Miguel Peña Trujillo
Expediente 464/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/05/2019
Partes del expediente
- Miguel Peña Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las parte quejosa se inconformara con el proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y no se tramitó incidente de suspensión. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Agréguese únicamente para efectos de control, los alegatos ministeriales del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, toda vez que en proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO.- POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO QUE DICE: En diez de abril de dos mil diecinueve, Alicia Estrada Torres, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, da cuenta al juez con dos oficios con anexos certificados registrados con los números de orden 7226 y 7227. Doy fe. La secretaria. Zapopan, Jalisco, diez de abril de dos mil diecinueve. I. Se aclaran oficios. Se tienen por recibidos los oficios suscritos por el secretario de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, los cuales, no obstante de que se encuentren dirigidos al juicio de amparo indirecto 46/2019, de su contenido se advierte que en realidad pertenecen al sumario constitucional en que se actúa, por tanto, provéase lo conducente. Tiene aplicación al caso que no ocupa, la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto" II. Autoridad responsable remite documentales. Por tanto, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo dos legajos certificados, los cuales, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley en cita, se admiten y se tienen por desahogados dada su propia y especial naturaleza. III. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido de los legajos certificados que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, los actos reclamados consisten en la omisión por parte de la autoridad responsable en emitir la resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral individual 1081/2013/6-F de su índice, así como el de elevarlo a categoría de definitivo y realizar las notificaciones correspondientes. Ahora bien, de las constancias que acompañaron a los comunicados de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tales actos reclamados, dado que la responsable acreditó haber emitido la resolución correspondiente el doce de marzo del presente año, y que ésta se elevó a carácter de definitivo el veintidós posterior, así como que el veintiséis siguiente se realizaron las notificaciones de tal determinación. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud de que como se estableció, las omisiones de las que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fueron subsanadas con las diligencias practicadas por la autoridad responsable, tal y como lo acreditó. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. IV. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Alicia Estrada Torres, secretaria que autoriza y da fe. EEVP/AET/jc El juez. La secretaria. Alicia Estrada Torres, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el diez de abril de dos mil diecinueve, en autos del juicio de amparo indirecto 464/2019-B. Doy fe. En esta fecha se tomaron los números de oficios 8875, 8876 y 8877, para los efectos legales conducentes.
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