Miguel Perez Gomez
Expediente 2278/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Perez Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que concede a la parte quejosa el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en este asunto, sin que aquélla haya hecho uso de esa prerrogativa. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales...
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cincuenta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2278/2019, promovido por Miguel Pérez Gómez, contra actos del Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, sin la asistencia de las partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1. Escrito inicial de demanda. 2. Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Informe justificado correspondiente al Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad. Asimismo, certifica: que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, sin que haya desahogado la prevención contenida en esa pieza; que el Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, residente en esta localidad, no rindió su informe justificado que se le solicitó mediante oficio 14389, aun cuando a foja 16 de autos obra constancia de su recepción. Y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento de su intención. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar; por lo que toca a la primera de las certificaciones que anteceden, se hace efectivo el apercibimiento decretado en esa pieza, y se tiene por inexistente a la autoridad señalada como responsable con la denominación: Director Operativo de la Cuadrilla de Empleados del Departamento de Cortes de COAPATAP, presuntamente residente en esta ciudad, para los efectos legales procedentes; y respecto de la segunda de esas certificaciones, tómese en consideración al dictar sentencia. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que se hace constar que obra en autos copia simple de la documental que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo, la cual se desahoga sin más trámite, en atención a su propia y especial naturaleza. Por lo que al no existir pruebas pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el cual se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, se dicta la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 2278/2019. RESULTANDO Primero. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Miguel Pérez Gómez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. Segundo. Trámite. Por auto de veinticuatro de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Inexistencia de autoridad responsable. En el acta que encabeza esta resolución, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable con la denominación: Director Operativo de la Cuadrilla de Empleados del Departamento de Cortes de COAPATAP, presuntamente residente en esta ciudad; por lo que al haber quedado fuera del objeto de esta sentencia resulta innecesario pronunciarse respecto al acto que se les imputa. Apoya este razonamiento, el criterio identificado con el siguiente registro: Novena Época, Registro: 167784, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 111/2008, Página: 52, cuya literalidad es la siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que encabeza esta resolución, y, CONSIDERANDO Primero.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103 fracción I y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal; 33 fracción IV y 37 párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados en esta vía tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este tribunal ejerce válidamente sus funciones. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, y del Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, ambos con residencia en esta ciudad, lo siguiente: 1.- El cobro excesivo DE ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos. 2.- Así como el pago de recolección de basura, y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable, de manera indebida. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de la totalidad de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Cuarto. Presunción de la existencia del acto reclamado. El Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, residente en esta localidad, no rindió su informe justificado que se le solicitó mediante oficio 14389, aun cuando a foja 16 de autos obra constancia de su recepción. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Quinto.- Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Sexto. Estudio de fondo. Este juzgador considera que debe negarse la protección Constitucional solicitada. Para ilustrar este aserto, primeramente, es necesario transcribir el contenido del artículo 117, primer y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, que literalmente reza: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. De ello, se colige que, en los casos en los que la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, debe presumirse cierto el acto reclamado siempre que no exista en el sumario prueba alguna que desvirtúe tal presunción, mas, quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Es importante destacar que la presunción a que se hace referencia, se limita a la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, de conformidad con el criterio 2a./J. 7/94, de la Octava Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 17, con número de registro 206350, cuyo rubro reza: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. Y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 248, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulado: INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En esa tesitura, debe decirse que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, no es suficiente para determinar que el acto reclamado sea inconstitucional, pues ese incumplimiento solamente presume cierto el acto que se reclama, pero deja a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando este no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Luego, si la carga de la prueba de los hechos que determinan la legalidad del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa, y ésta se abstuvo de ofrecer prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe negársele el amparo solicitado. Apoya este argumento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página 301, del Tomo XIII, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro establece: ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Miguel Pérez Gómez, contra los actos reclamados al Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Pérez Gómez, contra actos del Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, residente en esta localidad, precisados en el considerando segundo de este resolución, en términos del considerando sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias simples de las constancias que indica, previa toma de razón que por su comparecencia y recibo se deje en autos para constancia legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha notificado personalmente a la parte quejosa, la prevención decretada en el auto de cuatro de noviembre del año en curso. Por lo tanto, a fin de no dejarle en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia incidental que está señalada para hoy, y se agendan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo ese acto procesal. Instrúyase al diligenciario de la adscripción, que de inmediato proceda a la notificación del acuerdo arriba apuntado, para los efectos legales procedentes. Sin que sea necesario notificar a través de oficio el presente acuerdo, a las autoridades responsables cuyo informe o constancia de recepción obran agregados en autos, ya que esa particularidad permite a este juzgado colegir que se encuentran debidamente emplazadas a juicio, y por ende, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con los datos de identificación siguientes: Décima Época, Registro: 2002576, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Página: 1253, de texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas encargado del despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido por el licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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