demanda de amparo. 1.- En fecha siete de febrero del año dos mil doce, la sala responsable, determinó declarar la invalidez de la resolución negativa ficta que se impugnó ante ella, y como consecuencia se ordenó al Cuerpo de Guardias de Seguridad, Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a que otorgara al demandante el pago de la liquidación por años de servicio, así como a la devolución del fondo de ahorro que se realizó al Patronato para Administración del Fondo de Emergencias, Bienestar Social y Cultura de dicha corporación. 2. El día dieciocho de mayo del año dos mil doce, la Segunda Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, determinó confirmar la sentencia de primer grado, causando ejecutoria el día veintitrés de mayo del año dos mil doce. 3.- El día quince de noviembre del dos mil doce, el Magistrado de la Tercera Sala responsable, realizó una cuantificación en donde se determinó que al actor, aquí quejoso, por el concepto de finiquito y devolución del fondo de ahorro se le realizaría el pago por la cantidad de $225,147.80 (doscientos veinticinco mil ciento cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.), cantidad que fue cubierta por la autoridad administrativa. 4.- El día veintiuno de enero del año dos mil trece, se determinó por la responsable tener por cumplida la sentencia correspondiente, al haberse cubierto el pago por la autoridad administrativa. 5.- El veinte de marzo del dos mil trece, el demandante, aquí quejoso, promovió recurso de revisión en contra del acuerdo que tuvo cumplida la sentencia, ello al no existir evidencia alguna, por la que la responsable siquiera hubiera requerido el expediente personal del actor para que advirtiera la cantidad en la que se debía basar para hacer las cuantificaciones correspondientes al pago del finiquito por años de servicio, así como a la devolución del fondo de ahorro que se realizó al Patronato para Administración del Fondo de Emergencias, Bienestar Social y Cultura de dicha corporación. 6.- Por resolución del treinta de mayo del año dos mil trece, la Segunda de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, determinó en el recurso de revisión número 201/2013, revocar el acuerdo que puso fin al procedimiento de cumplimiento de sentencia, ello al considerar que no se debía tener por cumplida la sentencia original de fecha siete de febrero del dos mil doce, ello al considerar que en ningún momento se desglosó de manera pormenorizada porque razón la Tercera Sala regional (responsable), había llegado a la conclusión de que la cantidad $225,147.80 (doscientos veinticinco mil ciento cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.) era la que se debía entregar al impetrante. 7.- Seguido el trámite de ese procedimiento el veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, al dictar la respectiva determinación en el recurso de revisión número 15/2016, y cumpliendo lo instruido por el Tribunal Federal, dejó insubsistente la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, y además se instruyó a que la Tercera Sala Regional, dentro de los autos del juicio administrativo de origen, debía solicitar a la autoridad administrativa a que exhibiera diversa documentación en relación al aquí quejoso. 8.- Finalmente, precisa que después de varios requerimientos hechos a la autoridad administrativa, y sin que a su decir se exhibieran todas las constancias correspondientes solicitadas, en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, la responsable emitió el acuerdo que ahora constituye el acto reclamado. Así, en el presente caso se estima que el acto que el quejoso pretende controvertir en esta garantía constitucional, no se refiere a la última resolución del procedimiento administrativo de origen, en la que se haya tenido por cumplida la sentencia, o se declare la imposibilidad jurídica o material que se tenga para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del asunto; pues el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, la responsable únicamente hace una cuantificación de la cantidad que se debe cubrir a la parte demandante por concepto de indemnización, aduciendo el peticionario de amparo que dicho cálculo se realizó sin contar la autoridad con la totalidad de constancias para ello. Es aplicable por identidad de razón, lo sustentado por la jurisprudencia P./J. 32/2001 con número de registro 190035, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA."1 Máxime que el amparo sólo procede si los actos reclamados son 1 9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Pág. 31. ajenos a la cosa juzgada en el procedimiento natural, lo que no ocurre en el particular, dado que el acto de ejecución reclamado, acorde a los antecedentes previamente relatados, está relacionado directa e inmediatamente con la cosa juzgada, al ser materia de la condena impuesta en la sentencia definitiva, razón de más para resultar improcedente el juicio de amparo respecto del acto reclamado aquí analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de dos mil dieciocho, tomo III, página dos mil ciento sesenta y tres, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO." Por tanto, este juzgador concluye que en virtud de que el acto que reclamó el quejoso, es una determinación dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, resulta improcedente el presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 ambos de la Ley de Amparo, por tanto, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Miguel Pineda Bernal, por propio derecho, contra los actos de Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ---En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle --------------------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.--- Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del fedatario judicial que, para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica en su demanda de amparo, de las cuales únicamente el profesionista Ricardo Lazo Gallegos, podrá gozar de las amplias facultades que le confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que la diversa persona señalada, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, hasta en tanto su patente profesional se encuentre dada de alta en el aludido sistema. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 222 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: 2 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales3, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos 3 ". CUARTO. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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