Miguel Pérez García
Expediente 293/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Pérez García
- Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de dieciocho de abril del presente año, en el que se desechó la demanda no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la prevención que se le efectuó por auto de diez de abril de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: ".PRIMERO. Precise si lo que pretende reclamar a través del juicio de amparo es únicamente el acta de cabildo de nueve de abril de dos mil uno, o también reclama el oficio DDUYMA/926/2018, dirigido a Juan de Dios Hinojosa Osorio. SEGUNDO. Especifique en qué fecha se entregó a Juan de Dios Hinojosa Osorio, el oficio DDUYMA/926/2018. TERCERO. Amplíe los antecedentes de su demanda en relación al diverso oficio DDUYMA/228/2018, de fecha 29 de Enero del 2018; debiendo especificar qué fue lo que solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano, de esta ciudad, para que recayera la contestación que se le dio a través de dicho oficio, cuándo le fue notificado éste y si se inconformó con el mismo mediante alguna vía legal.". Al respecto, el quejoso manifiesta que el acto que combate por esta vía constitucional es: "EL ACTA DE CABILDO DE FECHA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2001, RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA ZONA CONURBADA XALAPA-BANDERILLA-COATEPEC-EMILIANO ZAPATA-TLALNELHUAYOCAN; APROBADA POR EL H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, Y POR LA COMISIÓN DE CONURBACIÓN EN FECHA 9 DE ABRIL DEL AÑO 2001". En consecuencia, téngase por cumplida la prevención efectuada el diez de abril de dos mil dieciocho, al nombrado quejoso, no obstante que no haya desahogado los puntos segundo y tercero de la referida prevención, pues al reclamar únicamente la mencionada acta de cabildo en su carácter de autoaplicativa, es decir, por su sola entrada en vigor, es inconcuso que los presuntos actos de aplicación que en tales puntos se mencionaron, no serían materia de estudio en el presente asunto; por tanto, se procede a analizar la demanda que dio origen al presente expediente. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que al suscrito confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el promovente de amparo bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El promovente señaló como acto reclamado el acta de cabildo de nueve de abril de dos mil uno, respecto a la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan; aprobada esa misma data, en la que se determinó que la parcela de su propiedad número 29 Z-1 P/1/1, del Ejido de Emiliano Zapata, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, fue decretado como zona especial. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto juzga estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto se debe considerar consentido tácitamente porque contra este no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que cuando se reclame una norma general en su carácter de autoaplicativa, esto es, por su sola entrada en vigor, el término general para la interposición del juicio de amparo es de treinta días, contados a partir de la fecha en que la propia ley entre en vigor. Por otro lado, la Segunda Sala del Tribunal Supremo dispuso en la Jurisprudencia 134, de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN", que las normas autoaplicativas pueden ser combatidas en dos diferentes momentos, que son: Dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor; y Dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo en que le haya sido aplicada tal norma, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Sin que la existencia de dichos términos puedan coexistir, ya que para analizar la procedencia del amparo indirecto la parte quejosa debe precisar el acto que reclama, es decir, debe especificar si impugna la ley a partir de su sola entrada en vigor, o bien, el primer acto de aplicación de ésta, que se materializa a través de la notificación que se le efectúe al peticionario del amparo. En este contexto, tomando en consideración que el quejoso en su escrito aclaratorio señaló que el acto que desea reclamar por esta vía constitucional es el acta de cabildo de nueve de abril de dos mil uno, en la que se aprobó la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, aprobada esa misma data. Por otra parte, en su demanda el quejoso refirió bajo protesta de decir verdad, que la mencionada acta de cabildo fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de marzo de dos mil cuatro. Lo que se refuerza con el contenido del oficio DDUYMA/926/2018, que obra a foja 9, que en copia simple exhibió el quejoso, en el que la Directora de desarrollo Urbano y Medio Ambiente, asentó que el diecinueve de marzo de dos mil cuatro, fue publicada la actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan. Por tanto, el suscrito juzgador estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo toda vez que si en el acta de cabildo que reclama fue aprobada la actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, y ésta última fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de marzo de dos mil cuatro, su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se presentó dentro de los treinta días siguientes a aquél en que entró en vigor la actualización del referido programa. Razón por la que se colige que desde el veintidós de marzo de dos mil cuatro, día hábil siguiente a la publicación del referido programa en la Gaceta Oficial, si su publicación aconteció el diecinueve de marzo de esa anualidad, estuvo en aptitud de impugnar el acta de cabildo en el que se aprobó la actualización de dicho programa urbano; lo anterior, pone de manifiesto que para el impetrante de amparo no es novedoso el acto que impugna, por lo que se aduce que contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo dentro del plazo legalmente establecido sin que lo hubiera hecho, ya que presentó su demanda de amparo hasta el nueve de abril de dos mil dieciocho, esto es, más de catorce años después de la referida publicación. En este orden de ideas, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa haya tenido conocimiento de lo reclamado en la demanda, sí se satisface en el caso, en virtud de que la demanda de amparo viene signada por el directo agraviado, así como el escrito por el que cumple el requerimiento que se le hiciera en autos y manifiesta bajo protesta de decir verdad que la actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, fue aprobado mediante acta de cabildo de nueve de abril de dos mil uno, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, desde el diecinueve de marzo de dos mil cuatro; por tanto, resulta indudable que ha trascurrido en exceso el término de treinta días establecido en la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso promoviera demanda de amparo en contra del referido programa de observancia general. Entonces, es evidente que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues la demanda que lo originó fue promovida de forma extemporánea, en virtud de que el término de treinta días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de amparo ha fenecido, toda vez que la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa - Banderilla - Coatepec - Emiliano Zapata - Tlalnelhuayocan, Veracruz, fue publicado en la Gaceta Oficial número 57, el diecinueve de marzo de dos mil cuatro. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada hasta el nueve de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad; resulta inconcuso, que la presentación de la misma resulta extemporánea, pues el promovente del amparo dejó transcurrir más de catorce años para promover el juicio de amparo en contra del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa - Banderilla - Coatepec - Emiliano Zapata - Tlalnelhuayocan, Veracruz, aprobado mediante acta de cabildo de nueve de abril de dos mil uno. Sirve de apoyo la Tesis Aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que al rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE LA. Lo que dispone la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo es que en los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, el término para la interposición de la demanda será de treinta días, contados a partir de la fecha en que la propia ley entre en vigor. Luego entonces, la hipótesis que contempla es la de que la ley cause agravio desde el momento de su expedición, esto es, que sea autoaplicativa, lo que no ocurre cuando se plantea la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal del Trabajo a través de los actos de aplicación del mismo en el juicio laboral, caso en el cual el término para la interposición de la demanda de amparo es el de quince días que señala el artículo 21 de la citada ley, y si el quejoso dijo que tuvo conocimiento de las violaciones que reclama el tres de marzo de mil novecientos ochenta y tres, al interponer su demanda de amparo el día cuatro de abril de ese mismo año, ya había transcurrido dicho término. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en la fracción I, del artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se concluye que existió consentimiento de su parte en lo que va al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de treinta días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17, fracción I y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda intentada; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de abril de dos mil dieciocho. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 293/2018. Por lo tanto, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, requerirle para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias parar correr traslado a cada una de las partes, así como, para formar los cuadernos incidentales, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise si lo que pretende reclamar a través del juicio de amparo es únicamente el acta de cabildo de nueve de abril de dos mil uno, o también reclama el oficio DDUYMA/926/2018, dirigido a Juan de Dios Hinojosa Osorio. SEGUNDO. Especifique en qué fecha se entregó a Juan de Dios Hinojosa Osorio, el oficio DDUYMA/926/2018. TERCERO. Amplíe los antecedentes de su demanda en relación al diverso oficio DDUYMA/228/2018, de fecha 29 de Enero del 2018; debiendo especificar qué fue lo que solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano, de esta ciudad, para que recayera la contestación que se le dio a través de dicho oficio, cuándo le fue notificado éste y si se inconformó con el mismo mediante alguna vía legal. Hechos que resultan indispensables para el suscrito juzgador, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, por lo que, deberá aclarar tal circunstancia.
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