Miguel Perez Chavez y Otros.

Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
425/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • Miguel Perez Chavez
  • Miguel Perez Chavez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de julio del año en curso, en el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por MIGUEL PÉREZ CHÁVEZ; por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, causando estado con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido; en la inteligencia de que es susceptible de destrucción, conforme al considerando vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental; de acuerdo al Capítulo Quinto, Disposición Vigésima Primera, último párrafo, del referido Acuerdo. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello conforme al Capítulo Primero, Disposición Segunda, fracción XVIII, del Acuerdo en cita.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta Miguel Pérez Chávez, contra actos de la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MEXICALI, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 425/2017. Ahora, del análisis integral que se hace de la demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que se transcriben a continuación: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" La precisada causal de improcedencia se advierte de la lectura de la demanda de amparo, en la que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de acordar sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 193/2017-2B; dado que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el veintidós de junio de dos mil diecisiete se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; y que, no obstante a ello, ha pasado un mes sin que se acuerde sobre las pruebas ofrecidas. Pues bien, de la transcripción de los numerales antes indicados, puede concluirse que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Luego, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, como en el caso, aun cuando se alegue violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el promovido contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.48/2016 (10a), publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, bajo el número de registro 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que en el caso cobre actualización la excepción contemplada en la parte final de la jurisprudencia antes transcrita, para determinar que en su contra sea procedente el amparo indirecto; ello, toda vez que, atendiendo a lo manifestado por el propio quejoso, en cuanto a la fecha en la que se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (veintidós de junio de dos mil diecisiete), esto es, con una dilación aproximada de un mes a la fecha de presentación de la demanda, no es posible advertir un retraso significativo del procedimiento y menos su paralización total. En efecto, si bien el retardo justificado (un mes), es mayor al plazo legal que establece la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, para señalar las audiencias en el juicio laboral, no llega al extremo de constituir una abierta dilación del procedimiento y mucho menos su total paralización, pues, a juicio del suscrito Juez, resulta razonable y congruente con las cargas de trabajo con que cuentan los tribunales del Estado, lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, e incluso, resulta menor a los plazos promedio de tramitación de los juicios de amparo en la entidad, como en el que ahora se actúa; además no se inadvierte que en el actual mes de julio, la responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional, lo que implica que la dilación alegada se actualizaría inclusive por un término menor al citado plazo. Por tanto, si el acto que se reclama en esta vía constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por no causarse un gravamen de imposible reparación, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia en comento. En consecuencia, es evidente que el presente juicio de amparo 425/2017, es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Calaría 446, local 8, planta alta, en Centro Cívico y Comercial de esta ciudad; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los Licenciados Rodrigo Mejorada Menchaca y Ricardo García Chávez; y, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Grecia Stephanya Caro Alcaraz. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.

  3. Principal

    EN VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SEDE MEXICALI, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A MIGUEL PEREZ CHAVEZ, AUTO DE VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A EFECTO DE SER NOTIFICADO DE LO ANTERIORMENTE INDICADO, NO OBSTANTE EL AVISO QUE EL SUSCRITO DEJÉ FIJO EN PUERTA DEL DOMICILIO QUE PROPORCIONÓ PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES A LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, CERCIORADO DE SER EL CORRECTO POR ASI VISUALIZARLO EN EL LETRERO VIAL Y TENER A LA VISTA LA NOMENCLATURA OFICIAL. TOCANDO A LA PUERTA DE ACCESO POR UN ESPACIO DE CINCO MINUTOS SIN QUE NADIE ATENDIERA A MIS LLAMADOS. OFICINA UBICADA EN PLANTA ALTA CON PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO CON VENTA POLARIZADA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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