Miguel Pérez Gavilán León
Expediente 1453/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Miguel Pérez Gavilán León
- Juez Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Centro de Justicia para la Mujer de esta ciudad
Actuaciones
- Incidental
VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1453/2023 promovido por ********************. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Centro de Justicia para la Mujer de esta ciudad y otras autoridades, mismos que hizo consistir en: "ACTOS RECLAMADOS 1.- De todas y cada una de las autoridades ordenadoras, los CC. Jueces Especializados en Materia Familiar y de Control y de Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en Durango; Los CC. Jueces de Control y Oralidad de este Primer Distrito Judicial en Durango, reclamo las ordenes de aprehensión, de detención o arresto que con fecha muy reciente han sido dictadas en contra del suscrito quejoso ********************, al parecer, por la supuesta comisión de hechos supuestamente constitutivos de delito en los que desde luego no tengo ninguna responsabilidad, en función de que no he cometido delito alguno. De las autoridades ejecutoras reclamo el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, detención o de arresto dictadas en mi contra por los CC. Jueces Especializados en Materia Familiar y de Control y de Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en Durango; Los CC. Jueces de Control y Oralidad de este Primer Distrito Judicial en Durango. SEGUNDO. Por auto pronunciado el veinte de octubre de dos mil veintitrés, el Juez Tercero de Distrito en el Estado admitió la demanda, ordenó integrar por cuerda separada el cuaderno incidental, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, se pronunció sobre la suspensión provisional y se declaró impedido para seguir conociendo del presente asunto por lo que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, resolvió fundado dicho impedimento, tocando conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, del presente asunto, quien fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental ; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, procede realizar la precisión de los actos reclamados, mismos que se hacen consistir en: La orden de aprehensión, de detención o arresto. TERCERO. No son ciertos los actos que se atribuyen a la Juez Segunda Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en esta ciudad; a la Fiscal General del Estado de Durango; al Juez Administrador del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango; y, al Director Municipal de Seguridad Pública, pues así se advierte de los informes que obran agregados en autos. Por su parte, el quejoso no aportó prueba para desvirtuar tales negativas. Consecuentemente, no existe materia sobre la cual pudiese recaer la medida cautelar solicitada, por lo que con fundamento en los artículos 140 y 144, de la nueva Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/19, localizable en la página 133, tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" CUARTO. Son ciertos los actos que se atribuyen a la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial; a la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Familia de la Fiscalía General del Estado; al Director de la Policía Investigadora de Delitos; y, al Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales, pues manifiestan que existe una orden de aprehensión girada en contra del quejoso emitida por el Juez Tercero Especializado del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, con jurisdicción en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, dentro de la causa penal ********************, así lo manifestaron en sus informes previos que obran agregados en autos. QUINTO.- En relación a la orden de aprehensión, toda vez que el delito que manifiesta la responsable, se giró por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión definitiva, para que se no se prive de la libertad al peticionario, quedando a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que se notifique sobre la ejecutoria que se dicte en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Para que la suspensión concedida surta efectos, se le impone la obligación de presentarse ante el Juez natural dentro de los tres días siguientes y cuantas veces les sea exigido, tal y como lo dispone el artículo 162, párrafo primero de ley aplicable; en el entendido que de no dar cumplimiento a dicha obligación, la medida otorgada podrá ser revocada. Sin que sea necesario fijar garantía para que surta efectos la medida cautelar concedida, toda vez que ya fue exhibida para que surtiera efectos la suspensión provisional. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si se le sorprende en la comisión de flagrante delito, o se le detiene por motivo de un caso urgente como lo establece el artículo 16 Constitucional. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 128, 140 y 144 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero.- Se niega a ******************** la suspensión definitiva que solicitó en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo.- Se concede a ******************** la suspensión definitiva que solicitó en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así acordó y firma electrónicamente la licenciada Alma Adriana Villanueva Madrid, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, residente en la ciudad del mismo nombre, ante la licenciada Flora Mijares Vázquez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe de las actuaciones. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1447/2023 de su índice, el cuaderno incidental derivado, así como el billete de depósito número N ***, expedido por Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $ ***, que fue exhibido para garantizar la suspensión provisional en el incidente de suspensión de referencia, acúsese recibo y guárdese en la caja de valores de este Tribunal el citado documento. Notifíquese.
- Incidental
Se agrega escrito. Agréguese únicamente a los autos, para que obre como corresponda, el escrito que firma el ingeniero ***, perito en materia topográfica designado por este juzgado, mediante el cual presenta desglosado el monto de sus honorarios por el dictamen emitido en autos, anexando factura, para el efecto de que se continúe con el trámite para la realización del pago de honorarios, en virtud que mediante proveídos de nueve de noviembre del año en curso se acordó lo correspondiente, girando el oficio correspondiente a la Administración Regional del Vigésimo Quinto Circuito. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual, entre otras cosas, solicita se aplique a la responsable una multa y se remita el presente expediente y anexos al tribunal colegiado en turno para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. Para efecto de proveer lo conducente, se hace necesario indicar que el procedimiento relativo al cumplimiento de sentencia se encuentra reglamentado en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Amparo, que comprende los artículos 192 a 198. Del contenido de dichas disposiciones, así como de la interpretación que sobre el procedimiento de ejecución hizo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1566/2013, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: - El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. - En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y su posterior consignación. - El plazo de tres días puede ser ampliado en el propio auto de requerimiento, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimento de la ejecutoria. - En el propio auto referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última, cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. - Es de especial relevancia que el juez de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de las posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan, incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. - Cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa debe identificarse a la autoridad contumaz. - Una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, sin que ello ocurra, la persona juzgadora de amparo deberá multar a las autoridades responsables. - Sin embargo, la imposición de la multa no se justifica en cualquier caso, sino únicamente frente (a) a la omisión total de cumplimiento, (b) si se trata de actos que implican un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de mérito, o (c) si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal. - De modo que el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo -actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, que deberá analizarse en función de los efectos de la sentencia y, especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables-; o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento -cuando se llevan a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo-. - De manera que, si una autoridad propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero este no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento del fallo, especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento, así como las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esa condición; sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente para continuar el trámite respectivo, pues, se insiste, esto último solo ocurre cuando existe omisión total o se actualiza alguna de las condiciones apuntadas. - Después de la imposición de la multa el Juzgado de Distrito debe esperar un plazo razonable para que las autoridades obligadas cumplan con la sentencia de amparo, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. - Una vez que la persona juzgadora haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a fin de que dicho órgano jurisdiccional verifique si efectivamente existe dicho incumplimiento. - Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del juzgador y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. - Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juzgado de Distrito para que reponga el procedimiento de ejecución. - Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del superior jerárquico, lo que se notificará a dichas autoridades. De dicha ejecutoria derivaron una serie de jurisprudencias que regulan y detallan el procedimiento y trámite de cumplimiento y ejecución de sentencias, entre las que destacan las identificadas con los números P./J. 54/2014 (10a.), P./J. 56/2014 (10a.), P./J. 58/2014 (10a.) y P./J. 59/2014 (10a.), de rubros respectivos siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO", "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO", "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" y "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así, para efectos del caso concreto importa destacar que, una vez que la sentencia causa ejecutoria, debe requerirse, con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatar el fallo y a los actos que les corresponde ejecutar a cada una, el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo de tres días, o en su caso en el término que se considere razonable para cumplirlo (ampliación del plazo), apercibiéndolas que de no hacerlo se les impondrá una multa, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para continuar con el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su cargo y su consignación ante el Juez de Distrito competente. De manera que, si no se advierte una negativa para llevar a cabo el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, no puede considerarse que las autoridades responsables han sido omisas en pretender acreditar el cumplimiento de la sentencia constitucional, y ello impide imponer las multas correspondientes, así como la continuación del trámite de ejecución en los términos ya precisados. En ese entendido, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que la autoridad responsable fue requerida para que dieran cumplimiento en un término de tres días hábiles. Luego, en acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la Secretaría de Finanzas y de Administración, así como al Congreso, ambos del Estado de Durango, para que en un plazo de tres días hábiles para informar lo relativo a la solicitud de la partida presupuestal 34900, realizada por el Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango. En proveído de veintiocho de abril del presente año, se tuvo al Secretario de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Durango, informando gestiones en relación al cumplimiento que le fuera realizado, en relación a la partida presupuestal antes mencionada y se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que informara a este juzgado lo relativo a la modificación al presupuesto de egresos del año dos mil veintitrés. En acuerdos de uno y siete de junio, diecisiete de agosto, trece de septiembre y nueve de octubre del presente año, se tuvo al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, informando las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por ende, tomando en cuenta la fecha no ha existido una omisión total o contumaz para dar cumplimiento a la sentencia, sino que se han estado comunicando las gestiones realizadas para acatarla, hace improcedente en este momento la imposición de multas; lo que implica que no se cumplen con las condiciones para dar trámite al incidente de inejecución de sentencia, mediante la remisión del asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud del quejoso de iniciar el trámite del incidente de inejecución de sentencia. No obstante lo anterior, toda vez que el citado Presidente ha informado diversas gestiones para acatar el fallo constitucional, pero ha sido omiso en manifestar las gestiones relativas para obtener los recursos de la partida presupuestal *****, o bien informar si se encuentran en sus arcas la cantidad aprobada en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, identificada como "Sentencias y Resoluciones Judiciales" por la cantidad de ***** (*****). Generando con esto incertidumbre jurídica relativa a que si como se indicó en líneas anteriores, existió una partida presupuestal por la cantidad de ***** (*****). En ese sentido, se requiere a *****, en su carácter de Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, para efecto de que en un término de diez días, informe las gestiones que está realizando para la obtención de los recursos contenidos en el rubro *****; asimismo, si se encuentran en sus arcas la cantidad aprobada en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado de Durango, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, identificada como "Sentencias y Resoluciones Judiciales" por la cantidad de ***** (******), o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando que resultan necesarias para hacer realizar el pago de los adeudos contraídos por sentencias judiciales, debiendo abstenerse de hacer las mismas manifestaciones referentes a las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Se hace hincapié a la citada autoridad responsable que si bien han informado las gestiones relativas a la partida presupuestal ***** de rubro "sentencias y resoluciones judiciales"; lo cierto es que, también tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Se apercibe a *****, en su carácter de Presidente Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, vigente en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibe que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por analogía la tesis siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN UN CUERPO COLEGIADO REQUERIDO CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE AL JUZGADO DE DISTRITO Y NO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese.
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